Greenpeace ha desplegado este sábado una enorme pancarta de más de 300 metros cuadrados sobre el puente de la Barqueta, en Sevilla, con un mensaje contundente dirigido a las administraciones y a la empresa promotora de la reapertura minera de Aznalcóllar: “AZNALCÓLLAR, OTRA VEZ NO”.
La acción, realizada sobre el río Guadalquivir, busca denunciar lo que la organización considera una nueva amenaza ambiental para Andalucía y recordar uno de los mayores desastres ecológicos de la historia reciente del Estado español. En 1998, la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar vertió millones de metros cúbicos de lodos tóxicos sobre el río Guadiamar, contaminando decenas de kilómetros de cauce, miles de hectáreas agrícolas y provocando graves consecuencias sociales, económicas y ambientales que aún permanecen en la memoria colectiva.
«Lo que ocurrió hace casi tres décadas no fue un accidente inevitable, sino la consecuencia de años de advertencias ignoradas, controles insuficientes y una gestión irresponsable que acabó pagando la ciudadanía», denuncian desde Greenpeace.
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La organización ecologista alerta ahora de que el proyecto de reapertura de la mina Los Frailes contempla la construcción de una tubería de 30 kilómetros para transportar aguas contaminadas desde Aznalcóllar hasta el estuario del Guadalquivir, muy cerca de la capital andaluza. Según la documentación del proyecto, por esta infraestructura podrían verterse más de 85.520 millones de litros de aguas con presencia de metales pesados durante un periodo superior a 18 años.
Greenpeace advierte de que, pese a los tratamientos previstos, el vertido incorporaría sustancias peligrosas como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc a un ecosistema ya sometido a una fuerte presión ambiental.
«La física y la química no entienden de promesas políticas. Los metales pesados no desaparecen. Se acumulan en los sedimentos, pasan a la cadena trófica y terminan afectando a la biodiversidad, a la agricultura, a la pesca y, en última instancia, a la salud de las personas», señalan desde la organización.
Los colectivos ecologistas alertan además de que el estuario del Guadalquivir posee una dinámica hidrológica singular que favorece la retención de contaminantes. La influencia de las mareas atlánticas y el denominado «tapón salino» dificultan la evacuación natural de los vertidos hacia el mar, convirtiendo el cauce en una auténtica trampa para los contaminantes.
Las consecuencias podrían extenderse a espacios protegidos de alto valor ecológico, incluidos hábitats integrados en la Red Natura 2000 y el entorno del Parque Nacional de Doñana. Asimismo, organizaciones agrarias y pesqueras han mostrado su preocupación por el impacto que los vertidos podrían tener sobre los cultivos del Bajo Guadalquivir y sobre las cofradías de pescadores que dependen del buen estado ecológico de la desembocadura del río.
Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción y la plataforma SOS Guadalquivir, reclama la paralización del proyecto y exige a la Junta de Andalucía que anteponga la protección del agua, la salud pública y los ecosistemas a los intereses económicos de corto plazo.
«La historia ya nos enseñó el precio de la negligencia. No podemos permitir que el Guadalquivir se convierta en una alcantarilla minera ni que Andalucía vuelva a pagar las consecuencias de decisiones que benefician a unos pocos y ponen en riesgo el patrimonio natural de todos», concluye la organización.
Con esta acción simbólica sobre el Guadalquivir, Greenpeace busca reabrir el debate social sobre el futuro de Aznalcóllar y movilizar a la ciudadanía para impedir que se repita una catástrofe ambiental cuyas consecuencias todavía siguen presentes casi treinta años después.
