El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) ha denunciado a través de un comunicado que la reciente desclasificación de documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 constituye “un ejercicio de propaganda de Estado” destinado a reforzar la legitimidad del Régimen del 78 en un contexto de crisis política y social.
La organización subraya que el hecho político más relevante no es la selección de documentos publicada, sino la nota oficial del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, difundida en el BOE, que acompaña el proceso. Según el PCPE, diversos historiadores ya han señalado que los materiales desclasificados no aportan novedades sustanciales más allá de matices secundarios.
El PCPE critica que la desclasificación se haya realizado bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma heredada de la dictadura franquista. A juicio de la organización, resulta contradictorio que el Gobierno presente la medida como un refuerzo democrático mientras mantiene como marco jurídico una legislación de carácter autoritario.
Asimismo, la organización advierte de que la futura Ley de Información Clasificada, actualmente en trámite parlamentario, responde fundamentalmente —según su análisis— a la necesidad de reforzar la coordinación en materia de seguridad entre el Estado español, la OTAN y la Unión Europea, sin garantizar mecanismos reales para esclarecer episodios de represión estatal como los GAL.
El PCPE sostiene que la utilización política de la desclasificación persigue consolidar determinados pilares institucionales y reactivar el discurso del “miedo a la extrema derecha” como elemento de legitimación gubernamental. En este sentido, considera que la narrativa oficial sobre el 23F pretende presentar el episodio como una lección democrática mientras evita abordar las responsabilidades estructurales del propio sistema.
La organización también vincula la actualidad del debate con el fallecimiento del exguardia civil Antonio Tejero, uno de los principales protagonistas del intento golpista junto a Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada. Para el PCPE, la coincidencia temporal refuerza la intencionalidad política de situar el episodio en la agenda pública.
Desde la formación comunista se afirma que existen indicios que apuntan a que el 23F operó como un mecanismo de legitimación de la monarquía y del marco político surgido de la Transición, colocando a la clase trabajadora ante una disyuntiva entre continuidad del sistema o involución autoritaria.
Finalmente, el PCPE llama a la movilización y a la unidad de las fuerzas populares para “desenmascarar la legitimación de la monarquía heredera del franquismo”, impulsar la organización en centros de trabajo, estudio y barrios, y avanzar hacia la construcción de una República Socialista Confederal.
