
El militante comunista Lucio García Blanco ha quedado hoy en libertad a sus 75 años desde la prisión de Villabona (Asturias), cerrando un ciclo de más de tres décadas de encarcelamiento y una vida entera de militancia política iniciada hace más de 50 años. Su salida se produce en un contexto marcado por su delicado estado de salud, las denuncias de vulneraciones de derechos y la negativa reiterada de las autoridades a concederle la libertad condicional en años anteriores.
Natural de Avilés (Asturias), obrero y militante comunista desde su juventud, García Blanco ha pasado más de 30 años en prisión a lo largo de su vida. Según ha informado el Socorro Rojo Internacional, ha sido detenido en al menos seis ocasiones, en las que sufrió torturas policiales, y ha protagonizado 23 huelgas de hambre durante su trayectoria penitenciaria.
En octubre del pasado año cumplió 75 años y fue incluido en campañas de solidaridad por presos políticos gravemente enfermos impulsadas por diversos organismos antirrepresivos. Desde hace años sufre demencia senil con trastorno adaptativo, además de lesiones físicas crónicas derivadas de los malos tratos sufridos durante su paso por comisaría.
En informes difundidos por el Socorro Rojo Internacional se advertía que “su estado de salud mental se agrava y cada vez tiene más episodios de desorientación, confusión mental y pérdida de memoria”, alertando de un deterioro progresivo incompatible con la vida en prisión. Estos informes se complementaban con testimonios de otros internos que compartieron reclusión con él, quienes “certificaban el grave deterioro de su salud” en escritos remitidos a organizaciones solidarias.
Pese a ello, la libertad condicional le fue denegada de forma sistemática. En algunos procedimientos se llegó a alegar que el propio interno había renunciado a ella, extremo que su entorno califica de falso. Según estas fuentes, García Blanco no rechazó su excarcelación, sino las condiciones impuestas, al considerar que suponían un sometimiento inaceptable. Su posición fue siempre clara: la exigencia de “LIBERTAD INMEDIATA y sin condiciones por enfermedad grave e incurable”, en aplicación de la legislación penitenciaria vigente.
En diciembre pasado, su defensa presentó un recurso en el que se advertía que “la enfermedad neurodegenerativa del interno afecta gravemente su capacidad de comprensión y de toma de decisiones”, subrayando además “la falta de garantías al compeler al interno a firmar un documento sin presencia de la defensa letrada y la nulidad de dicho acto por la vulneración de derechos que ha comportado”.
El mismo escrito jurídico añadía que “los informes médicos ya aportados acreditan que el interno padece enfermedad grave e incurable, con deterioro cognitivo progresivo, y que su permanencia en prisión —incluso en régimen abierto— agrava la evolución de su enfermedad y compromete su vida y dignidad”, una advertencia que no evitó la continuidad de su internamiento.
Sin embargo, ni los recursos legales ni las campañas de solidaridad lograron adelantar su excarcelación. Colectivos de apoyo denuncian que el caso evidencia una política penitenciaria de endurecimiento y bloqueo de medidas humanitarias, incluso en situaciones clínicas extremas.
“Ni el Estado ha logrado su arrepentimiento”
Desde su entorno se subraya que García Blanco ha salido de prisión sin renunciar a su identidad política ni aceptar lo que consideran fórmulas de claudicación. En palabras difundidas por colectivos solidarios, el sistema penitenciario no ha conseguido que el preso saliera “por la puerta falsa del arrepentimiento y la claudicación”.
Por el contrario, insisten en que “Lucio García Blanco es un ejemplo de Resistencia”, destacando que incluso en condiciones de deterioro cognitivo no habría renunciado a su consideración de preso político ni a sus ideas.
En este sentido, su entorno afirma que “Lucio saldrá por la puerta grande y la cabeza alta”, una expresión que resume el carácter simbólico que atribuyen a su excarcelación.
Un mes antes del cumplimiento de su condena, la prisión de Villabona restringió nuevamente las comunicaciones del interno, impidiéndole recibir visitas de su red de apoyo social. La medida fue adoptada bajo el argumento de una circular interna que hacía referencia a “problemas de drogas en el CIS”, limitando las visitas a familiares directos.
Según denunció el Socorro Rojo Internacional en un comunicado, esta decisión supuso impedir el acceso de personas que conformaban su entorno afectivo y político, pese a no estar relacionadas con los problemas alegados. Las organizaciones de apoyo calificaron la medida como “criminal”, al considerar que afectaba a un interno anciano, enfermo y en situación de especial vulnerabilidad.
Con su salida hoy de prisión, se cierra un largo ciclo de encarcelamiento atravesado por denuncias de torturas, deterioro de salud y conflicto político, en un caso que distintos colectivos sitúan como uno de los más prolongados vinculados a la militancia comunista en el Estado español contemporáneo.















