La decisión del Ayuntamiento de Lorca y de la empresa mixta Aguas de Lorca de derivar aguas residuales procedentes del sector del curtido a la estación depuradora de La Hoya, para su posterior reutilización en riego agrícola, ha desatado una intensa polémica en el municipio. Mientras las instituciones defienden la medida como un paso hacia la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos hídricos en un contexto de escasez, agricultores, ecologistas y partidos de la oposición alertan sobre los riesgos para la salud, el medio ambiente y la reputación de la huerta lorquina en los mercados europeos.
¿Cromo en la lechuga? El temor de los agricultores
Pedro Sosa, portavoz de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, ha advertido que la presencia de metales pesados, como el cromo, en las aguas residuales industriales podría tener consecuencias desastrosas. «Una sola lechuga contaminada que llegue a Alemania o Países Bajos con restos de cromo podría hundir la imagen internacional de nuestros productos hortofrutícolas», ha declarado.
Este temor no es infundado. En vertidos anteriores, las aguas del curtido han llegado a contener concentraciones de cromo de entre el 0,3% y el 0,4%, por encima del umbral permitido por la normativa europea para vertidos al río Guadalentín. Si bien estas cifras podrían entrar dentro de los márgenes legales para el riego agrícola tras un proceso de depuración, expertos y técnicos del sector dudan de que la actual infraestructura pueda garantizar una descontaminación segura.
Inquietud vecinal y opacidad institucional
La iniciativa no ha sido bien recibida en zonas como Tercia, Marchena, La Hoya o El Hinojar, núcleos rurales donde el agua regenerada se destina directamente al riego. Sosa denuncia que ni los vecinos ni los grupos políticos de la oposición han sido informados de manera transparente sobre el plan. «Nos consta que hay alegaciones por parte de los regantes, pero no se nos ha dado acceso a ellas. Ni se ha debatido públicamente, ni se ha permitido fiscalizar el proyecto desde el Pleno», lamenta.
Tecnología e inversiones: ¿respuesta suficiente?
La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR) ha anunciado recientemente un plan de inversiones para mejorar las estaciones depuradoras, incorporando inteligencia artificial y nuevos sistemas de tratamiento de lodos para convertirlos en biochar y energía. La depuradora de La Hoya sería una de las beneficiarias.
Sin embargo, para Sosa estas promesas no bastan. «Las aguas negras siguen apareciendo en la rambla a la altura de Marchena. Y seguimos pagando las consecuencias de una depuración deficiente», ha afirmado, poniendo en duda la eficacia real de las mejoras anunciadas por ESAMUR, que ha recibido premios a nivel estatal por su modelo de reutilización.
Sanciones millonarias pagadas con dinero público
Entre 2022 y 2023, el Ayuntamiento de Lorca asumió el pago de más de 230.000 euros en multas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura debido a vertidos contaminantes, especialmente con metales pesados. Desde Izquierda Unida denuncian que estas sanciones no han sido asumidas por la parte privada de la empresa mixta Aguas de Lorca ni por ESAMUR, y que el coste ha recaído únicamente sobre el consistorio y, por tanto, sobre la ciudadanía.
IU exige explicaciones en el próximo Pleno y una auditoría independiente
Pedro Sosa ha anunciado que su grupo municipal exigirá explicaciones detalladas en la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento. Además, IU-Verdes plantea la necesidad de una auditoría independiente sobre el funcionamiento real de la EDAR de La Hoya y sobre la seguridad de la mezcla de aguas industriales con aguas urbanas para su reutilización en agricultura.
«La Región de Murcia presume de ser un referente en economía circular y gestión del agua, pero no puede hacerlo a costa de la salud de la ciudadanía, del medio ambiente ni de nuestros agricultores», ha concluido Sosa.
Una decisión estratégica que puede condicionar el futuro del campo lorquino
El conflicto pone sobre la mesa una cuestión central: ¿puede una política de sostenibilidad ser compatible con la protección del tejido productivo agrícola y la salud pública? La respuesta dependerá, en buena parte, de la voluntad institucional de escuchar a los territorios, aplicar controles estrictos, garantizar la transparencia y poner el interés común por delante de cualquier otra consideración.
