Un tribunal del distrito Sovetsky de Majachkalá condenó el pasado 1 de julio a la militante comunista daguestaní Larisa Bachieva a seis años de prisión por supuestamente organizar las actividades de la Unión de las Fuerzas Eslavas de Rusia, una organización ilegalizada por las autoridades rusas en 2019 bajo la acusación de extremismo.
Además de la pena de cárcel, la sentencia impone un año de restricciones de libertad una vez cumplida la condena y prohíbe a Bachieva ejercer cargos directivos en organizaciones públicas durante cinco años. La Fiscalía había solicitado una condena aún mayor: ocho años de prisión.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el creciente uso de la legislación antiextremista por parte del Estado ruso contra organizaciones políticas, movimientos sociales y colectivos que cuestionan la legitimidad del actual orden institucional.
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Un delito de ideas
La acusación sostiene que Bachieva dirigía el denominado Comité Ejecutivo de los Diputados del Pueblo de la URSS en Majachkalá, considerado por las fuerzas de seguridad una estructura local de la Unión de las Fuerzas Eslavas de Rusia.
Según la investigación, la activista habría organizado unas 110 reuniones para difundir la tesis de que la Unión Soviética continúa existiendo jurídicamente, mientras que la Federación Rusa sería un Estado carente de legitimidad legal tras la disolución de la URSS en 1991. También se le atribuye haber promovido el rechazo al pago de impuestos y servicios públicos, así como la desobediencia frente a determinadas instituciones estatales.
Durante todo el proceso, Bachieva negó las acusaciones y denunció que la causa había sido fabricada.
La defensa denuncia un juicio sin garantías
La abogada Patimat Abdullaeva anunció que recurrirá la sentencia al considerar que las acciones atribuidas a su defendida no constituyen delito alguno.
La letrada denunció además que el tribunal rechazó escuchar a 20 de los 35 testigos propuestos por la defensa, limitando gravemente el derecho a un juicio justo.
Abdullaeva también cuestionó la base jurídica de la acusación al recordar que la prohibición de la Unión de las Fuerzas Eslavas de Rusia fue dictada por el Tribunal Supremo de la República de Komi y no por los tribunales de Daguestán.
«Es absurdo calificar a un grupo de Daguestán como ‘Fuerzas Eslavas'», argumentó la defensa, denunciando que la vinculación entre ambas organizaciones fue realizada de manera «artificial e ilegal».
Una justicia severa con la disidencia y benevolente con la corrupción
Uno de los aspectos más llamativos del proceso fue la comparación realizada por la defensa entre esta condena y otros casos de corrupción de alto nivel en Rusia.
Abdullaeva recordó que la Fiscalía llegó a solicitar ocho años de prisión suspendida para la exfuncionaria del Ministerio de Defensa Yevguenia Vasílieva, acusada de malversar alrededor de 3.000 millones de rublos durante uno de los mayores escándalos de corrupción del país.
La comparación pone de relieve un debate recurrente entre organizaciones de derechos humanos y juristas críticos: la aparente desproporción con la que la justicia rusa castiga determinados delitos políticos frente a casos de corrupción económica.
Criminalizar la disidencia
El movimiento conocido como Ciudadanos de la URSS sostiene que la desaparición de la Unión Soviética nunca fue legalmente válida y que la Federación Rusa carece de continuidad jurídica legítima. Sus integrantes suelen rechazar documentos oficiales rusos, cuestionan la autoridad de los tribunales y niegan la legitimidad de diversas instituciones estatales.
Desde que el Tribunal Supremo de Komi declaró extremista a la organización en 2019, decenas de procesos penales han sido abiertos contra supuestos miembros en distintas regiones del país.
Las autoridades rusas defienden estas actuaciones alegando la necesidad de combatir el extremismo y proteger el orden constitucional. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles vienen advirtiendo desde hace años que la legislación antiextremista se ha convertido en un instrumento para perseguir formas de oposición política, ideológica y asociativa que no implican necesariamente el recurso a la violencia.
La condena contra Larisa Bachieva se suma así a una larga lista de procesos que evidencian el endurecimiento del control estatal sobre cualquier corriente que cuestione los fundamentos políticos del sistema surgido tras la desaparición de la Unión Soviética.
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