Portavoces y miembros del movimiento por el derecho a la vivienda han realizado esta mañana una rueda de prensa en la Plaza de la Merced de Murcia para convocar a la ciudadanía a la manifestación estatal por la vivienda que tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo, a las 11:30 horas, y que recorrerá el centro de la ciudad desde la Plaza de la Merced hasta la Delegación del Gobierno, en Teniente Flomesta.
La convocatoria, impulsada conjuntamente por el Sindicato de Vivienda de Murcia y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), se enmarca en una movilización coordinada a nivel estatal por sindicatos de vivienda e inquilinas para denunciar la creciente crisis habitacional y señalar a los responsables políticos y económicos de la mercantilización de un derecho básico.
Jorge Fernández, afiliado al Sindicato de Vivienda de Murcia, denunció que “tener un trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda digna”, y señaló que “la clase trabajadora dedica su vida a engordar los beneficios de una minoría rentista mientras los salarios desaparecen pagando alquileres abusivos”.
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Fernández alertó de que la crisis de vivienda afecta de forma transversal a amplias capas sociales, desde jóvenes incapaces de emanciparse hasta pensionistas y personas mayores expulsadas de sus hogares por subidas especulativas del alquiler. “Muchos propietarios están troceando viviendas para alquilarlas por habitaciones y aumentar beneficios, bordeando la legalidad y empujando a la gente trabajadora a situaciones de hacinamiento o directamente a la calle”, afirmó.
Asimismo, denunció que las personas migrantes y racializadas sufren con mayor dureza esta situación debido a la discriminación ejercida por inmobiliarias y propietarios, así como a la vulnerabilidad derivada del desconocimiento de sus derechos o de barreras idiomáticas.
Desde el Sindicato de Vivienda señalaron también la “complicidad de todas las administraciones con los especuladores”, acusando a ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central de no garantizar alternativas habitacionales ni aplicar medidas efectivas contra la emergencia residencial.
En este sentido, Fernández criticó que la Ley Estatal de Vivienda “ha resultado insuficiente” y reclamó medidas de choque como la regulación y bajada radical de los alquileres, la intervención de la vivienda vacía, la limitación de los pisos turísticos, la prohibición de plataformas como Airbnb o Booking, la ilegalización de las empresas de desocupación y la paralización inmediata de todos los desahucios.
“El derecho a la vivienda solo se conquistará mediante organización, movilización social y desobediencia civil”, sostuvo, haciendo además un llamamiento a los sindicatos de clase y organizaciones combativas para avanzar hacia una huelga general “que enfrente el negocio inmobiliario desde una perspectiva anticapitalista”.
Por su parte, Paco Morote, portavoz de la PAH, denunció que “la vivienda se ha convertido en un privilegio inaccesible para la mayoría social” y alertó del aumento de desahucios tras la desaparición este año de la moratoria aprobada durante la pandemia.
Morote recordó que las administraciones murcianas siguen sin ofrecer soluciones habitacionales para las familias expulsadas de sus casas y criticó la derogación de medidas que permitían prorrogar contratos de alquiler para evitar incrementos desorbitados.
“Estamos viendo cómo fondos de inversión expulsan a personas mayores de viviendas en las que llevan décadas viviendo simplemente para especular con alquileres turísticos o aplicar subidas salvajes”, denunció.
El portavoz de la PAH exigió al Gobierno regional que asuma sus competencias en materia de vivienda y destine a políticas públicas los fondos procedentes del nuevo Plan Estatal de Vivienda. “La Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a la vivienda. No pueden seguir utilizando excusas mientras la gente trabajadora pierde sus hogares”, afirmó.
Finalmente, las organizaciones convocantes hicieron un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, colectivos sociales y organizaciones sindicales a participar en la manifestación del próximo sábado 30 de mayo para denunciar “las políticas al servicio de los rentistas y fondos buitre” y defender “una vivienda digna, pública, social y accesible para la mayoría trabajadora”.
