Un ginecólogo del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca está siendo investigado por una presunta agresión sexual denunciada por una trabajadora de una empresa externa que presta servicios en el complejo hospitalario y que, además, era paciente del facultativo. El caso se encuentra actualmente bajo investigación judicial y administrativa, mientras el profesional permanece en libertad con cargos tras haber pasado a disposición judicial.
Según la información publicada inicialmente por el Diario La Opinión los hechos denunciados se remontan a marzo de 2025, cuando la mujer acudió a una consulta ginecológica en el centro hospitalario. En su denuncia, la trabajadora sostiene que durante la exploración médica el facultativo habría realizado tocamientos que considera ajenos a la práctica clínica necesaria y posteriormente habría intentado besarla sin su consentimiento.
La denunciante logró abandonar la consulta y, según las informaciones conocidas hasta el momento, decidió formalizar la denuncia meses después de los hechos.
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La Policía Nacional inició las correspondientes diligencias de investigación, que continúan abiertas bajo supervisión judicial para determinar el alcance de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades derivadas de los mismos.
El SMS alega haber activado el protocolo tras conocer la denuncia
La Consejería de Salud ha confirmado que la Gerencia del Área I tuvo conocimiento de la situación hace apenas unas semanas, cuando recibió una solicitud de información por parte de la Policía Nacional en el marco de la investigación abierta.
A raíz de esa comunicación, el Servicio Murciano de Salud notificó el caso a su Unidad de Igualdad y activó los mecanismos internos previstos para situaciones de esta naturaleza. Paralelamente, se abrió una investigación administrativa con el objetivo de esclarecer las circunstancias denunciadas.
Fuentes sanitarias han señalado que se ha establecido la prohibición de contacto entre el profesional investigado y la denunciante, aunque por el momento no consta una orden judicial de alejamiento.
Asimismo, la empresa para la que trabaja la denunciante procedió a reubicarla en otra zona del complejo hospitalario para evitar cualquier contacto con el ginecólogo mientras continúan las investigaciones.
En un comunicado oficial, el Servicio Murciano de Salud ha manifestado su rechazo a cualquier conducta impropia dentro del ámbito sanitario y ha reiterado su plena colaboración con la Justicia. Al mismo tiempo, la administración sanitaria subraya la necesidad de respetar tanto los derechos de la denunciante como la presunción de inocencia del profesional investigado.
La vulnerabilidad de las pacientes y trabajadoras en entornos sanitarios
El caso ha provocado preocupación dentro del ámbito sanitario por la doble condición de la denunciante. No se trata únicamente de una paciente que acudía a consulta, sino también de una trabajadora que desarrollaba su actividad profesional dentro del mismo complejo hospitalario donde ejercía el médico investigado.
Expertas en violencia sexual y organizaciones feministas llevan años alertando de las dificultades que afrontan muchas mujeres para denunciar posibles situaciones de abuso cuando existe una relación de autoridad, confianza o dependencia respecto al presunto agresor.
En el ámbito sanitario, esa relación adquiere características especialmente sensibles. Las consultas médicas, y particularmente las ginecológicas, implican situaciones de vulnerabilidad física e intimidad que exigen un estricto cumplimiento de los principios éticos y deontológicos que rigen el ejercicio profesional.
Diversas asociaciones de pacientes han reclamado en numerosas ocasiones el refuerzo de protocolos destinados a garantizar que cualquier actuación clínica quede amparada por criterios de transparencia, información previa y consentimiento informado.
El retraso en la denuncia, una realidad habitual en las agresiones sexuales
Uno de los aspectos que ha generado debate es el tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y la presentación formal de la denuncia.
Sin embargo, profesionales especializados en atención a víctimas recuerdan que el retraso en denunciar constituye una realidad frecuente en casos de violencia sexual. El miedo, la ansiedad, la vergüenza, la incertidumbre sobre las consecuencias laborales o personales y la dificultad para revivir los hechos son factores que pueden influir en la decisión de posponer una denuncia.
Según diversas informaciones publicadas sobre el caso, la trabajadora habría compartido lo ocurrido con personas de su entorno laboral antes de acudir finalmente a la Policía.
Transparencia, protección y garantías
La investigación abierta deberá determinar ahora si existen indicios suficientes para sostener las acusaciones formuladas por la denunciante o si, por el contrario, procede el archivo de las actuaciones.
Mientras tanto, el caso vuelve a situar sobre la mesa un debate que trasciende este episodio concreto: la necesidad de garantizar espacios sanitarios seguros para mujeres y trabajadoras, fortalecer los mecanismos de denuncia y protección frente a posibles abusos y asegurar que cualquier investigación se desarrolle con la máxima transparencia.
La resolución judicial será la que determine finalmente las responsabilidades que pudieran existir. Hasta entonces, el procedimiento deberá avanzar bajo dos principios irrenunciables en una sociedad democrática: la protección efectiva de quien denuncia una posible agresión sexual y el respeto escrupuloso a la presunción de inocencia de la persona investigada.
