Nueva tormenta política y sindical en Catalunya tras conocerse que dos agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra se infiltraron en una asamblea de docentes celebrada en el Institut Pau Claris, donde profesoras y trabajadores de la educación preparaban movilizaciones y huelgas previstas para los próximos meses.
La denuncia, hecha pública por CGT Catalunya, apunta directamente al Govern del PSC y acusa al ejecutivo catalán de vulnerar derechos fundamentales mediante prácticas de vigilancia política impropias de una democracia. El sindicato considera los hechos “de enorme gravedad” y alerta de que la infiltración policial en espacios asamblearios y sindicales “pisotea la democracia”.
Según CGT, la presencia encubierta de agentes en reuniones organizadas para defender derechos laborales y sociales constituye un ataque frontal a la libertad sindical, al derecho de reunión y al derecho de manifestación. “No se trata de un hecho anecdótico ni de un exceso puntual, sino de una práctica intolerable incompatible con cualquier sociedad democrática”, denuncia la organización.
La asamblea afectada estaba centrada en la coordinación de futuras protestas del sector educativo catalán. Para el sindicato, la operación solo puede interpretarse como un intento de control, intimidación y criminalización de la actividad sindical.
“Hoy afecta a docentes en lucha, pero mañana puede afectar a cualquier sector laboral que decida organizarse para defender sus derechos”, advierte CGT, que alerta del “precedente extremadamente peligroso” que supone normalizar la sospecha policial sobre la acción sindical y los movimientos sociales.
El sindicato exige explicaciones inmediatas sobre quién ordenó la infiltración, bajo qué cobertura política se produjo y si este tipo de operaciones forman parte de protocolos habituales del Departament d’Interior o de los Mossos d’Esquadra.
La denuncia escala también al terreno político. CGT reclama responsabilidades directas al president de la Generalitat, Salvador Illa, a la consellera de Interior Núria Parlon y al máximo responsable policial Josep Lluís Trapero.
En uno de los fragmentos más duros del comunicado, el sindicato acusa al PSC de impulsar una “deriva estalinista” basada en la criminalización policial y mediática de los movimientos sociales antes que en la negociación con los sindicatos mayoritarios de la enseñanza.
Mientras tanto, los servicios jurídicos de CGT ya preparan acciones judiciales para llevar el caso a los tribunales y esclarecer el alcance real de la infiltración policial.
“Frente a la vigilancia, el miedo y la represión, reafirmamos nuestro compromiso con la libre organización de las trabajadoras y la movilización colectiva”, concluye el comunicado sindical.
