El pasado sábado, el salón de actos del Centro Cultural Las Balsas de Molina de Segura acogió una charla-taller sobre regularización de personas migrantes organizada por Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE), en la que participaron alrededor de 60 personas, cerca de la mitad de ellas migrantes interesadas directamente en los nuevos procedimientos de residencia extraordinaria.
La jornada fue conducida por el abogado especialista en extranjería Sergio Ramos Ruiz, quien explicó de manera práctica los requisitos fundamentales del nuevo proceso de regularización y desarrolló un taller detallado sobre cómo realizar el procedimiento paso a paso.
Durante el encuentro también se abrió un espacio de debate colectivo sobre las dificultades administrativas y sociales que enfrentan miles de personas extranjeras para poder acceder a derechos básicos y trabajar legalmente.
“Ha sido una jornada muy útil porque no solo hemos podido resolver dudas concretas, sino también debatir sobre cuestiones fundamentales como el informe de vulnerabilidad o la necesidad urgente de que estas personas puedan regularizar su situación y acceder a un trabajo digno y legal”, señaló Sergio Ramos Ruiz.
El abogado también lanzó una reflexión de carácter político y social sobre el papel de las distintas fuerzas políticas ante los procesos de regularización, “Es importante que las personas extranjeras tengan memoria en los próximos años y recuerden qué partidos han defendido que tengan derechos y puedan regularizarse, y cuáles han intentado bloquear esta regularización hasta el último momento. Algunos quieren expulsarlos y otros prefieren que sigan siendo personas irregulares y sin derechos”.
Asimismo, Ramos Ruiz criticó el funcionamiento actual de la administración de extranjería, denunciando los retrasos sistemáticos y el enfoque burocrático con el que se tramitan muchos expedientes.
“Extranjería sigue funcionando desde una visión casi policial, revisando los expedientes únicamente desde la sospecha permanente de fraude. Evidentemente hay que garantizar que se cumplan los requisitos, pero no puede hacerse a costa de que los procedimientos tarden siete u ocho meses cuando legalmente deberían resolverse en tres”, afirmó.
En este sentido, defendió la necesidad de un cambio profundo en la gestión administrativa, haciendo especial hincapié en la importancia de garantizar procedimientos más ágiles, humanos y orientados al servicio público, “equilibrando el derecho de la administración a revisar los expedientes con el derecho de las personas a obtener una respuesta en plazo. Debemos pasar de una lógica de control y castigo a una auténtica visión de servicio público, centrada en facilitar las residencias de quienes cumplen los requisitos, y no en buscar constantemente cómo denegarlas”.
Desde IU y PCE valoraron muy positivamente la participación y remarcaron la importancia de seguir impulsando iniciativas de acompañamiento, información y defensa de derechos para las personas migrantes en Molina de Segura.
