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CONSUMUR denuncia que la subida del IVA de la luz y el gas al 21% agrava la pobreza energética y exige un marco fiscal estable para bienes básicos

La organización considera que urge un cambio regulatorio que establezca un impuesto reducido a la energía de manera estable y permanente.

El encarecimiento de la luz y el gas vuelve a situar la pobreza energética en el centro del debate social
El encarecimiento de la luz y el gas vuelve a situar la pobreza energética en el centro del debate social.

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, ante la vuelta a partir de hoy, 1 de junio, al 21% de IVA en la electricidad y gas, lo que va a afectar a las economías domésticas, considera necesario que desde el gobierno se proceda a un cambio regulatorio del sector eléctrico, que lo dote de mayor estabilidad y lo considere como bienes de primera necesidad, como así lo son.

“La electricidad y el gas constituyen dos gastos básicos dentro del modelo de sociedad en el que vivimos. Su consumo no puede considerarse ni prescindible ni tampoco una cuestión opcional”, como así ha recordado Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR.

La organización lleva años solicitando la aplicación de un IVA reducido para el sector de la electricidad, como se aplica para determinados alimentos, y que la bajada no responda únicamente a medidas transitorias y temporales, como la crisis energética por la guerra de Irán. “La subida del IVA supone un paso atrás en cuanto a la reducción que se había conseguido”, lamenta Barceló, que recuerda además que “hemos normalizado el concepto de pobreza energética y por tanto esto significa que hemos asumido que tanto el gas como la electricidad son bienes imprescindibles, con los cuales no se puede especular ni siquiera por parte del gobierno que debe de tener una mayor sensibilidad”.

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En este sentido CONSUMUR considera que aplicar una bajada hace un mes y medio para volver a subir el impuesto, con tan poco margen de tiempo, no se corresponde con una política seria, dado que la situación de crisis energética no ha finalizado. No obstante, Barceló recalca “que, independientemente de la situación de crisis, el gobierno debe asumir la responsabilidad de considerar la luz y el gas como bienes de primera necesidad y adaptar los impuestos a ese carácter. Por otro lado, si son exigencias o planteamientos que vienen de la Unión Europea, también se ha de trabajar para que desde allí se cumplan estos principios”.