El próximo 20 de mayo, a las 10:00 horas, en la Sala 9 de la planta baja de los juzgados de Cartagena, en la calle Ángel Bruna nº21, se celebrará un juicio que puede marcar un punto de inflexión en la historia de la justicia ambiental europea. La vista será pública.
Por primera vez desde la aprobación de la Ley 19/2022, el Mar Menor comparecerá ante un tribunal penal como sujeto con derechos propios. La laguna salada más grande de Europa dejará de ser tratada únicamente como un “bien protegido” para actuar jurídicamente como víctima directa de la destrucción ambiental sufrida durante décadas.
Las empresas Ecosarete S.L. —antes Agrícola Sarete S.L.— y Datelio S.L. están acusadas de utilizar desalobradoras ilegales y realizar vertidos de salmuera cargada de nitratos procedentes de explotaciones agrícolas intensivas del Campo de Cartagena.
La acusación particular será ejercida por la Asociación Alianza Mar Menor (AMARME), que actúa en representación legal del ecosistema. La organización sostiene que las actividades investigadas fueron “una causa principal del deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor”.
Junto a AMARME, los ayuntamientos de Cartagena y Los Alcázares participan también como acusación popular, reclamando condenas penales, indemnizaciones económicas y medidas de restauración ambiental.
Mucho más que un delito ambiental
El juicio no enfrenta únicamente a dos empresas con la Justicia. Lo que realmente se juzga es un modelo económico completo: el capitalismo agroexportador implantado en la Región de Murcia bajo más de tres décadas de gobiernos neoliberales del Partido Popular.
El Mar Menor no colapsó por accidente. Fue destruido por un sistema político y económico al servicio de oligarcas de la construcción, fondos inmobiliarios, grandes terratenientes agrícolas y empresas exportadoras, que convirtió el territorio en mercancía y subordinó cualquier equilibrio ecológico a la rentabilidad privada.
Durante años, el Campo de Cartagena fue transformado en una gigantesca fábrica agrícola intensiva destinada a la exportación masiva hacia los mercados europeos. Miles de hectáreas de regadío industrial crecieron sin límites reales, alimentadas por fertilizantes químicos, desalobradoras ilegales y sobreexplotación hídrica.
Mientras las grandes empresas del agronegocio multiplicaban beneficios, el coste ecológico era descargado sobre la laguna y sobre la población trabajadora de la comarca.
Las administraciones regionales actuaron como garantes políticos de ese modelo. Informes científicos ignorados, controles ambientales desactivados, normativas flexibilizadas y una permanente connivencia institucional permitieron que el deterioro avanzara hasta niveles catastróficos.
La famosa “huerta de Europa” se construyó sobre un esquema clásico de acumulación capitalista: privatización de beneficios y socialización de pérdidas ambientales.
65 piscinas olímpicas de salmuera contaminada
Según el escrito de acusación, las empresas investigadas explotaban una finca agrícola de aproximadamente 16 hectáreas denominada “Mar de Cristal”, donde funcionaban desalobradoras sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.
AMARME sostiene que entre 2015 y 2017 se desaló un volumen total de 649.384 metros cúbicos de agua de pozo, generándose más de 162.345 metros cúbicos de rechazo salino.
La cifra equivale aproximadamente a 65 piscinas olímpicas llenas de salmuera contaminada.
Esos vertidos presentaban concentraciones de nitratos de 168 miligramos por litro, además de altos niveles de conductividad, características asociadas a la agricultura intensiva industrial del Campo de Cartagena.
La acusación añade además que Ecosarete adquirió más de 4.200 kilos de productos desincrustantes utilizados habitualmente en procesos de desalación, lo que demostraría, según AMARME, el funcionamiento continuado de las instalaciones ilegales.
La asociación sostiene que las empresas actuaron “con plena consciencia” de que tanto las desalobradoras como los vertidos requerían autorización administrativa previa.
Un “riesgo de deterioro catastrófico”
Los informes científicos y periciales incorporados al procedimiento concluyen, según la acusación, que las actividades investigadas “han perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales presentes en el Mar Menor y su cuenca”, provocando “un riesgo de deterioro catastrófico”.
Las acusaciones consideran que los hechos podrían encajar en delitos agravados contra el medio ambiente contemplados en los artículos 325.2, 327 y 330 del Código Penal, especialmente por afectar a un espacio natural protegido y por la magnitud del daño ecológico causado.
El Ayuntamiento de Cartagena sostiene que los vertidos “cargados de salmuera y nutrientes” provocaron “un daño y un grave riesgo a la calidad de las aguas” y fueron “una causa principal del deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Los Alcázares afirma que las actividades investigadas “han perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales presentes en el Mar Menor y su cuenca”.
Más de un millón de euros y suspensión de actividad
AMARME solicita para Ecosarete S.L. y Datelio S.L. multas que superan conjuntamente 1.012.274 euros, además de la suspensión de actividad durante tres años.
La asociación reclama también la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil, la imposición de fianzas y la realización de una pericial específica conforme a la Ley de Responsabilidad Medioambiental para calcular el daño ecológico real causado al ecosistema.
Varias acusaciones consideran que las valoraciones económicas existentes en la causa son insuficientes y no reflejan la totalidad de los daños ambientales producidos.
El Mar Menor como sujeto político y jurídico
Uno de los elementos más trascendentales del procedimiento es que el Mar Menor comparecerá como sujeto lesionado por los daños ambientales.
El Ayuntamiento de Cartagena solicita expresamente que las empresas indemnicen “a la entidad Mar Menor, a la que se le reconoce personalidad jurídica en la Ley 19/2022”.
La norma fue aprobada tras una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 639.826 firmas que finalmente fueron compulsadas por la Junta Electoral Central, convirtiendo al Mar Menor en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica propia.
No fue una concesión del poder político. Fue una conquista arrancada desde abajo tras años de movilización popular, lucha ecologista y hartazgo social frente a la impunidad del agronegocio y de las administraciones copadas por las derechas que lo protegieron.
Expectación internacional
El juicio ha despertado interés en distintos países europeos. Periodistas especializados en justicia climática, derecho ambiental y movimientos ecologistas seguirán una vista considerada pionera a nivel internacional.
Lo que se decida en Cartagena puede abrir un precedente jurídico sobre la capacidad de los ecosistemas con personalidad jurídica para acudir a tribunales penales y exigir reparación frente a quienes los destruyen.
Entre los testigos y peritos propuestos figuran agentes del SEPRONA, ingenieros agrónomos, especialistas en toxicología ambiental y científicos que llevan años documentando la relación entre la agricultura intensiva y el colapso ecológico de la laguna.
El Ayuntamiento de Cartagena ha solicitado además la comparecencia del toxicólogo Luis Burillo Borrego, autor de distintos informes sobre contaminación y riesgo ambiental en el Mar Menor.
El juicio al régimen del saqueo
El 20 de mayo no solo se juzgará a Ecosarete y Datelio.
También se sentará simbólicamente en el banquillo al régimen político del PP y sus aliados, construido durante décadas alrededor de la especulación urbanística, la agroindustria intensiva y la subordinación absoluta de las instituciones públicas a los intereses privados.
Porque el Mar Menor no enfermó solo.
Lo destruyeron quienes convirtieron la naturaleza en negocio, el territorio en mercancía y la vida en un coste asumible dentro de la cuenta de resultados del capital.
