La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de proponer a Yolanda Díaz como candidata a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido presentada como un reconocimiento internacional a la trayectoria de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Sin embargo, la candidatura llega en un momento en el que el proyecto político que ella misma encabezó, Sumar, atraviesa su peor crisis desde su fundación, mientras continúa abierto el debate sobre el alcance real de las reformas laborales impulsadas durante su etapa al frente del Ministerio de Trabajo y sobre la estrategia que llevó a la dirección del PCE a convertirla en su principal referente institucional.
La OIT, organismo especializado de Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente y los derechos laborales, sitúa a su director general entre los cargos mejor remunerados del sistema de la ONU. Aunque la organización no publica el salario exacto, las escalas retributivas permiten estimar que, entre sueldo base, complemento por destino en Ginebra, ayuda para vivienda, gastos de representación y otras prestaciones, la remuneración anual supera ampliamente los 350.000 euros.
De la «ministra comunista» al reconocimiento internacional
La candidatura adquiere un evidente simbolismo político si se recuerda cómo fue presentada Yolanda Díaz durante los primeros años del Gobierno de coalición.
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En 2021, el responsable de Movimiento Obrero del Partido Comunista de España, Ricard A. Juan Escrich, a través de Mundo Obrero, órgano oficial de difusión del partido, definía a Díaz como «una ministra comunista al servicio de la clase trabajadora», reivindicando su papel como principal referencia política del PCE dentro del Ejecutivo y defendiendo que su gestión demostraba la utilidad de la participación comunista en las instituciones.
Aquella apuesta política no fue únicamente una defensa personal de Yolanda Díaz. Formaba parte de una estrategia impulsada por la dirección encabezada por Enrique Santiago, orientada a consolidar la presencia del PCE en el Gobierno y, posteriormente, en el proyecto Sumar, presentado como la nueva referencia política de la izquierda transformadora.
Cinco años después, la posibilidad de que la vicepresidenta pase a dirigir uno de los organismos más relevantes del sistema de Naciones Unidas llega para dar el portazo final a una etapa política, ilustrando los límites de la estrategia socialdemócrata seguida por Sumar tras tomar el relevo a Unidas Podemos y por la dirección del PCE durante su participación en el Gobierno «más progresista de la historia».
El XXI Congreso del PCE y la fractura interna
La discusión sobre Yolanda Díaz no puede entenderse sin analizar la profunda crisis interna vivida por el PCE durante los últimos años.
En el XXI Congreso, celebrado los días 8, 9 y 10 de julio de 2022 en la sede de CCOO en Madrid, bajo el lema «Vamos a por más unidad, democracia y socialismo», la dirección de Enrique Santiago revalidó el liderazgo del partido con un 54% de los apoyos congresuales frente a una candidatura alternativa encabezada por Alberto Cubero, exconcejal en Zaragoza y referente del sector crítico, que obtuvo el respaldo del 46% de los delegados presentes.
Aquella candidatura no se limitó a disputar la dirección orgánica. Planteó un debate de fondo sobre el papel que debía desempeñar el PCE: mantener una estrategia de integración en el Gobierno del PSOE o recuperar una política de independencia de clase y reconstrucción del partido como herramienta revolucionaria.
Tal y como recoge Hojas de Debate, medio impulsado por militantes del sector crítico, en sus análisis ha sostenido que el resultado congresual evidenció una organización profundamente dividida y ha defendido que una parte muy significativa del nuevo Comité Central no compartía plenamente la orientación política de la dirección.
En artículos posteriores, el propio Alberto Cubero y otros dirigentes críticos han insistido en que el PCE debe recuperar un proyecto político propio, abandonar la dependencia estratégica respecto al PSOE y reconstruir una organización capaz de intervenir en los conflictos de la clase trabajadora desde posiciones de independencia política.
Las críticas desde el resto del Movimiento Comunista del Estado Español
La contestación no se limita al interior del PCE. Organizaciones como el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) o los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) llevan años cuestionando la participación del PCE en el Gobierno y su integración en Sumar, al considerar que esa estrategia ha subordinado el proyecto comunista a la lógica de la socialdemocracia.
A estas posiciones se añadió la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), surgida en 2024 tras su ruptura con la Juventud Comunista leal al PCE. La nueva organización justificó la escisión por profundas discrepancias estratégicas con la orientación del partido y defendió la necesidad de reconstruir una organización juvenil comunista independiente tanto del Gobierno como de la estrategia parlamentaria de Sumar.
Aunque cada una de estas organizaciones desarrolla análisis propios y mantiene diferencias entre sí, todas coinciden en cuestionar la línea política impulsada durante la última década por la dirección encabezada por Enrique Santiago.
Un balance laboral muy discutido
El principal capital político de Yolanda Díaz y del proyecto Sumar ha sido la reivindicación de las reformas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral, los ERTE o la denominada Ley Rider han sido presentados por el espacio político de Díaz como la demostración de que es posible mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora mediante la acción institucional y el pacto social.
