Los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Educación de la Región de Murcia para la huelga convocada el próximo 7 de mayo en el primer ciclo de Educación Infantil (0–3 años) suponen una restricción desproporcionada del derecho fundamental a la huelga.
En la reunión de negociación celebrada este lunes 27 de abril, la Administración autonómica ha planteado un dispositivo de servicios mínimos que, en la práctica, mantiene la actividad ordinaria en las escuelas infantiles y aulas de dos años de la CARM. CCOO ha presentado una propuesta alternativa orientada a compatibilizar la atención básica al alumnado con el ejercicio efectivo del derecho a la huelga, pero ha sido rechazada sin argumentación técnica, apelando únicamente a que “son los servicios mínimos aplicados desde hace 30 años”.
Según ha señalado Virginia Olivera, “la imposición de unos servicios mínimos abusivos que limitan el ejercicio efectivo del derecho de huelga no puede desmovilizar al colectivo. Al contrario, refuerza la necesidad de secundar la convocatoria y respaldar las reivindicaciones del ciclo 0–3”.
CCOO considera que la resolución de la Consejería no busca un equilibrio entre derechos, sino que vacía de contenido la huelga al sostener prácticamente la totalidad del servicio, especialmente en una etapa educativa no obligatoria como es el primer ciclo de Infantil.
Los servicios mínimos fijados en las 14 Escuelas Infantiles de titularidad autonómica, se establece la presencia de la dirección junto con una educadora por aula, mientras que en las aulas de dos años de los centros de Educación Infantil y Primaria se fija la asignación de una educadora por aula
Ante esta situación, el sindicato anuncia que interpondrá las acciones legales correspondientes.
Las educadoras infantiles reclaman un cambio estructural en el modelo del ciclo 0–3, que pasa por la reducción de ratios, la implantación de la pareja educativa en el aula, la actualización de la normativa, la incorporación de personal especializado para alumnado con necesidades educativas especiales, una financiación pública suficiente que garantice la gratuidad y la calidad del servicio, así como el reconocimiento profesional y social del sector.
