Murcia volvió a convertirse este sábado en escenario de la protesta social por el derecho a la vivienda. Más de medio millar de personas participaron en la manifestación convocada por el Sindicato de Vivienda de Murcia (SVM) junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y respaldada por colectivos sociales, sindicatos, organizaciones vecinales y representantes de distintas formaciones de izquierda para denunciar una crisis habitacional que, según los convocantes, está expulsando a amplias capas de la población trabajadora del acceso a una vivienda digna.
La marcha partió de la Plaza de la Universidad, y recorrió varias calles del centro de la ciudad hasta concluir ante la Delegación del Gobierno, en Teniente Flomesta. Durante todo el recorrido se sucedieron las consignas contra la especulación inmobiliaria, los fondos de inversión, las empresas de intermediación inmobiliaria y las administraciones públicas a las que los convocantes responsabilizan de no garantizar un derecho reconocido constitucionalmente.
Bajo lemas como «No faltan casas, sobran rentistas» o «La vivienda nos está costando la vida», los manifestantes denunciaron el incremento continuado de los alquileres, la proliferación de pisos turísticos, la ausencia de vivienda pública y el aumento de los desahucios.
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Uno de los momentos más significativos de la movilización tuvo lugar frente a una sucursal de Redpiso, en la Ronda de Garay. Allí la marcha se detuvo mientras varias bengalas rojas teñían el ambiente y activistas desplegaban una pancarta con el mensaje «Sus beneficios, nuestra miseria».
Durante la acción se leyó un manifiesto en el que el Sindicato de Vivienda acusó a empresas como Redpiso, Alquiler Seguro, Tecnocasa o Idealista de contribuir a la mercantilización de la vivienda.
«Empresas como esta son un ejemplo de cómo la vivienda se convierte en un activo financiero, priorizando la rentabilidad frente a su función social», denunciaron las activistas, que acusaron a estas compañías de normalizar precios abusivos y discriminar a sectores vulnerables de la clase trabajadora.
La protesta continuó posteriormente hasta la Delegación del Gobierno, donde representantes del Sindicato de Vivienda y de la PAH realizaron la lectura de sus respectivos manifiestos.
«La vivienda tiene un claro sesgo de clase»
En declaraciones ante nuestro medio, el afiliado del Sindicato de Vivienda Jorge Fernández defendió que la actual crisis habitacional no es un fenómeno coyuntural, sino la consecuencia directa de un modelo económico que convierte la vivienda en un negocio.
«El objetivo principal de esta manifestación es señalar el camino de la lucha por una vivienda digna y por el derecho real a la vivienda para todas las personas, que pasa por la movilización social y la desobediencia civil», afirmó.
Entre las medidas exigidas por el sindicato destacan la paralización inmediata de todos los desahucios, la regulación de los alquileres, una reducción drástica de los precios, la expropiación y limitación de los grandes tenedores, la ilegalización de las empresas de desocupación y la intervención pública sobre viviendas vacías y pisos turísticos.
Fernández denunció además que la crisis de la vivienda posee una profunda dimensión de clase y también una importante vertiente racista.
«Las personas migrantes se enfrentan diariamente a discriminación por parte de propietarios e inmobiliarias, barreras administrativas, abusos contractuales y situaciones de infravivienda y hacinamiento», explicó.
Según relataron desde el sindicato, han acompañado casos de personas que pagan cientos de euros por habitaciones en condiciones extremas, sin acceso regular a suministros básicos y sometidas a una fuerte vulnerabilidad residencial.
La PAH denuncia que la vivienda se ha convertido en un privilegio
Por su parte, el portavoz de la PAH, Paco Morote, enmarcó la protesta dentro de una jornada estatal de movilización por el derecho a la vivienda.
Morote denunció que el acceso a una vivienda se encuentra fuera del alcance de una gran parte de la población debido a unos precios de alquiler «desorbitados», la expansión de los alquileres turísticos y unas hipotecas inaccesibles para la mayoría. «Han convertido el derecho a la vivienda en un privilegio», afirmó.
Desde la plataforma reclamaron al Gobierno central la prohibición de las compras especulativas de vivienda, medidas permanentes de protección frente a los desahucios y la recuperación de viviendas para ampliar el parque público.
Asimismo, criticaron duramente la actuación del Gobierno regional, al que acusaron de no ejercer las competencias que posee en materia de vivienda.
«La pasividad es tremenda. No regula alquileres, no moviliza vivienda vacía, no limita los pisos turísticos y no genera parque público suficiente», señaló Morote.
El portavoz recordó además que la reciente caída de la prórroga de las medidas de contención de alquileres provocará incrementos inmediatos para miles de inquilinos.
Una preocupación que atraviesa generaciones
La movilización también contó con la presencia del colectivo Yayoflautas de Murcia. Su portavoz, Andrés Mora, destacó que la problemática de la vivienda afecta no solo a los jóvenes sino también a las generaciones mayores.
«Nos preocupa porque afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos. No podemos dejarles una situación en la que emanciparse sea prácticamente imposible», señaló.
Los participantes coincidieron en señalar que la escalada de precios está provocando un deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población trabajadora, obligando a muchas familias a destinar gran parte de sus ingresos al pago del alquiler.
Las administraciones, en el centro de las críticas
La movilización también reunió a representantes políticos de IU de diversos municipios que respaldaron las reivindicaciones de los colectivos convocantes.
El 2º Teniente Alcalde de Alhama de Murcia y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Antonio García, denunció que la Región de Murcia acumula más de una década sin promover vivienda pública suficiente para responder a la emergencia habitacional.
Según explicó, la Comunidad Autónoma dispone de amplias competencias en materia de vivienda pero mantiene una política «claramente insuficiente» para afrontar la situación.
En términos similares se expresó Pedro José Sánchez, portavoz de Ganar Totana-IU, quien responsabilizó a las fuerzas conservadoras de bloquear medidas destinadas a proteger a los inquilinos.
«La vivienda no puede seguir siendo un negocio. Debe volver a ser un derecho garantizado mediante políticas públicas», afirmó.
«No faltan casas, sobran rentistas»
El manifiesto final del Sindicato de Vivienda centró gran parte de sus críticas en el rentismo inmobiliario, al que definió como una forma de enriquecimiento basada en la extracción de rentas de la clase trabajadora.
Las activistas denunciaron que millones de personas destinan cada vez una mayor proporción de sus salarios y pensiones al pago del alquiler mientras fondos de inversión, grandes propietarios y empresas inmobiliarias obtienen beneficios crecientes.
También criticaron lo que consideran una falta de voluntad política para intervenir el mercado de la vivienda y defendieron que la única vía para revertir la situación pasa por la organización colectiva.
La jornada concluyó entre aplausos y consignas a favor de la movilización social. Los convocantes advirtieron que las protestas continuarán durante los próximos meses y llamaron a fortalecer la organización popular para hacer frente a una crisis que, aseguran, no es solo habitacional, sino también social y de clase.
