La escena vivida este viernes en el barrio murciano de Vistabella resume la deriva inhumana de la política de vivienda del PP en la Región de Murcia: un hombre de 78 años, enfermo crónico, con reconocimiento oficial de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, al borde de ser expulsado de la casa en la que ha vivido un cuarto de siglo. El desahucio de Patxi estaba previsto para la mañana, pero la presión del vecindario, activistas del Sindicato de Vivienda, miembros de la PAH, el colectivo Yay@flautas, y la presencia del diputado regional de Izquierda Unida, José Luis Álvarez-Castellanos, logró arrancar apenas una semana de prórroga. Un margen que, como él mismo lamenta, “no es nada”.
El Sindicato de Vivienda confirmó ante La Opinión de Murcia que Patxi dejó de pagar únicamente cuando la propiedad dejó el inmueble en un estado “gravemente deteriorado”: humedades continuas, desperfectos estructurales y fallos en instalaciones básicas que, durante más de ocho años, no fueron reparados pese a estar contemplados en el contrato de alquiler. “La salud y dignidad del inquilino estaban comprometidas”, denunció la organización, que recuerda que Patxi incluso llegó a ofrecer pagar el 75% de la deuda si los dueños acometían las reparaciones necesarias. La propuesta fue rechazada sin negociación alguna.
Al borde de las lágrimas tras la negociación, el propio afectado explica que la semana concedida no alivia su angustia, “He salido muy mal y no estoy nada mejor. Ahora tengo que recoger toda una vida en unos pocos días. La casa está llena de libros, papeles, recuerdos… No sé si físicamente voy a poder con esto.” A la incertidumbre logística se suma la indefensión jurídica: “Renuncié a mi abogada porque no había leído ni entendido el caso. Pedí un segundo abogado, pero aún no me lo han concedido. Van a acabar el proceso antes de que yo tenga defensa.”
Su vía institucional tampoco ha existido. El Ayuntamiento de Murcia, liderado por el Popular José ballesta, reconoció su vulnerabilidad, así como el derecho a una vivienda social, pero acto seguido le comunicaron que no había ninguna disponible. “Me dijeron: ‘Pachi, no tenemos absolutamente nada, ni urgente ni no urgente’. Miraron en varios departamentos y la respuesta fue que no había nada que hacer.” Ante la negativa de los Servicios sociales, finalmente ha sido derivado en buscar apoyo en la plataforma antidesahucios, donde empezó su lucha actual.
Durante la mañana, el cura y activista de la PAH, Joaquín Sánchez, lamentaba que la negociación no hubiese logrado estirar el plazo hasta después de Navidad, tal y como pedían. “La otra parte ha apretado muchísimo la clavija. Querían echarlo hoy mismo. Lo que se ha conseguido es solo una semana… pero es que esto debería paralizarse de inmediato.” Sánchez insiste en que Patxi, aunque reconoce su parte en el conflicto, quedó atrapado en una situación injusta: la casa nunca fue reparada y vivía en condiciones que no respetan ni la legalidad ni la dignidad humana.
El Sindicato de Vivienda refuerza esta denuncia al recordar que el informe de vulnerabilidad debería paralizar el desahucio al menos hasta final de año, y que forzar el lanzamiento ahora “contradice tanto el espíritu como la letra de la ley”, diseñada precisamente para proteger a personas mayores, enfermas o en situación de exclusión. La organización advierte además que el desalojo podría poner en riesgo directo la salud del inquilino, cuyas patologías cardíacas y endocrinas desaconsejan movimientos bruscos y la exposición a temperaturas extremas. “Expulsarlo de su entorno seguro es una temeridad inhumana.”
En medio de este panorama, Patxi se pregunta cómo es posible llegar a este grado de crueldad: “¿Cómo se puede ser tan inhumano? Saben perfectamente en qué situación estoy, saben la responsabilidad que tenían y que no han cumplido… y aun así estaban dispuestos a dejarme hoy en la calle. Es inhumano, lo mires por donde lo mires.”
Para Joaquín Sánchez, el fondo del problema es político y estructural. Lo resume con contundencia, “Aquí se incumplen los Derechos Humanos y la Constitución. El derecho a una vivienda digna no es un texto decorativo. La administración está obligada a garantizar alojamiento a quienes no pueden. Y en este caso no lo ha hecho.”
A pesar de la rabia y la impotencia, la jornada dejó también un mensaje de solidaridad. Los vecinos y vecinas que se acercaban a mostrar su apoyo repitieron una y otra vez que Patxi es una persona querida y respetada en el barrio. “Todas estamos con él”, afirmaban mientras abrazaban al afectado.
El Sindicato de Vivienda ha anunciado que continuará presionando para que se suspenda completamente el lanzamiento, se revise el caso y se garantice una alternativa habitacional real. “Ni una persona mayor y enferma más abandonada por la inacción institucional o por el incumplimiento de una propiedad que no ha hecho su trabajo. Lo que está pasando con Patxi es intolerable, y combatirlo es una cuestión de humanidad y de justicia social.”
