
Un incendio de grandes dimensiones arrasó durante la noche del lunes el asentamiento del Polígono San Jorge, en Palos de la Frontera (Huelva), destruyendo alrededor de 300 chabolas en las que residían centenares de trabajadores agrícolas migrantes. Aunque no se registraron víctimas mortales ni heridos, el fuego dejó a decenas de familias sin techo y sin sus documentos, ropa, herramientas de trabajo y el resto de sus pertenencias. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del incendio y no descartan ninguna hipótesis.
El siniestro vuelve a poner el foco sobre una realidad que se repite campaña tras campaña en la provincia de Huelva. Miles de temporeros, muchos de ellos en situación de extrema vulnerabilidad, continúan viviendo en asentamientos construidos con madera, plásticos y cartones, sin acceso estable a agua potable, electricidad o saneamiento, pese a que su mano de obra resulta fundamental para la producción agrícola de los frutos rojos, uno de los principales motores económicos de la provincia. Los incendios son recurrentes y el asentamiento de San Jorge ya había sufrido varios fuegos de gravedad en los últimos años.
Tras el incendio, CCOO Huelva reclamó a las administraciones una respuesta «urgente» y denunció que estos sucesos «no son hechos aislados ni inevitables», sino la consecuencia directa de la ausencia de alternativas habitacionales dignas para las personas trabajadoras migrantes. El sindicato advirtió de que la precariedad residencial se ha convertido en un problema estructural que exige medidas coordinadas entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados.
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Por su parte, Adelante Andalucía denunció el «abandono institucional» que, a su juicio, padecen desde hace años las personas que viven en los asentamientos de temporeros de Huelva. La diputada onubense María García reclamó una investigación sobre el origen del incendio y exigió un plan de emergencia para realojar a las personas afectadas, recordando que tragedias como la de Palos de la Frontera «no son una excepción», sino la consecuencia de un modelo que mantiene a cientos de trabajadores agrícolas viviendo en condiciones indignas mientras sostienen uno de los principales motores económicos de la provincia.
También la Fundación Savia exigió una actuación inmediata para garantizar alojamiento de emergencia y una solución definitiva al chabolismo en la provincia. La entidad insistió en que no basta con reconstruir los asentamientos tras cada incendio y reclamó políticas públicas que aseguren un acceso real a una vivienda digna para quienes sostienen buena parte del sector agrícola onubense. Mientras tanto, centenares de personas afrontan los próximos días sin un lugar donde dormir y con la incertidumbre de tener que empezar de nuevo desde cero.













