Tras la rueda de prensa celebrada esta mañana en la Plaza de la Merced de Murcia por el movimiento por el derecho a la vivienda, el Sindicato de Vivienda y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el mediador de la PAH, José Antonio Vives, ha querido aprovechar la ocasión para alertar ante los medios de un desahucio inminente previsto para este viernes a las 9:00 horas en la Avenida Ciudad de Almería, número 158, en la capital murciana.
La intervención se ha producido en el mismo espacio donde los portavoces del movimiento habían convocado la manifestación del próximo 30 de mayo, contextualizando así la emergencia habitacional como una crisis estructural que se expresa en casos concretos de máxima gravedad social.
Según ha explicado Vives, la situación afecta a Valentina y a sus dos hijos, una unidad familiar en seguimiento por servicios sociales y por salud mental, con graves problemas de salud mental y discapacidad reconocida, que dependen de apoyos institucionales pero carecen de alternativa habitacional.
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El mediador de la PAH ha denunciado que el desahucio está impulsado por un gran tenedor propietario de la vivienda y ha subrayado que “servicios sociales no tiene dónde acogerlos”, pese a que el caso se encuentra bajo seguimiento institucional. “Es una situación de extrema gravedad, no hay alternativa. Si el viernes no estamos allí apoyando para intentar paralizarlo, esta familia se queda en la calle”, ha afirmado.
Vives ha contextualizado este caso dentro de una dinámica más amplia de saturación del sistema de atención social en la Región de Murcia, señalando que en las últimas semanas el movimiento ha intervenido en “entre 15 y 20 situaciones de vulnerabilidad” similares. Ha denunciado además la falta de recursos habitacionales públicos y la reducción progresiva de los servicios de vivienda municipales.
En su intervención, ha acusado a las administraciones públicas de “dejación de su obligación” en materia de vivienda, señalando al PP que tanto el Ayuntamiento de Murcia como la Comunidad Autónoma no disponen de un parque público suficiente para dar respuesta a situaciones de emergencia residencial. También ha advertido de la existencia de viviendas públicas infrautilizadas o desocupadas mientras crece el número de desahucios.
“El problema no es solo la falta de viviendas disponibles en el mercado: es la ausencia de voluntad política para construir y gestionar un parque público que garantice el derecho a la vivienda”, ha señalado, apuntando directamente al modelo de gestión institucional de la emergencia habitacional.
El mediador de la PAH ha situado además el caso en el contexto de una precarización estructural del acceso a la vivienda, en el que incluso personas con ingresos estables —como pensiones o ayudas por discapacidad— quedan excluidas del mercado del alquiler. “Las pensiones y las ayudas no alcanzan para competir con la avaricia de los rentistas”, ha denunciado.
La organización ha hecho un llamamiento a la movilización urgente para intentar paralizar el desahucio previsto este viernes, subrayando la necesidad de presencia social en el lugar de los hechos. Asimismo, ha insistido en que la situación de esta familia no es un caso aislado, sino un ejemplo de una crisis habitacional que combina vulnerabilidad social extrema, especulación inmobiliaria y ausencia de respuesta institucional efectiva.
El caso se suma al clima de movilización general del movimiento por la vivienda en Murcia, que continuará este sábado 30 de mayo con una manifestación desde la Plaza de la Merced hasta la Delegación del Gobierno, en Teniente Flomesta, en el marco de una convocatoria estatal contra los desahucios, la especulación y el encarecimiento del alquiler.
