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El Frente Polisario lleva al Consejo de Seguridad nuevas acusaciones por ataques marroquíes contra civiles saharauis y denuncia una “guerra de desgaste” bajo ocupación

La carta del movimiento de liberación saharaui advierte de una deriva bélica que compromete la protección de la población civil bajo ocupación marroquí.

Imagen de archivo de Sidi M. Omar, representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas y coordinador con la MINURSO
Imagen de archivo de Sidi M. Omar, representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas y coordinador con la MINURSO

El pulso diplomático en torno al conflicto del Sáhara Occidental vuelve a escalar en Naciones Unidas. El Frente Polisario ha remitido una carta urgente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que denuncia lo que califica como ataques directos de fuerzas marroquíes contra población civil saharaui mediante el uso de drones y artillería de largo alcance.

La misiva, fechada el 11 de junio de 2026 y dirigida a la presidencia del Consejo —actualmente en manos de Colombia—, sitúa el foco en un episodio ocurrido el pasado 5 de junio en la región de Gleibat El-Foula. Según el documento, fuerzas militares marroquíes habrían atacado a un grupo de civiles saharauis, destruyendo vehículos y provocando graves daños materiales. El texto asegura además que personal de la misión de la ONU en el territorio, la MINURSO, habría visitado la zona para constatar lo ocurrido.

En la carta, firmada por el representante saharaui ante Naciones Unidas, Sidi M. Omar, el Polisario sostiene que estos hechos no son aislados, sino parte de una “patrón continuado” desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020. El documento apunta directamente a una intensificación del uso de tecnología militar avanzada por parte de Marruecos, especialmente drones armados, en operaciones que —según la parte saharaui— han afectado tanto a combatientes como a civiles.

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Desde esta perspectiva, el conflicto ha dejado de ser un enfrentamiento congelado para transformarse en una guerra de baja intensidad marcada por la superioridad aérea marroquí y una creciente asimetría militar sobre el terreno. La denuncia insiste en que esta dinámica está generando un escenario de vulneración sistemática del derecho internacional humanitario.

El texto enviado al Consejo de Seguridad va más allá del relato puntual del ataque. Acusa a Marruecos de cometer posibles crímenes de guerra al atacar bienes y personas civiles, en violación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Además, advierte de que la continuidad de estas operaciones amenaza directamente la estabilidad regional y socava cualquier intento de reactivar un proceso político auspiciado por la ONU.

En su argumentación, el Frente Polisario introduce también una crítica de alcance político global: la supuesta doble vara de medir de la comunidad internacional. “La comunidad internacional no puede exigir respeto al derecho internacional humanitario en unos conflictos y guardar silencio cuando las víctimas son saharauis”, señala el texto, en una apelación directa a la coherencia de Naciones Unidas.

El contexto en el que se produce esta denuncia no es menor. En las últimas semanas, distintos reportes y coberturas mediáticas han vuelto a situar en el centro del debate el uso de drones por parte de Marruecos y el impacto de estas operaciones en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. La muerte de combatientes saharauis en acciones atribuidas a ataques aéreos ha reabierto interrogantes sobre la escalada militar y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para la población civil.


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Más allá de la denuncia concreta, el conflicto vuelve a evidenciar el bloqueo estructural del proceso de paz. La presencia de la MINURSO, creada para organizar un referéndum de autodeterminación que nunca se ha celebrado, aparece cada vez más limitada frente a una realidad sobre el terreno marcada por la militarización, la impunidad y el estancamiento diplomático.

El Frente Polisario busca con esta nueva iniciativa forzar una reacción del Consejo de Seguridad que rompa el silencio institucional y coloque de nuevo el Sáhara Occidental en la agenda internacional como una cuestión de descolonización inacabada y no como un simple expediente congelado.

Mientras tanto, la lógica de los hechos consumados sigue avanzando sobre el terreno. Y con ella, la sensación de que el derecho internacional, en el Sáhara Occidental, continúa dependiendo menos de las normas que de quién las incumple.