Sin embargo, ese relato es mas que cuestionable una vez analizado el hecho que las reformas de Yolanda Díaz no han modificado las bases estructurales del mercado laboral español, sino que han contribuido a legitimar un modelo basado en la concertación social con la patronal y la aceptación de los límites fijados por la Unión Europea.
La subida del SMI frente al aumento del coste de la vida
La subida del Salario Mínimo Interprofesional constituye probablemente el principal logro reivindicado por Sumar.
Es innegable que el incremento del SMI ha elevado los ingresos de cientos de cientos de miles de trabajadores con salarios más bajos. Sin embargo, cabe destacar que el encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la electricidad y otros bienes esenciales ha absorbido buena parte de esa mejora.
Mientras el Gobierno presume de récords de empleo y crecimiento económico, millones de asalariados destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler o la hipoteca y viven en una situación de vulnerabilidad permanente. Tener un contrato indefinido ya no garantiza escapar de la pobreza laboral.
Precisamente esa contradicción debe señalarse como una muestra de que la política salarial del Gobierno ha actuado sobre los efectos de la explotación, pero no sobre sus causas.
La reforma laboral y el espejismo del empleo estable
La reforma laboral de 2021 ha sido presentada por Yolanda Díaz como la medida que acabó con la temporalidad en España.
Sin embargo, buena parte de la reducción de la contratación temporal responde al aumento de los contratos fijos discontinuos. Durante sus periodos de inactividad, estos trabajadores no aparecen como desempleados en las estadísticas del paro registrado, sino como demandantes de empleo con relación laboral.
Esta circunstancia ha alimentado un intenso debate sobre el alcance real de los datos oficiales, mientras España continúa situándose entre los países con mayores tasas de desempleo de la Unión Europea y mantiene un modelo económico fuertemente dependiente del turismo, la hostelería y otros sectores estacionales.
Simplemente, la reforma laboral no derogó las reformas impuestas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, sino que consolidó el marco general de flexibilidad laboral construido durante las últimas décadas.
Los ERTE y la concertación con la patronal
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo fueron presentados como el gran «escudo social» durante la pandemia.
Sus defensores sostienen que evitaron millones de despidos y permitieron mantener el tejido productivo durante la crisis sanitaria.
Sin embargo, los ERTE trasladaron al Estado una parte muy importante de los costes laborales de las empresas mediante recursos públicos, mientras los trabajadores asumían una reducción de ingresos y el gran capital preservaba su capacidad económica.
En este sentido, los ERTE constituyeron un ejemplo de concertación social en el que el Estado socializó parte de las pérdidas sin alterar la estructura de poder entre capital y trabajo.
La precariedad continúa
Las limitaciones de las reformas también son evidentes en sectores concretos.
La Ley Rider no ha eliminado, según denuncian colectivos de repartidores, fenómenos como el alquiler de cuentas, la cesión irregular de perfiles, la subcontratación o la utilización de trabajadores migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Las organizaciones de empleadas del hogar continúan denunciando que decenas de miles de mujeres siguen desarrollando su trabajo en la economía sumergida pese a las reformas legales impulsadas por el Ministerio de Trabajo.
La situación tampoco ha cambiado sustancialmente en la ayuda a domicilio. Un informe de UGT Servicios Públicos sitúa la parcialidad en el 63,1 % de la plantilla y señala que el 42,5 % de las auxiliares trabaja con jornadas partidas, una organización del tiempo que dificulta la conciliación y obliga a muchas profesionales al pluriempleo. Aunque los convenios colectivos reconocen que los desplazamientos entre domicilios deben computarse como tiempo de trabajo efectivo, las organizaciones sindicales continúan denunciando incumplimientos, interrupciones excesivas entre servicios, escasas ampliaciones de jornada y compensaciones insuficientes por los desplazamientos, una realidad que ha dado lugar incluso a resoluciones judiciales favorables a las trabajadoras.
De Unidas Podemos a Sumar
La trayectoria de Yolanda Díaz también simboliza la evolución de un proyecto político. La dirigente presentada como «una ministra comunista al servicio de la clase trabajadora» tras ser entronada sin ápice de debate interno por Pablo Iglesias con su salida del Gobierno terminó encabezando Sumar, una plataforma concebida para reorganizar el espacio situado a la izquierda del PSOE tras el declive de la marca Unidas Podemos.
Para sus defensores, Sumar representa una «izquierda útil capaz de alcanzar acuerdos y arrancar mejoras concretas». Para sus detractores, Sumar simboliza la culminación de una estrategia de integración institucional que ha sustituido la independencia política de la clase trabajadora por la gestión del capitalismo en alianza con el PSOE.
El posible desembarco de Yolanda Díaz en la OIT cierra un ciclo político iniciado con su llegada al Ministerio de Trabajo en 2020. Lo que para el Gobierno supone el reconocimiento internacional a una ministra que impulsó reformas laborales relevantes. Para una parte significativa del movimiento comunista organizado representa, en cambio, el fin en el que el denominado «comunismo institucional» terminó plenamente integrado en las estructuras del Estado y de la gobernanza burguesa internacional.
