Ochenta y siete años después de su fusilamiento, la historia de Josefa Martínez Martínez, conocida en Cieza como “La Molinera”, continúa siendo uno de los ejemplos más descarnados de la represión franquista contra las mujeres pobres, obreras y vinculadas al movimiento popular. en el municipio murciano de Cieza.
En la madrugada del 24 de mayo de 1939, apenas semanas después del final oficial de la Guerra Civil, el régimen fascista de Franco la asesinó junto al cementerio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo, en Murcia. Tenía alrededor de 43 años, era madre de tres hijos, analfabeta y afiliada a la CNT.
Su ejecución se produjo apenas nueve días después del fusilamiento de Dolores Hernández Ruiz, “La Hortelana” de Yecla, convirtiéndose así en la segunda mujer ejecutada en la Región de Murcia por la maquinaria represiva franquista. Ambas forman parte de las 30 mujeres condenadas a muerte en Murcia entre 1939 y 1945, de las cuales 14 terminaron ante el pelotón de fusilamiento.
La historia de Josefa no puede entenderse únicamente como un episodio judicial. Fue, sobre todo, un castigo político y social ejemplarizante contra una mujer humilde que encarnaba todo aquello que el nuevo régimen pretendía exterminar: pobreza, militancia obrera, independencia femenina y vinculación con el mundo republicano.
El asalto a la prisión de Cieza: el origen de la causa
Los hechos con los que posteriormente se relacionó a Josefa ocurrieron el 28 de septiembre de 1936, en plena guerra.
Ese día, tras el entierro de un miliciano muerto en el frente, una multitud regresó desde el cementerio de Cieza hacia el pueblo en un clima de enorme tensión y exaltación. A las puertas de la prisión local comenzaron los gritos y amenazas contra varios detenidos de derechas que permanecían encarcelados.
Pese a algunos intentos de mediación, poco después del mediodía se produjo el asalto a la cárcel. Cuatro presos fueron asesinados en el patio interior y posteriormente sus cadáveres fueron trasladados al cementerio, donde terminaron siendo quemados en una zanja improvisada.
Tres años después, ya consumada la victoria franquista, aquellos sucesos servirían como base para una amplia operación represiva.
Una condena sin pruebas construida sobre rumores
La denuncia contra Josefa Martínez fue presentada el 13 de abril de 1939 por un propietario local que aseguró haberla visto “bailando sobre los cadáveres” y “haciendo mofa cruel y sangrienta”.
A partir de ahí, el procedimiento militar se alimentó de declaraciones indirectas, testimonios de oídas y rumores repetidos una y otra vez como si fueran pruebas concluyentes.
Las expresiones “según me dijeron”, “por rumor público” o “lo escuché comentar” aparecen constantemente en el sumario.
Un testigo afirmó que “sabía de rumor público” que Josefa había participado en el asalto a la prisión. Otra mujer declaró que una vecina le había contado que la propia acusada confesó haber recogido leña para quemar los cuerpos. Una tercera aseguró haber oído decir que marchaba “al frente de las turbas con hacha y palo”.
El patrón represivo era habitual en los consejos de guerra franquistas: bastaban acusaciones genéricas, enemistades personales o rumores colectivos para justificar penas extremas.
Josefa negó siempre todos los hechos.
En su primera declaración aseguró que el día del asalto a la cárcel se encontraba fuera del pueblo. Respecto a la destrucción de imágenes religiosas, explicó que incluso había rescatado del río una imagen de San Bartolomé para evitar que desapareciera arrastrada por el agua.
No sabía leer ni escribir. Todas sus declaraciones fueron firmadas con la huella dactilar de su pulgar derecho.
El franquismo también juzgaba la “moral” de las mujeres
Más allá de los hechos concretos, los informes elaborados por la Alcaldía, Falange y Guardia Civil muestran con claridad el carácter profundamente ideológico y patriarcal de la represión franquista.
No solo se la acusaba de participar en disturbios o saqueos. También se insistía en definirla como una mujer de “pésima reputación moral”, “mala conducta” y “pésimos antecedentes”.
Era una fórmula habitual utilizada contra mujeres republicanas, obreras o pobres. El régimen no perseguía únicamente delitos políticos: perseguía modelos de mujer que escapaban del ideal nacionalcatólico de obediencia, silencio y sumisión.
Josefa era madre soltera, trabajadora humilde y militante cenetista. Eso, para el franquismo, ya constituía una condena previa.
Un consejo de guerra decidido de antemano
El proceso judicial fue fulminante.
