El Ayuntamiento de Yecla ha reavivado el debate sobre la fiscalidad local con la reciente subida de la tasa de basuras, una medida impulsada por el equipo de gobierno del Partido Popular bajo el pretexto de la obligación legal de repercutir el 100% del coste del servicio. Sin embargo, esta justificación ha sido puesta en duda tanto por la oposición como por distintos sectores sociales, que critican la falta de alternativas compensatorias para las familias.

Desde la formación local de Izquierda Unida-Verdes, han presentado una propuesta para reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), se argumenta que si ahora el coste de la basura deja de sufragarse con esos ingresos, debería reducirse la presión sobre ellos. “Lo contrario solo significaría que el Ayuntamiento quiere recaudar más”, ha declarado su portavoz, Alberto Martínez.

Un patrón regional: el PP traslada costes a los hogares

Lo ocurrido en Yecla no es un caso aislado. En otros municipios de la Región de Murcia gobernados por el PP, como Molina de Segura, se han producido o anunciado incrementos en las tasas municipales bajo el mismo argumento: la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a los consistorios a cubrir el 100% de los costes del servicio. Sin embargo, lo que varía es cómo se ejecuta ese mandato y quién paga la factura final.

En Molina de Segura, tras el retorno al gobierno municipal del PP junto a Vox, el Ayuntamiento aprobó en 2023 una subida del 69% en la tasa de basuras para las viviendas del casco urbano y hasta un 86% en las pedanías, lo que provocó protestas vecinales y críticas por parte de la oposición local, que acusó al alcalde José Ángel Alfonso de incumplir su promesa electoral de reducir impuestos. Además, se denunció que la subida se realizó sin un estudio de costes adecuado y sin aplicar el principio de que «quien contamina, paga», tal como establece la ley.

Estas decisiones políticas revelan una constante: el PP está utilizando la cobertura legal de la ley estatal para aumentar ingresos municipales sin acometer una revisión más profunda del modelo fiscal local. En la práctica, los consistorios tienen margen para modular la presión fiscal con ajustes en otros impuestos, tal y como permite la legislación vigente.

Una recaudación regresiva

El problema de estas decisiones es que son regresivas: afectan más a quien menos tiene. Las tasas como la de residuos no dependen de la renta, sino del uso o la titularidad de un bien. Si no se acompaña de medidas compensatorias, genera más desigualdad.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya advirtió en 2022 que la aplicación de la nueva ley debía ir acompañada de políticas de justicia fiscal para no penalizar a las familias vulnerables. Sin embargo, como en el caso de Yecla, las corporaciones locales gobernadas por la derecha y ultraderecha han optado por aplicar el principio de “quien contamina paga” sin un enfoque redistributivo.

Alternativas posibles: lo que otros ayuntamientos hacen

Existen modelos alternativos que se aplicaron en la legislatura pasada para adaptar la tasa de basuras a las nuevas exigencias legales sin castigar de forma indiscriminada a la ciudadanía.

Por ejemplo, en Molina de Segura, durante el mandato anterior de la coalición progresista entre PSOE, Podemos e Equo, se aprobó una actualización de la ordenanza fiscal que modulaba el incremento del coste del servicio en función del uso residencial o industrial, y contemplaba bonificaciones para familias vulnerables.

En Caravaca de la Cruz, el anterior gobierno municipal —de composición socialdemócrata— optó por introducir un sistema de tarifas diferenciadas que ajustaba el importe según la cantidad de residuos generados y el tipo de actividad económica, buscando incentivar el reciclaje y contener el impacto en hogares con menor capacidad económica.

Un caso especialmente relevante es el de Rivas Vaciamadrid, gobernado por un frente amplio municipalista de izquierda transformadora liderado por Izquierda Unida por Podemos y Más Madrid, entre otros, donde se articuló una estrategia para cumplir con la normativa estatal sin aplicar subidas lineales. Se apostó por medidas de transición justa, reforzando la recogida selectiva y promoviendo un sistema de fiscalidad ambiental progresiva que grava más a quienes más contaminan, sin aumentar indiscriminadamente la presión fiscal sobre las familias.

Estos ejemplos demuestran que, con voluntad política y planificación técnica, es posible implementar una fiscalidad más justa, sin cargar el grueso del ajuste sobre la población general.

Un pulso político con el bolsillo del ciudadano en juego

La propuesta de IU-Verdes pone sobre la mesa un debate que va más allá de Yecla: ¿están los ayuntamientos aprovechando los cambios legislativos para aumentar sus ingresos sin asumir el coste político de subir impuestos? ¿Qué margen real tienen para establecer una fiscalidad más justa?

Para Alberto Martínez, portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Yecla, “la negativa a rebajar el IBI demuestra que la subida de la tasa de basuras no responde solo a una obligación legal, sino a una estrategia de recaudación”. Mientras tanto, los vecinos y vecinas de Yecla verán cómo sus recibos suben sin que se les ofrezca un alivio fiscal proporcional, pese a que la ley lo permite y otros municipios ya lo aplican.

En un momento en que la presión inflacionaria sigue afectando a miles de hogares en la Región de Murcia, la política fiscal municipal se convierte en un campo de batalla donde se decide, de forma muy concreta, cómo se distribuyen los esfuerzos de la ciudadanía.