La operación policial abierta esta semana en la Región de Murcia por un presunto fraude en el Servicio Murciano de Salud ha escalado rápidamente a un caso de fuerte impacto político y sanitario, con más de once personas detenidas e investigadas por su supuesta implicación en una trama de contratación irregular de material sanitario, incluida la adquisición de prótesis y otros productos presuntamente caducados o en mal estado.
La investigación, dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha dejado hasta el momento once personas detenidas y otras dos investigadas en el marco de un presunto fraude en la contratación de material sanitario del Servicio Murciano de Salud. Según las primeras informaciones policiales y judiciales, el perjuicio económico estimado se sitúa en torno a los 6,8 millones de euros, con sobrecostes que en algunos casos habrían alcanzado el 1.287% sobre el precio real del material adquirido.
El caso se centra en la presunta manipulación del sistema de compras del SMS para introducir productos sanitarios no homologados o fuera de los cauces habituales de contratación pública, especialmente en operaciones derivadas a centros concertados. Entre el material investigado figuran prótesis y dispositivos implantables, así como otros productos sanitarios, y la investigación apunta además a la posible utilización de material caducado en intervenciones quirúrgicas, un extremo que ha elevado la preocupación social y política en la Región de Murcia.
Ante este despropósito, el colectivo social Yay@flautas de Murcia ha hecho público un comunicado en el que expresa su “sorpresa” y “profunda preocupación” ante la dimensión del caso y sus posibles implicaciones directas sobre la salud de la población.
El colectivo de mayores subraya que la información conocida hasta ahora ha generado alarma entre sus miembros, en su mayoría personas mayores de 65 años y potenciales portadoras de prótesis o implantes médicos. “Desde el día 20 de este mes, los y las componentes del colectivo social Yay@flautas de Murcia estamos bastante sorprendidos y muy preocupados a raíz de la noticia de la cual se han hecho eco prácticamente la totalidad de los medios de información nacionales y locales”, señalan.
En su valoración, el grupo activista sitúa el foco en la gravedad sanitaria del caso más allá de su dimensión económica. “Nos estamos refiriendo al caso de corrupción detectado en nuestra Región, donde ya van más de once detenciones, teniendo como uno de los componentes en esa corrupción la compra fraudulenta de prótesis caducadas y algunas en mal estado”, recoge el comunicado.
La preocupación se intensifica al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable. “Dado que todos los miembros de este colectivo somos personas de más de 65 años y bastantes de nosotros portamos algún tipo de prótesis”, advierten, situando la cuestión en el terreno de la posible afectación directa a pacientes reales del sistema sanitario.
A partir de ahí, Yay@flautas exige una respuesta institucional inmediata y detallada por parte del Ejecutivo autonómico. “Pedimos y exigimos al consejero de Sanidad de la Región de Murcia, Sr. Pedreño Planes, y al presidente de la Comunidad Autónoma, Sr. López Miras, que en la mayor brevedad posible comparezcan donde lo crean oportuno y hagan público desde qué año hasta qué año se han estado implantando dichas prótesis y de qué tipo han sido”, reclaman.
El colectivo insiste en que la transparencia sobre el alcance temporal y material del caso es imprescindible para poder determinar si existen personas afectadas. “Una vez se dé dicha comparecencia podremos saber si alguna o alguno de nosotros nos vemos afectados”, concluyen.
Mientras tanto, la investigación judicial y policial continúa abierta, centrada en esclarecer el funcionamiento interno de la presunta trama, el alcance del fraude en la contratación pública y la posible utilización de material sanitario en condiciones irregulares dentro del sistema público de salud.
El caso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control en la contratación pública sanitaria, la supervisión de dispositivos implantables y la necesidad de reforzar los sistemas de trazabilidad en un ámbito donde cualquier irregularidad puede tener consecuencias directas sobre la salud de los pacientes.
