Antes incluso de entrar en los números, hay un marco político que condiciona el presupuesto. Las decisiones económicas no son neutrales. Responden a una orientación ideológica concreta que define qué se financia, qué se prioriza y qué queda en segundo plano. En Murcia, esa orientación se traduce en un modelo donde la estabilidad presupuestaria, la externalización de servicios y determinadas prioridades políticas desplazan el foco de la inversión social estructural, lo que genera un sufrimiento físico y psicológico sobre decenas de miles de murcianos y murcianas.
Hay una forma de gobernar que no necesita esconder el dinero. Le basta con hacerlo difícil de seguir.
El objeto de nuestra investigación radica en la exposición de cómo las políticas retrógradas de las formaciones de carácter filonazis y ultranacionalistas agrupadas en la formación política Vox, arrastra al ultraderechista alcalde José Ballesta, quien ofrece unos presupuestos municipales injustos, ineficientes y opacos.
En ciencia política, algunos autores utilizan el término “pseudo-fascismo” o “posfascismo” para describir ciertos movimientos o formaciones que, dentro de marcos democráticos, incorporan elementos propios de tradiciones autoritarias sin reproducir de forma literal los fascismos históricos. Este concepto no es una categoría jurídica ni un diagnóstico cerrado, sino una herramienta analítica debatida en el ámbito académico.
En ese marco teórico, se suele señalar un conjunto de rasgos recurrentes en determinados discursos políticos contemporáneos, entre ellos el uso de narrativas de identidad nacional fuerte, la simplificación de problemas complejos mediante la división social entre “nosotros” y “ellos”, la construcción de enemigos internos a los que se atribuyen problemas estructurales.
Entre ellos destaca especialmente el uso intensivo de retórica populista basada en soluciones inmediatas y la desconfianza hacia instituciones intermedias del sistema democrático, como contrapesos administrativos o órganos de control.
El Ayuntamiento de Murcia gestiona más de quinientos millones de euros anuales. Las cifras están publicadas. Pero su comprensión no es sencilla. Bajo el mandato de José Ballesta, con el Partido Popular en el gobierno y el apoyo político de Vox, el sistema de gasto se articula en torno a una lógica clara: ejecución externalizada, alta fragmentación y control ciudadano limitado en la práctica.
En 2025, el Ayuntamiento adjudicó 125 contratos por cerca de 48 millones de euros. En 2026, en apenas tres meses, ya se habían tramitado 247 millones, más del 56 por ciento del total anual previsto. El volumen es elevado, pero lo relevante es la velocidad y la estructura del gasto.
El modelo se basa en la subcontratación. Servicios públicos que no se gestionan directamente, sino a través de empresas privadas. Contratos que se multiplican. Expedientes que se dispersan. Dinero que cambia de manos varias veces antes de materializarse en un servicio concreto.
El resultado es un sistema donde la trazabilidad se debilita.
A esto se suman episodios que muestran los límites del modelo, como contratos ejecutados antes de completar procedimientos formales y regularizados posteriormente. Casos que no definen el sistema, pero sí lo ilustran.
Todo esto ocurre en un contexto social que no puede ignorarse. Murcia se sitúa entre las regiones con mayores niveles de pobreza y riesgo de exclusión social en España. Es una realidad estructural.
Sin embargo, esa realidad no ocupa el centro del presupuesto.
Las políticas sociales no lideran el gasto. No marcan la prioridad principal. El peso de la inversión se concentra en servicios externalizados, infraestructuras y actuaciones visibles.
Aquí es donde la orientación política se hace tangible. El Partido Popular ha defendido este modelo como ejemplo de estabilidad y eficiencia. Pero la estabilidad presupuestaria no garantiza equidad social. Puede coexistir con una distribución desigual de recursos.
La influencia de Vox en el marco de gobierno refuerza una línea política donde determinadas prioridades ganan protagonismo mientras las políticas redistributivas pierden centralidad relativa. No es una afirmación retórica. Se observa en la estructura del gasto.
El resultado es un modelo donde el dinero público circula con normalidad administrativa, pero con una lógica política clara: más externalización, más complejidad, menos centralidad de lo social.
Esta investigación no señala un escándalo único. Señala un patrón. Un sistema donde todo está publicado, pero no todo puede ser evaluado fácilmente. Donde el dinero se mueve, pero su rastro se diluye.
Murcia no es una ciudad sin transparencia formal. Es una ciudad donde esa transparencia no se traduce en control real.
Y cuando el dinero público no puede seguirse con claridad, la cuestión deja de ser técnica.
Se vuelve política.
