La Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena denuncia públicamente que, ante la falta de una respuesta sanitaria real y efectiva por parte del Servicio Murciano de Salud, los vecinos expuestos a contaminantes tóxicos se están viendo empujados a acudir a la sanidad privada para realizarse análisis de metales pesados en sangre y orina.
Esta situación resulta inaceptable en una población que lleva tiempo reclamando vigilancia sanitaria, biomonitorización y acceso efectivo a pruebas diagnósticas especializadas. La petición dirigida a la Consejería de Salud, registrada inicialmente el 21 de marzo de 2025 y reiterada el 6 de marzo de 2026, denunciaba precisamente la falta de resolución expresa y la persistencia de obstáculos para acceder a estas determinaciones.
La propia documentación presentada ante la Administración deja constancia de que existía capacidad técnica para realizar determinaciones como plomo en sangre y cadmio en orina, de que el Hospital Santa Lucía disponía de medios suficientes para ello y de que incluso existía una Unidad de Elementos Traza destinada a la identificación de problemas de salud asociados a metales pesados y metaloides. También constaba que estas solicitudes podían proceder de Atención Primaria, Especializada y Hospitalaria. Sin embargo, los vecinos siguen encontrándose con un circuito confuso, inaccesible o materialmente bloqueado.
En este contexto, vecinos de Los Mateos, expuestos a elevadas concentraciones de metales en el interior de sus viviendas tales como plomo, cadmio, arsénico, mercurio, zinc, manganeso, antimonio, cobre, talio y níquel, relatan que, tras acudir a su centro de salud, reciben la negativa de su médico de Atención Primaria por no poder prescribir estos análisis.
La Plataforma considera intolerable que ciudadanos expuestos a contaminantes peligrosos deban pagarse de su bolsillo pruebas clínicas que, a su juicio, deberían estar garantizadas por el sistema público. A ello se suma que el 8 de marzo de 2026 fue registrada una nueva denuncia ambiental formal por la persistencia y agravación de un riesgo ambiental y sanitario grave en la parcela UA‐1 de Los Mateos.
La entidad subraya que no reclama únicamente análisis de plomo, que tan sólo se realizan bajo solicitud expresa del paciente en la barriada de Torreciega. La Plataforma exige que se garantice el acceso a todos los análisis necesarios para determinar la exposición real a los distintos metales pesados, metaloides y demás elementos químicos tóxicos presentes en el entorno. La reiteración presentada ante la Consejería solicitaba expresamente no solo las determinaciones ya identificadas por la propia Administración, sino también cualquier otro biomarcador, prueba complementaria o técnica diagnóstica que resulte médicamente indicada en cada caso.
Asimismo, considera inadmisible que la Administración sanitaria reconozca la existencia de medios, laboratorios y capacidad técnica, pero no garantice un acceso claro, inmediato y efectivo a la población expuesta. La Plataforma sostiene que la sanidad pública no puede desentenderse de un problema de salud ambiental de esta gravedad ni trasladar a los vecinos la carga económica, organizativa y médica de averiguar por su cuenta a qué contaminantes están expuestos.
Por ello, reclama de manera inmediata que se establezca un circuito sanitario claro, operativo y verificable para la atención de población expuesta a metales pesados y otros contaminantes tóxicos; que se impartan instrucciones escritas a todos los dispositivos asistenciales para que puedan activar sin demora la solicitud o derivación de estas pruebas; que se garantice el acceso real a la valoración clínica, seguimiento y biomonitorización de los vecinos afectados; y que se active un programa específico de vigilancia sanitaria y epidemiológica, con especial atención a menores, embarazadas, personas mayores y demás colectivos vulnerables.
La Plataforma concluye que la salud de los vecinos de Los Mateos no puede depender de su capacidad para pagar una analítica privada y defiende que, cuando la población está expuesta, el deber del sistema público es proteger.
