Eloísa y sus cinco hijos fueron desahuciados este lunes de la vivienda en la que residían desde hacía siete años en la pedanía de Sangonera la Verde, en Murcia. El lanzamiento se ejecutó a las 11:30 horas por orden judicial, con presencia de Policía Local, representantes de la propiedad y un cerrajero, que procedió al cambio de cerradura tras el desalojo.
La familia ha sido reubicada de forma provisional en una habitación cedida por una particular durante una semana. “Después no sé qué va a pasar”, reconoce la propia Eloísa, que se enfrenta ahora a una situación de absoluta incertidumbre.
El caso se remonta a 2019, cuando accedió a la vivienda mediante un contrato de alquiler firmado por sus padres, ante la imposibilidad de hacerlo a su nombre por falta de estabilidad laboral. Durante estos años, el alquiler —de 400 euros mensuales— se abonó con regularidad. Sin embargo, la ruptura de la relación familiar derivó en la rescisión del contrato entre los progenitores y la propiedad en febrero de 2025, lo que la dejó en una situación legal precaria.
A partir de ese momento, se inició el procedimiento de desahucio. La propiedad alegó necesidad de uso de la vivienda. Paralelamente, Eloísa ha reclamado judicialmente el impago de la pensión de manutención fijada en 1.000 euros mensuales por parte de su expareja, sin que hasta la fecha haya percibido cantidad alguna.
Según explica, su problema no es únicamente económico, sino de acceso al mercado del alquiler. “Puedo pagar un alquiler, pero nadie me alquila por tener cinco hijos”, afirma. Percibe el Ingreso Mínimo Vital y asegura contar con ahorros, pero denuncia que su perfil queda sistemáticamente excluido.
En los días previos al lanzamiento, Eloísa acudió a bancos, inmobiliarias, servicios sociales municipales y organizaciones sociales en busca de una alternativa, sin obtener respuesta efectiva. “Fui a todos lados y nadie me dio una solución”, resume.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presente durante el desahucio, denuncian la falta de respuesta institucional. Su portavoz, Paco Morote, calificó la situación como “una enorme paradoja”: “En nombre de la justicia se ha cometido una gran injusticia, que es dejar a una familia en la calle”.
Morote insistió en que “esto pasa todos los días” y advirtió de que “los poderes públicos están incumpliendo el mandato del artículo 47 de la Constitución”, que reconoce el derecho a una vivienda digna. Además, criticó la actuación de los servicios sociales: “La respuesta fue responsabilizarla de todo, lejos de brindar cualquier alternativa o ayuda”.
La propia Eloísa relata en la misma línea cuál fue la respuesta recibida: “Me dijeron que era mayor de edad, que tenía cinco niños a mi cargo y que era mi responsabilidad”.
El desahucio se produce en un contexto de escasez de vivienda en alquiler y endurecimiento de las condiciones de acceso, especialmente para familias con menores. Organizaciones sociales advierten de que estos casos no son aislados y reclaman medidas urgentes para garantizar alternativas habitacionales estables.
Por el momento, la familia solo tiene asegurado alojamiento durante una semana. “No pedimos nada extraordinario, solo un sitio donde vivir”, concluye Eloísa.