Entre el 25 y el 27 de abril de 1939 quedó prácticamente instruida toda la causa. El 5 de mayo se celebró el consejo de guerra en Murcia.
No hubo garantías procesales reales.
Según recoge el sumario, el juicio consistió básicamente en la lectura de las actuaciones. Ningún miembro del tribunal formuló preguntas. El fiscal pidió directamente la pena de muerte, calificando a Josefa como una “elementa peligrosa para la Gloriosa Causa Nacional”.
El abogado defensor intentó desmontar la inconsistencia de las pruebas señalando que la mayoría de las declaraciones eran simples referencias indirectas y rumores sin constatación material. Solicitó que, en todo caso, se aplicara un delito menor de “excitación a la rebelión”.
No sirvió de nada.
La sentencia ya estaba escrita antes de entrar en la sala.
La sentencia: “adhesión a la rebelión”
La resolución judicial constituye una de las mayores perversidades jurídicas del franquismo: acusar de “rebelión” a quienes defendieron el orden constitucional republicano frente al golpe militar fascista de julio de 1936.
La sentencia afirmaba textualmente:
«“Josefa Martínez, de la misma filiación y considerada de pésima reputación; ambas procesadas se distinguieron por su destacado izquierdismo (…) tomaron parte directa en el saqueo y asalto de las casas de orden, yendo siempre al frente de las turbas, armadas de hachas y palos”.»
El texto continuaba describiendo los hechos ocurridos en la cárcel de Cieza:
«“Después de hacer mofa y bailar alrededor de ellos, ayudaron a que fueran cargados en un camión y se fueron con ellos hacia el cementerio, siendo las encargadas de llevar la leña con que los referidos cadáveres habían de ser quemados”.»
Finalmente, el tribunal concluía:
«“Los hechos son constitutivos de un delito de adhesión a la rebelión, siendo de apreciar la circunstancia agravante de su perversidad”.»
Y terminaba decretando:
«“Fallamos que debemos condenar y condenamos a Pascuala Marín Martínez y Josefa Martínez Martínez a la pena de muerte”.»
La sentencia fue aprobada el 9 de mayo por el auditor de guerra. El 22 de mayo llegó desde Burgos el “Enterado” firmado en nombre del dictador Franco. Al día siguiente, el gobernador civil fijó la ejecución para la madrugada del 24 de mayo de 1939.
La madrugada del fusilamiento
A medianoche del día 23, Josefa fue sacada de su celda para comunicarle oficialmente la sentencia definitiva.
El sumario recoge que se le ofrecieron “los auxilios de la religión”, entrando en capilla hasta el amanecer. Josefa se negó a firmar la notificación.
Horas después fue conducida a las inmediaciones del cementerio de Espinardo junto a otros dos condenados:
– Alfredo Carrillo Soler, de Abarán.
– Salvador Ruiz Saura, de Santomera.
Los tres fueron fusilados a las 5:30 de la madrugada por un piquete de la Guardia Civil.
Así terminó la vida de Josefa Martínez Martínez.
El hijo de “La Molinera”: la herencia del terror
Pero la represión franquista no terminó con ella.
Su hijo Antonio Martínez Martínez, apodado “El Molinero”, tenía apenas 14 años cuando vio cómo el régimen asesinaba a su madre. Hijo de padre desconocido, pobre y sin alfabetización, quedó marcado desde niño por el estigma de pertenecer a una familia republicana represaliada.
Años después sería detenido, juzgado y condenado en un durísimo proceso penal que evidencia cómo el franquismo no solo fusiló cuerpos: también destruyó generaciones enteras condenadas a la exclusión, la miseria y la marginalidad social.
Memoria frente al olvido
Ochenta y siete años después, recordar a Josefa “La Molinera” no es un gesto simbólico ni una mirada nostálgica al pasado.
Es un ejercicio de memoria democrática frente a décadas de silencio impuesto.
El franquismo utilizó los consejos de guerra como instrumentos de exterminio político. Miles de personas fueron condenadas sin garantías jurídicas reales, mediante procesos sumarísimos donde los rumores, las venganzas personales y la ideología sustituyeron a cualquier principio de justicia.
Las mujeres republicanas sufrieron además una violencia específica: fueron castigadas por sus ideas, por su clase social y también por desafiar el modelo de mujer impuesto por la dictadura.
Recuperar hoy el nombre de Josefa Martínez Martínez significa devolver humanidad a quienes el fascismo intentó borrar de la historia.
Porque frente al olvido impuesto durante décadas, la memoria sigue siendo una forma de justicia.
