El Consejo de Ministros y Ministras aprobó este martes una nueva regularización extraordinaria que permitirá a miles de personas migrantes salir de la irregularidad administrativa en el Estado español. La medida, que entra en vigor este jueves tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca un punto de inflexión en la política migratoria reciente al ampliar los supuestos de acceso a la residencia y reducir cargas burocráticas.
La nueva normativa consolida avances ya contemplados en borradores previos, pero introduce modificaciones sustanciales que podrían facilitar el acceso a derechos básicos a amplios sectores de población migrante que hasta ahora permanecían en una situación de desprotección jurídica.
Uno de los elementos más relevantes es la creación de un procedimiento preferente para aquellas personas que ya tengan en trámite algún tipo de arraigo. En estos casos, la administración limitará su análisis a dos requisitos esenciales, como son la permanencia en territorio español y la ausencia de antecedentes penales, eliminando obstáculos administrativos que tradicionalmente han ralentizado este tipo de expedientes.
En paralelo, se mantiene el criterio para solicitantes de asilo y protección internacional, quienes podrán acogerse a esta regularización siempre que hayan formalizado su solicitud antes del 31 de diciembre, en línea con lo previsto en versiones anteriores de la propuesta.
La norma articula además tres nuevas categorías de acceso a la residencia. Por un lado, se reconoce el derecho a solicitarla a personas con menores a cargo en España, reforzando la protección de la unidad familiar. Por otro, se habilita la vía para quienes dispongan de una oferta de empleo o manifiesten su intención de emprender como trabajadores autónomos. Finalmente, se incorpora un tercer grupo dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, que podrán acreditarla mediante un informe emitido por entidades del tercer sector registradas como colaboradoras.
En este contexto, el abogado y politólogo Sergio Ramos Ruiz, del despacho Ruiz Abogados, ha valorado la medida como un avance significativo, aunque ha señalado la necesidad de analizar su alcance en detalle. En sus primeras declaraciones, subraya que “buenas noticias, por fin el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva residencia extraordinaria, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado”, al tiempo que indica que su equipo se encuentra examinando el texto “concienzudamente” y detectando “algunas novedades con respecto a los borradores anteriores”.
Asimismo, pone el acento en la simplificación de los procedimientos para personas con trámites ya iniciados, destacando que “una novedad que nos parece fundamental y que se consolida es que a las personas que tengan un arraigo en trámite se les aprobará de forma preferente, analizando únicamente los requisitos de esta residencia: que estén en España y que no tengan antecedentes penales”.
En relación con los distintos perfiles contemplados, Ramos Ruiz detalla que “para el resto de personas se crean tres categorías”, entre las que enumera a quienes tengan menores a cargo en España, aquellas que cuenten con una oferta de trabajo o prevean iniciar una actividad como autónomos, y un tercer grupo que requerirá un informe de vulnerabilidad. Sobre este último punto, precisa que dicho informe “en principio será sencillo” y podrá ser emitido por entidades del tercer sector debidamente registradas.
Desde el ámbito jurídico y social se abre ahora una fase clave de implementación, en la que se pondrá a prueba la capacidad de la administración para gestionar un volumen previsiblemente elevado de solicitudes. Diversas organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes advierten de la necesidad de dotar de recursos suficientes a los procedimientos para evitar retrasos y garantizar la efectividad real de la medida.
La aprobación de esta regularización extraordinaria se produce tras años de presión sostenida por parte de movimientos sociales, sindicatos y entidades que reclamaban una solución estructural para la situación de irregularidad que afecta a cientos de miles de personas en el Estado español. Aunque supone un avance tangible, estos colectivos insisten en que debe interpretarse como un primer paso hacia una reforma más profunda del modelo de políticas migratorias.
