El juicio del denominado “caso Topillo”, considerado el primer procedimiento en Europa en el que el Mar Menor comparece como sujeto jurídico con personalidad propia, ha quedado aplazado este miércoles antes de iniciarse la vista en el juzgado de Cartagena. La suspensión se ha producido a causa de la ausencia del perito propuesto por la Fiscalía, ingresado tras un accidente, cuya declaración era considerada una pieza central para la práctica de la prueba pericial.
La causa investiga presuntos vertidos de salmueras con elevada carga de nitratos, extracción de agua sin autorización y procesos de desalación vinculados a explotaciones agroindustriales del Campo de Cartagena. La Fiscalía solicita siete años de prisión, multa económica y la reparación del daño ecológico causado a la laguna.
Antes de conocerse la suspensión, a las puertas del juzgado, la secretaria del Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor, María José Campillo Meseguer, ha situado el inicio del procedimiento en un plano histórico y jurídico de primer orden. Ha subrayado que, por primera vez, el ecosistema comparece en sede judicial como sujeto de derechos plenamente reconocido. En sus palabras, “se inicia por primera vez un juicio del caso Topillo, en el que el Mar Menor ha sido personado como víctima con su personalidad jurídica, con su NIF y con todos los derechos reconocidos”.
Campillo ha insistido en el alcance del precedente jurídico y en la dimensión colectiva de la defensa del ecosistema, afirmando que “todos somos Mar Menor”. Ha expresado además la expectativa de que el resultado del proceso consolide este reconocimiento legal y ha defendido que una eventual indemnización derivada del procedimiento debería revertir directamente en la recuperación del propio ecosistema. También ha lamentado las limitaciones de acceso a la sala judicial, señalando que el aforo reducido ha impedido la entrada de parte de las personas convocadas, pese a la elevada expectación social.
Desde el ámbito vecinal, Cayetano Ros, vecino de Los Nietos, ha enmarcado el proceso como un punto de inflexión histórico en la defensa ambiental de la laguna. Ha señalado que “es un día histórico” y ha subrayado el carácter inédito de que un ecosistema actúe como sujeto de derechos ante los tribunales. En su análisis, ha situado el origen del problema en el modelo de agricultura intensiva del entorno de la laguna, al que atribuye la mayor parte de la presión contaminante.
Ros ha afirmado que “el problema principal son los cultivos intensivos que rodean la laguna” y ha sostenido que estos aportes explican una parte sustancial del deterioro ambiental del Mar Menor. Ha añadido que la situación se agrava por la presencia de fertilizantes, pesticidas y residuos plásticos asociados a la actividad agrícola, que terminan incorporándose al ecosistema. En su intervención ha reclamado medidas estructurales más ambiciosas, argumentando que “queremos medidas más drásticas que vayan a la raíz del problema” y cuestionando la suficiencia de las actuaciones paliativas actuales.
Además, Ros ha sido especialmente crítico con las formaciones que han planteado la derogación del marco normativo de protección de la laguna, al considerar que “son los verdaderos enemigos del Mar Menor”.
Tras el aplazamiento del juicio, el responsable de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, ha defendido la posición del sector agrario y ha explicado la suspensión por la indisposición del perito de la Fiscalía. Ha señalado que “se ha suspendido porque el perito propuesto por la Fiscalía está indispuesto” y ha trasladado la incertidumbre que genera el aplazamiento en el sector.
Carrión ha cuestionado la existencia de pruebas suficientes para sostener la acusación y ha defendido la actuación del sector dentro del marco administrativo vigente. Ha afirmado que “pruebas ninguna”, al tiempo que ha situado parte de la responsabilidad en las administraciones públicas en relación con la gestión hídrica del Campo de Cartagena. En su relato, ha defendido la existencia de infraestructuras como el salmueroducto y ha sostenido que su funcionamiento y fallos técnicos forman parte del contexto que explica determinados vertidos.
Asimismo, ha defendido que el sector agrario ha impulsado soluciones técnicas en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, como proyectos de desnitrificación del agua o la construcción de embalses de laminación, señalando que “soluciones hay, lo que pasa es que no se quieren poner en marcha”.
Desde la acusación popular, el abogado del Mar Menor, Sergio Marcos, ha defendido la solidez del procedimiento y la existencia de un conjunto amplio de pruebas. Ha señalado que “si estamos aquí es porque hay pruebas” y ha insistido en que existen evidencias “múltiples, convergentes, directas y documentales” que sostienen la acusación.
Marcos ha descrito el procedimiento como un hito jurídico internacional, al tratarse de la primera vez que un ecosistema comparece como sujeto de derechos ante un tribunal. Ha explicado que los hechos investigados incluyen extracción de agua sin autorización, procesos de desalación y vertidos de aguas salobres con alta carga contaminante, afirmando que estos hechos han generado un grave perjuicio ambiental.
En relación con la gravedad del caso, ha señalado que la Fiscalía solicita siete años de prisión y 500.000 euros de multa, además de la reparación del daño ecológico.
En la misma línea, Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, ha justificado la suspensión del juicio al considerar imprescindible la presencia del perito. Ha explicado que “era una parte fundamental de la acusación” y ha defendido que la vista debía aplazarse hasta que pudiera comparecer, reclamando al mismo tiempo que se fije una nueva fecha “lo antes posible”.
Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción Región Murciana, ha valorado el aplazamiento como inevitable pero ha advertido sobre las consecuencias de la lentitud judicial. Ha señalado que “cuando la justicia se separa demasiado del momento del delito, deja de ser justicia”, aunque ha destacado la relevancia del proceso como precedente histórico en la protección ambiental.
Por su parte, Joaquín Nieto, representante de SEO/BirdLife, ha calificado la suspensión como no deseable pero comprensible, al depender la prueba principal de la situación del perito. Ha indicado que “la suspensión no es buena, pero es entendible”, y ha insistido en que el caso se basa en una base probatoria consistente.
El procedimiento queda ahora a la espera de una nueva fecha de señalamiento, en un contexto en el que el conflicto estructural entre el modelo agroindustrial del Campo de Cartagena y la protección del Mar Menor continúa sin resolución judicial definitiva.
