Las puertas de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca, Alcantarilla y Molina de Segura fueron escenario este jueves por la tarde de concentraciones simultáneas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Vivienda y la Iniciativa Legislativa Popular por el Derecho a la Vivienda Digna. Las protestas, coordinadas en distintos puntos de la Región, pusieron el foco en el deterioro del acceso a la vivienda y señalaron de forma directa la responsabilidad política del Partido Popular en la Comunidad Autónoma y en los principales consistorios.
En Murcia, la lectura del manifiesto corrió a cargo de Juan, en representación del Sindicato de Vivienda, y de José Antonio Vives, por parte de la PAH, quienes trasladaron un diagnóstico compartido: el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión social en la Región.
El texto denuncia que “las clases populares están sufriendo una enorme crisis de acceso a la vivienda”, vinculada tanto a la presión especulativa de fondos de inversión, banca y grandes propietarios como a la “ausencia de políticas públicas eficaces” que garanticen este derecho. En esa línea, los colectivos cargaron contra el PP y Vox en el ámbito regional y municipal por su “inacción sostenida” y por negarse a aplicar herramientas como la declaración de zonas tensionadas de alquiler.
La crítica se extiende también al plano estatal, donde el manifiesto acusa a PP, Vox y JuntsXCat de haber bloqueado la moratoria antidesahucios y de amenazar ahora con tumbar el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado por el Gobierno para permitir la prórroga de contratos de alquiler durante dos años con subidas limitadas al 2% en aquellos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027.
“De rechazarse esta medida, miles de inquilinos podrían enfrentarse a incrementos de entre el 40% y el 50% en sus rentas”, advierten los convocantes, que apelan incluso al coste electoral de esta decisión. Según una encuesta de la consultora Ateneo del Dato, el 73,6% de la población respalda la prórroga de los contratos, un apoyo que también alcanza a votantes del PP (65%) y Vox (60%).
En el ámbito autonómico, el manifiesto describe una situación “insostenible”, marcada por el encarecimiento continuado del alquiler y la imposibilidad de acceso para amplias capas de la población: jóvenes sin capacidad de emancipación, pensionistas con ingresos limitados y trabajadores cuyos salarios no cubren el coste de la vivienda.
Los colectivos sitúan en el centro de la crítica al Gobierno regional de Fernando López Miras, al que acusan de “nueve años de inacción”, así como a los alcaldes del PP en los principales municipios —José Ballesta en Murcia, Noelia Arroyo en Cartagena, Fulgencio Gil en Lorca, José Ángel Alfonso en Molina de Segura y Paqui Terol en Alcantarilla— por no exigir la declaración de zonas tensionadas y promover, en su lugar, desarrollos urbanísticos que, según denuncian, favorecen a grandes intereses inmobiliarios.
Antes de la lectura del manifiesto en Murcia, el portavoz de la PAH, Paco Morote, ya había apuntado en esa dirección. “Los alcaldes están trabajando para los rentistas, la banca y sus partidos en lugar de para sus vecinos”, afirmó, subrayando que los ayuntamientos tienen margen para presionar a la Comunidad Autónoma en la adopción de medidas que limiten la subida de precios.
Morote también alertó del aumento sostenido de los desahucios en la Región y criticó las iniciativas legislativas orientadas a agilizar los desalojos y endurecer los criterios de vulnerabilidad. “Considerar que una familia que ingresa 950 euros no es vulnerable es un disparate que dejará a miles de personas fuera de cualquier protección”, señaló.
El manifiesto concluye con tres ejes de acción: instar a los inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos antes del 28 de abril; exigir la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026 y la declaración de zonas tensionadas en los municipios más afectados; y reclamar la recuperación de medidas de protección frente a desahucios sin alternativa habitacional.
En Alcantarilla, la movilización contó también como en el resto de municipios con el respaldo de la agrupación local de Izquierda Unida-Verdes, que participó en la concentración junto a la concejala independiente Lara Hernández, activistas y vecinas afectadas. Desde la formación denunciaron que la crisis de vivienda “ya no se puede maquillar” y advirtieron de que la situación en el municipio ha alcanzado un punto límite. En ese contexto, señalaron directamente al Gobierno regional y al ejecutivo local del PP, encabezado por Paqui Terol, por su “inacción” ante el problema. IU-Verdes reclamó la adopción inmediata de medidas como la declaración de zonas tensionadas, la protección frente a subidas abusivas del alquiler y la paralización de desahucios sin alternativa habitacional. “No va de palabras bonitas, sino de garantizar derechos”, subrayaron, insistiendo en que el acceso a la vivienda debe dejar de tratarse como un negocio para ser abordado como un derecho efectivo.
“Si la vivienda es un derecho, no puede ser un negocio”, reiteraron los colectivos, que advierten de una intensificación de las movilizaciones si no se producen cambios en las políticas públicas.
