Mientras el Gobierno regional celebra los actos oficiales del Día de la Región de Murcia entre alfombras rojas y discursos ajenos a las dificultades de la calle, la realidad material de la clase trabajadora ha respondido con una enérgica protesta. Alrededor de medio millar de personas han secundado este martes la convocatoria de las Marchas de la Dignidad, transformando la festividad institucional en una jornada de reivindicación obrera y social. Tres columnas de manifestantes partieron desde el Malecón, el Jardín de Floridablanca y la Cruz Roja, confluyendo en la Plaza Martínez Tornel para avanzar juntas hacia el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico.
La protesta evidenció el choque directo entre la propaganda oficial y las condiciones de vida de la mayoría social murciana, golpeada por el encarecimiento de la vivienda y el deterioro deliberado de los servicios públicos. Para abrir la jornada de lucha, la coportavoz de las Marchas de la Dignidad, Encarna Aguirre, manifestó que el pueblo no se había congregado para celebrar “un trozo de papel en un mapa”, sino para defender una comunidad donde todas las personas cuenten por igual. Aguirre recalcó la necesidad urgente de que la riqueza generada en la Región se reparta justamente entre quienes la trabajan con su esfuerzo diario, garantizando salarios dignos que permitan pagar alquileres asequibles, al tiempo que alertó sobre las graves deficiencias en sanidad, educación y prevención medioambiental agudizadas tras los últimos presupuestos autonómicos.
El carácter alternativo de este 9 de junio fue defendido también por el coportavoz Ginés Fernández, quien reivindicó la jornada como el verdadero Día del Pueblo Murciano frente al olvido sistemático que sufren los de abajo por parte de las instituciones. Fernández denunció que el Ejecutivo del Partido Popular pretende normalizar un escenario de desamparo que sitúa a Murcia como la séptima comunidad con los salarios más bajos del Estado y con el empleo más precario. Asimismo, el portavoz vinculó la falta de inversión pública con tragedias como el reciente incendio de la Cresta del Gallo, recordando que los bomberos forestales ya protestaban este invierno por la escasez de medios, y concluyó que para las Marchas de la Dignidad resulta intolerable que las necesidades básicas de alimentación, sanidad y educación no estén garantizadas para toda la población por el simple hecho de nacer.
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El conflicto habitacional ocupó un lugar prioritario en la movilización debido a los alarmantes índices de especulación inmobiliaria en la zona. El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Paco Morote, expuso la gravedad de la situación tras conocerse que la Región de Murcia lidera la subida del precio de la vivienda en todo el país. Morote criticó la absoluta inacción de López Miras, cuyo Ejecutivo lleva de brazos cruzados en materia residencial desde que asumió el cargo en 2017, y tachó de “caradura” la estrategia del Gobierno regional de utilizar la ley estatal de vivienda como coartada para justificarse frente al alza de los alquileres mientras se niega rotundamente a aplicarla. Ante este escenario de desprotección, el activista exigió la movilización inmediata de las “130.000 viviendas deshabitadas” que están retenidas por el mercado en la Región y la creación urgente de un parque público real.
Por su parte, la coordinadora regional de Izquierda Unida, Penélope Luna, contrapuso el lujo de los actos gubernamentales con la realidad de los barrios populares, donde las familias siguen siendo desahuciadas de sus hogares de forma sistemática. Luna afeó al Ejecutivo autonómico su complicidad con las élites económicas al permitir galas institucionales patrocinadas por empresas que se lucran directamente del juego y de la ludopatía, mientras el Partido Popular sigue denegando la retirada de salones de apuestas en las inmediaciones de los colegios o la climatización urgente de las aulas públicas. La coordinadora exigió justicia y reconocimiento laboral para sectores esenciales profundamente precarizados por las políticas neoliberales de la comunidad, haciendo especial hincapié en las reivindicaciones de las trabajadoras del ciclo educativo de cero a tres años, los bomberos forestales y el personal de protección de menores.
Finalmente, el diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos advirtió sobre el grave retroceso democrático que sufren las instituciones debido al auge de los discursos de odio y la xenofobia promovidos por la alianza entre el PP y Vox. Álvarez-Castellanos calificó de “cobarde” la estratagema reglamentaria utilizada por el Gobierno regional para bloquear la concesión de la Medalla de Oro de la Región a la familia de Sara Gómez, la joven que perdió la vida debido a una negligencia médica y a la falta de control de la administración sobre los servicios sanitarios. Según explicó el diputado, esta familia ha logrado con su batalla civil que hoy existan mayores garantías médicas en el ámbito de la cirugía estética para toda la ciudadanía del país, por lo que el rechazo del Partido Popular a reconocer su labor constituye un agravio para toda la sociedad murciana.
La manifestación concluyó a las puertas de San Esteban con la lectura de un manifiesto unitario firmado por colectivos vecinales, sindicales y ecologistas de toda la comunidad. En el texto se exigió el fin de la impunidad de la agroindustria descontrolada para lograr un Mar Menor Vivo, la paralización de los desahucios sin alternativa residencial y la protección de los salarios frente a los beneficios patronales. Las Marchas de la Dignidad cerraron el acto advirtiendo a los gobernantes de que el tejido social murciano está organizado, tiene memoria de clase y mantendrá el pulso en las calles porque, tal y como señalaba el lema de cierre de la jornada, “si nos movemos, lo cambiamos todo”.
