Cientos de opositores se rebelan en Murcia contra un sistema de acceso docente que califican de «tómbola»

Cientos de aspirantes al cuerpo de Maestras y Maestros se han concentrado este lunes frente a la Consejería de Educación de la Región de Murcia para denunciar el elevado número de suspensos registrado en la primera prueba de las oposiciones y reclamar un cambio profundo del sistema de acceso a la función pública docente.

La protesta se produce después de que los resultados de la primera fase dejaran fuera del proceso a cerca del 63 % de las personas presentadas, un porcentaje que ha provocado una oleada de indignación entre quienes llevan meses —e incluso años— preparando unas pruebas que consideran excesivamente subjetivas y alejadas de la realidad de la profesión docente.

Durante la concentración, las personas opositoras relataron el enorme esfuerzo personal y económico que supone preparar estas oposiciones. Algunos aspirantes explicaron haber invertido más de dos años de estudio y miles de euros en academias y preparación específica para acabar dependiendo, según denunciaban, del criterio de cada tribunal. «Me he dejado la piel durante dos años para jugármela a la tómbola», resumía uno de los asistentes, reflejando el sentimiento compartido por buena parte del colectivo.

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Las reclamaciones también se centraron en la falta de transparencia del proceso de corrección. Varias personas denunciaron haber recibido modificaciones en sus calificaciones tras solicitar revisiones, sin que ello les permitiera continuar en el proceso selectivo, lo que ha incrementado las dudas sobre los criterios de evaluación aplicados. Entre las principales demandas figura la publicación de criterios homogéneos de corrección, respuestas motivadas a las reclamaciones y una mayor seguridad jurídica durante todo el procedimiento.

A la movilización se sumaron organizaciones sindicales como STERM Intersindical, CCOO y UGT, que coincidieron en señalar que el actual sistema de oposiciones necesita una reforma profunda.

Desde STERM Intersindical lamentan que los resultados vuelvan a poner de manifiesto las deficiencias de un modelo regulado por el Real Decreto 276/2007, cuya derogación reclaman desde hace años. El sindicato considera necesario avanzar hacia un sistema que reduzca el peso de la subjetividad en las pruebas y contemple vías de acceso diferenciadas que permitan responder tanto a quienes acceden por primera vez a la profesión como al personal interino que lleva años sosteniendo la enseñanza pública.

La organización también exige a la Consejería de Educación la máxima transparencia durante el proceso de reclamaciones y recursos de alzada, reclamando que todas las personas aspirantes reciban resoluciones motivadas que garanticen la confianza en el procedimiento.

Otro de los problemas señalados por STERM es la sobrecarga que soportan los tribunales calificadores. Según denuncia el sindicato, algunos han tenido que evaluar hasta 80 aspirantes, una ratio que consideran incompatible con una valoración rigurosa y que obliga a quienes forman parte de los tribunales a asumir jornadas de trabajo inasumibles.

Asimismo, recuerdan que los procesos extraordinarios de estabilización desarrollados en los últimos años han demostrado que existen alternativas al actual modelo y defienden unas oposiciones que realmente contribuyan a estabilizar las plantillas de la enseñanza pública. En este sentido, consideran incomprensible que puedan quedar plazas docentes sin cubrir mientras la Consejería mantiene acuerdos para garantizar todas las líneas de la enseñanza concertada hasta 2030.

Durante la protesta también se reclamó la apertura de un debate estatal para modificar el sistema de acceso a la función pública docente. Las organizaciones presentes coincidieron en que el modelo vigente ha quedado obsoleto y alertaron de que, si no se introducen cambios, la situación podría repetirse en futuras convocatorias, especialmente en las oposiciones masivas previstas para Secundaria.

Por su parte, el consejero de Educación, Víctor Marín, reconoció que el modelo de examen «debe repensarse», aunque recordó que la regulación depende del Ministerio de Educación y deberá abordarse en el marco de la Conferencia Sectorial. La Consejería defiende que en esta convocatoria ya se introdujeron mejoras, como la publicación anticipada de los criterios de evaluación, la opcionalidad en parte de las pruebas o la posibilidad de que cada aspirante pudiera conservar una copia de su examen.

La movilización de este lunes evidencia el creciente malestar de un colectivo que reclama un sistema de acceso más transparente, objetivo y adaptado a la realidad educativa, capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir a la estabilidad de la enseñanza pública.