Bolivia atraviesa una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años. Las carreteras bloqueadas, las columnas de mineros marchando hacia La Paz y las movilizaciones campesinas e indígenas que confluyen sobre El Alto expresan el rechazo creciente de la clase trabajadora y los sectores populares al paquete de ajuste impuesto por el Gobierno de Rodrigo Paz.
Las protestas, que ya cumplen más de dos semanas consecutivas, tienen como detonante la eliminación de las subvenciones estatales a los hidrocarburos, una medida decretada en diciembre y defendida por el Ejecutivo bajo el discurso neoliberal del “sinceramiento económico”. En la práctica, la decisión provocó la duplicación inmediata del precio de la gasolina y el diésel, descargando el peso de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador.
La respuesta popular no se hizo esperar. La Central Obrera Boliviana (COB), junto a organizaciones campesinas, sindicatos urbanos, federaciones indígenas y colectivos mineros, ha convertido las calles y carreteras del país en un escenario de resistencia obrera y popular. Los bloqueos paralizan buena parte de los accesos a La Paz y El Alto, mientras miles de manifestantes exigen la derogación del decreto y el fin de las políticas de privatización encubierta.
Desde la COB denuncian que el llamado “plan de reactivación económica” impulsado por el Gobierno busca abrir las puertas a las empresas transnacionales sobre sectores estratégicos como el litio, la minería, la energía y los servicios básicos. El dirigente sindical Mario Argollo acusó al Ejecutivo de intentar “entregar los recursos del pueblo boliviano al capital extranjero” y destruir las conquistas históricas del movimiento obrero.
La represión estatal ha endurecido aún más el conflicto. Según datos de la Defensoría del Pueblo, decenas de personas fueron detenidas durante los operativos de desbloqueo ejecutados por fuerzas policiales y militares. Organizaciones campesinas y dirigentes sindicales denuncian además la muerte de al menos dos manifestantes en El Alto e Ingavi, hechos que atribuyen directamente a la actuación represiva del Gobierno.
Lejos de retroceder, las movilizaciones se amplían. La Federación de Mujeres Bartolina Sisa y los Ponchos Rojos han convocado nuevas concentraciones en El Alto, mientras columnas de simpatizantes de Evo Morales avanzan hacia el centro político de La Paz exigiendo la dimisión de Rodrigo Paz.
La irrupción de los mineros ha devuelto al conflicto una enorme carga simbólica e histórica. Las imágenes de trabajadores portando dinamita recuerdan las grandes jornadas de combate social protagonizadas por el proletariado minero boliviano durante el siglo XX. Aunque hoy gran parte del sector funciona bajo estructuras cooperativistas precarizadas, la tradición combativa de Siglo XX, Catavi, Huanuni o Llallagua continúa viva en la memoria colectiva del país.
La crisis boliviana vuelve a demostrar que las conquistas populares jamás fueron concesiones de las élites, sino fruto de la lucha organizada de la clase trabajadora. En un contexto continental marcado por la precarización laboral, el extractivismo y el avance de gobiernos subordinados a los intereses del capital financiero e imperialista, las movilizaciones en Bolivia reabren el debate sobre el papel histórico del movimiento obrero y el poder popular en América Latina.
Mientras el Gobierno insiste en sostener el ajuste y mantener intacto el decreto de los combustibles, las calles bolivianas responden con organización, bloqueo y combate social. Bolivia vuelve a arder, y en el corazón del conflicto resurge una vieja verdad: cuando la clase trabajadora se moviliza, ningún régimen puede gobernar con normalidad.
