El Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) ha denunciado una nueva y más intensa fase de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad e inteligencia marroquíes contra su presidencia y vicepresidencia en la ciudad ocupada de El Aaiún, en lo que describe como una operación de “focalización directa” y “hostigamiento sistemático”.
Según han comunicado, desde el inicio de la semana diversos aparatos de inteligencia y seguridad habrían desplegado una campaña coordinada contra el defensor saharaui de derechos humanos y ex preso de conciencia Ali Salem Tamek, presidente de CODESA, así como contra la vicepresidenta Khadijetou Douih.
El texto detalla que “esta focalización ha tomado la forma de un asedio estricto impuesto a la casa donde Ali Salem Tamek reside con su familia en el barrio Al Mostaqbal de la Laayoune ocupada”. Según la denuncia, agentes de la policía marroquí, junto a funcionarios administrativos, mantienen “una vigilancia constante alrededor de la residencia”, en un dispositivo que se prolonga de forma continuada.
El comunicado añade que “la electricidad del domicilio ha sido deliberadamente cortada y una parte del contador eléctrico ha sido dañada en la tarde del martes 20 de mayo de 2026”, lo que el colectivo interpreta como una medida de presión directa sobre el entorno familiar del dirigente.
En el mismo episodio, CODESA afirma que un funcionario con rango de “pacha” “habría amenazado y provocado a Ali Salem Tamek delante de su hijo menor, de diez años”, subrayando que el menor “ya había sido sometido a detención e intimidación por parte de la policía de ocupación marroquí”, lo que consideran una vulneración grave de los derechos de la infancia.
El comunicado incluye además la existencia de un bloqueo de accesos en el mismo inmueble: “miembros de la policía de ocupación han impedido a Maalouma El Felnkhi, a su hija Khalifa El Moujahid y a Bachir Bouamoud acceder al apartamento situado en el edificio asediado”, al tiempo que se registran “amenazas directas contra la defensora Khalifa Rguibi”.
En paralelo, la situación de la vicepresidenta de CODESA, Khadijetou Douih, es descrita como un segundo foco de asedio. Su vivienda en la avenida 50 de El Aaiún permanece, según indican, bajo “vigilancia y cerco permanente”.
La defensora afirma en un testimonio grabado que “la electricidad de su casa fue cortada alrededor de las 19:45 por miembros de la policía de ocupación marroquí”, y denuncia además “dos semanas de asedio y acoso continuo” que afectan también a sus dos hijas menores, en lo que el colectivo enmarca como una violación de los derechos a la seguridad personal y la libertad de movimiento.
El comunicado incorpora asimismo el caso de Nabiha Bounan, miembro de la oficina de Tan-Tan, que habría sido objeto de “amenazas continuas que se han agravado hasta actos de hostigamiento”, dentro de una dinámica de persecución más amplia contra defensores, blogueros y civiles saharauis.
CODESA sitúa estos hechos dentro de lo que denomina una política de “asedio y hostigamiento sistemático” contra personas que expresan opiniones sobre la cuestión del Sáhara Occidental y defienden pacíficamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, denunciando un patrón de represalias y presión sobre la disidencia.
Ante esta situación, el colectivo responsabiliza a las fuerzas de ocupación marroquíes de la seguridad física y psicológica de las personas afectadas y de sus familias, y exige el levantamiento inmediato del asedio, el cese de las intimidaciones y el fin de las restricciones de movimiento.
Asimismo, reclama la apertura de investigaciones independientes sobre los cortes de electricidad, los dispositivos de cerco policial y las amenazas registradas, que CODESA considera parte de un esquema de “castigo colectivo” contra familias saharauis.
El comunicado concluye con un llamamiento a Naciones Unidas y a los organismos internacionales de derechos humanos para que intervengan ante lo que describe como violaciones sistemáticas en el Sáhara Occidental ocupado y garanticen mecanismos efectivos de protección para los defensores de derechos humanos.
