Diversos colectivos y asociaciones integrados en la red regional LGTBIQ+ de la Región de Murcia, con el colectivo Chrysallis junto al sindicato docente STERM a la cabeza, han denunciado públicamente el incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de derechos del alumnado trans en los centros educativos de la comunidad autónoma. Según advierten, la falta de desarrollo efectivo del artículo 61 de la Ley 4/2023 está dejando a niños, niñas y jóvenes trans en una situación de desprotección estructural dentro del sistema educativo.
La iniciativa, que según indican, parte del sindicato STERM, quien impulsó la elaboración de un protocolo educativo específico e invitó a participar a distintas entidades sociales. El colectivo Chrysallis se sumó activamente al proceso, al que posteriormente se incorporaron asociaciones y colectivos de la red regional LGTBIQ+, configurando un trabajo colectivo de ámbito autonómico.
La alerta se produce tras el registro formal, el pasado 10 de abril de 2026, de una solicitud dirigida a diversas consejerías de la Administración regional para exigir la implementación de un protocolo específico que garantice estos derechos. En paralelo, también se han registrado solicitudes ante las consejerías de Educación e Igualdad para reclamar información sobre el desarrollo normativo en curso, la incorporación del protocolo elaborado y la participación de los colectivos en su diseño. A día de hoy, las organizaciones denuncian que no han recibido respuesta institucional.
Ante este escenario, las entidades han impulsado la elaboración de un Protocolo Educativo Trans para el acompañamiento del alumnado y la atención a la diversidad de género y sexual, que ya ha sido presentado públicamente en Murcia y que comenzará a difundirse en distintos municipios de la región, empezando por Los Alcázares.
El documento plantea medidas concretas para los centros educativos, con el objetivo de avanzar hacia entornos seguros e inclusivos. Entre sus ejes se encuentran el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de informes médicos, la adaptación al nombre sentido en el ámbito educativo, la garantía de confidencialidad y la activación de mecanismos de prevención y actuación frente a situaciones de acoso o discriminación.
Las organizaciones impulsoras subrayan que la legislación es clara. La normativa estatal y autonómica reconoce el derecho del alumnado trans a una educación en igualdad, libre de discriminación, así como la obligación de las administraciones públicas de desarrollar protocolos específicos que garanticen su cumplimiento. Sin embargo, denuncian que en la Región de Murcia estas garantías no se están materializando.
“Estamos ante un incumplimiento flagrante de la ley que tiene consecuencias directas sobre la vida de menores en situación de vulnerabilidad”, señala Javier López Cañavate, vicepresidente del colectivo ¿Lo tienes claro?, que insiste en que la falta de protocolos genera inseguridad jurídica en los centros y expone al alumnado trans a situaciones de violencia, invisibilización y exclusión.
Las entidades también han mantenido reuniones con la Consejería de Educación, que ha trasladado la elaboración de un futuro decreto sobre acoso escolar. No obstante, advierten de que este marco resulta insuficiente si no aborda de forma específica la realidad del alumnado trans, una demanda que consideran ineludible.
El movimiento asociativo recuerda que otras comunidades autónomas ya cuentan con protocolos educativos específicos en esta materia, lo que, a su juicio, evidencia el retraso de la Región de Murcia y la necesidad de actuar para evitar desigualdades territoriales.
“Lo que está en juego no es un debate ideológico, sino derechos fundamentales”, concluye López Cañavate, que anuncian que continuarán con la difusión del protocolo y la movilización social hasta lograr su implementación efectiva en toda la Región de Murcia.
