El diputado de Izquierda Unida, José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado esta mañana frente a la Consejería de Salud la “inacción de la administración regional y la lentitud de la justicia” en el caso de Sara Gómez, la joven cartagenera fallecida en diciembre de 2021 tras una intervención estética en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, que carecía de la autorización sanitaria necesaria para realizar ese tipo de operaciones.
Acompañado por la familia de Sara Gómez, Álvarez-Castellanos ha presentado una batería de ocho iniciativas parlamentarias registradas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Podemos en la Asamblea Regional, que dan continuidad a la moción aprobada el pasado mes de mayo. Estas iniciativas buscan esclarecer las responsabilidades de la Consejería de Salud y exigir el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
“Ante la lentitud de la justicia y la inacción de la administración regional, tenemos que seguir denunciando la injusticia del caso de Sara Gómez. Como en todas las injusticias, las víctimas y sus familiares exigen, con toda la fuerza de la razón, verdad, justicia y reparación”, ha manifestado Álvarez-Castellanos.
El diputado ha querido subrayar la actitud ejemplar de la familia: “Quiero expresar mi admiración y respeto a la familia de Sara por la dignidad con la que están afrontando este proceso. Han colaborado con la justicia y con la administración sanitaria, aportando datos valiosísimos que han permitido destapar unas prácticas quirúrgicas fraudulentas que costaron la vida a su hija, su hermana, su madre. Gracias a ellos hoy conocemos mucho más de lo que ocurrió.”
IU denuncia la falta de inspecciones y la permisividad con el hospital
Entre las cuestiones que Izquierda Unida ha trasladado a la Asamblea Regional, se incluyen varias preguntas dirigidas al consejero de Salud sobre las inspecciones realizadas al Hospital Virgen de la Caridad desde diciembre de 2021, fecha en la que se produjo la operación.
“Sabemos que el hospital no obtuvo la autorización sanitaria hasta el 25 de agosto de 2025, casi cuatro años después de los hechos y solo tras una denuncia de la familia”, ha explicado Álvarez-Castellanos.
El diputado ha recordado que el Decreto 73/2004, que regula la autorización sanitaria de centros y servicios, prevé sanciones y medidas como la suspensión de la actividad o la imposibilidad de concertar servicios públicos. Sin embargo, “nada de eso ha ocurrido: el hospital ha seguido recibiendo fondos públicos, más de 12 millones de euros desde 2021, sin que conste una sola inspección”, ha lamentado.
“El Gobierno regional no puede mirar hacia otro lado. La normativa está para cumplirse, y el dinero público no puede ir a parar a centros que incumplen la ley”, ha añadido Álvarez-Castellanos.
Exigen responsabilidad sobre el anestesista implicado
Izquierda Unida también ha solicitado información al consejero sobre el cumplimiento del acuerdo aprobado por la Asamblea que instaba al Ejecutivo autonómico a inhabilitar al anestesista que participó en la operación, tras conocerse que volvió a ejercer en otro hospital privado suplantando la identidad de otro profesional.
“Queremos saber si se le ha abierto un nuevo expediente y si llegó a cumplir la sanción impuesta por su participación en la intervención de Sara Gómez”, ha explicado el diputado, reclamando “claridad, verdad y cumplimiento estricto de la ley”.
Rubén Gómez, portavoz de la familia, denuncia abandono y corrupción sanitaria
El hermano de Sara, Rubén Gómez, ha hablado en nombre de la familia y ha denunciado la inacción de las autoridades: “Hemos acudido hoy a la Consejería de Salud para denunciar el total desprecio, desamparo y abandono por parte de las autoridades sanitarias de la Región de Murcia hacia nosotros. En Murcia, sale gratis que un hospital privado opere durante años sin licencia sanitaria, acumulando un rastro de sangre con una larga lista de víctimas, incluso mortales, como mi hermana”, ha explicado.
Rubén Gómez ha subrayado que los responsables siguen impunes: “Los trabajadores implicados, como el anestesista, tienen dos expedientes abiertos —uno de ellos resuelto hace dos años que jamás se cumplió—. El otro expediente no sabemos en qué estado está, ni nos informan. Eso tiene un nombre: encubrimiento y prevaricación. Ya no podemos hablar solo de corporativismo sanitario. Tenemos que hablar de corrupción sistemática en la Región de Murcia.”
“Ayer habría sido el cumpleaños de Sara. En vez de celebrarlo, estamos denunciando la absoluta impunidad de quienes permitieron su muerte. Mi hermana fue víctima de una operación ilegal, en un hospital sin licencia, por un cirujano sin habilitación y un anestesista que se hizo pasar por otro. Nadie ha asumido responsabilidades ni pedido perdón”, ha denunciado, visiblemente emocionado.
Sobre la Ley Sara, Rubén Gómez ha confirmado su firmeza: “A pesar de la resistencia de parte del colectivo médico, la Ley Sara se aprobará antes de fin de año. No solo regulará operaciones estéticas, sino cualquier intervención quirúrgica, garantizando que el personal tenga la especialidad habilitante. Será un antes y un después en la sanidad española.”
La familia ha reiterado su compromiso con la búsqueda de justicia y ha pedido al Gobierno regional “que deje de esconder la cabeza y asuma su responsabilidad”.
