Cincuenta años después de que el Estado español abandonara el Sáhara Occidental, el Congreso de los Diputados ha desbloqueado la tramitación de la proposición de ley que permitirá solicitar la nacionalidad española a las personas nacidas en el territorio antes del 26 de febrero de 1976, cuando el Sáhara era todavía una provincia administrada por España.
El acuerdo alcanzado entre PSOE y los partidos pertenecientes a la coalición Sumar permite reactivar una iniciativa que llevaba más de un año paralizada. La Comisión de Justicia debatirá el texto en los próximos días antes de su posible aprobación definitiva en el Pleno.
Sin embargo, el desbloqueo llega marcado por una profunda contradicción política. El mismo PSOE que ahora facilita la tramitación fue quien mantuvo bloqueada la propuesta durante meses y quien, en marzo de 2022, protagonizó el mayor giro de la política exterior española respecto al Sáhara Occidental desde la retirada colonial de 1975.
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Del abandono colonial a la cesión ante Marruecos
En marzo de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta al rey Mohamed VI calificando el plan marroquí de autonomía como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
Aquella decisión rompió con décadas de la posición oficial española, ignoró el consenso mantenido en Naciones Unidas sobre el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y provocó una crisis política sin precedentes.
La carta nunca fue debatida previamente en el Congreso. Tampoco fue consensuada con los socios parlamentarios del Gobierno formado entonces junto a Unidas Podemos.
El cambio fue recibido con satisfacción por Rabat y con profunda indignación por el Frente Polisario, las organizaciones solidarias, amplios sectores del movimiento internacionalista y buena parte de la doctrina especializada en Derecho Internacional, que consideró aquella decisión una renuncia a las responsabilidades históricas y jurídicas de España como antigua potencia administradora del territorio.
Una ley que el PSOE mantuvo congelada
La proposición de ley fue registrada por Sumar con el objetivo de reconocer la nacionalidad española a quienes nacieron bajo administración española.
Paradójicamente, fue el propio PSOE quien rechazó inicialmente su tramitación y posteriormente mantuvo bloqueado el procedimiento parlamentario durante meses.
Solo tras intensas negociaciones y la creciente presión política el grupo socialista ha aceptado desbloquear la iniciativa.
Mientras tanto, representantes de Sumar denunciaron reiteradamente que la paralización respondía al temor del Gobierno a deteriorar sus relaciones con Marruecos.
La diputada Tesh Sidi, nacida en un campamento de refugiados saharauis de Tinduf en Argelia y una de las principales impulsoras de la iniciativa, ha defendido reiteradamente que el reconocimiento de la nacionalidad constituye un acto mínimo de reparación hacia un pueblo abandonado por la antigua potencia colonial.
Una reparación parcial que no sustituye la autodeterminación
Las organizaciones saharauis llevan años recordando que la nacionalidad española no resuelve el conflicto del Sáhara Occidental.
El núcleo del problema continúa siendo la ocupación de gran parte del territorio por Marruecos y el incumplimiento sistemático de las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro mediante un referéndum de autodeterminación.
La futura ley supone, en todo caso, un reconocimiento jurídico hacia miles de personas que nacieron siendo administrativamente españolas y que quedaron desprotegidas tras la retirada del Estado español en 1976.
Es, por tanto, una medida reparadora, pero claramente insuficiente para cerrar una herida abierta desde hace cinco décadas.
La responsabilidad histórica sigue pendiente
El desbloqueo de esta ley constituye un avance para miles de familias saharauis. Sin embargo, resulta imposible desligarlo de la responsabilidad política del propio PSOE, que primero bloqueó la iniciativa y que continúa sosteniendo una política exterior favorable a los intereses estratégicos de Marruecos iniciada con el giro de 2022.
Reconocer hoy la nacionalidad a quienes nacieron bajo bandera española no borra el abandono colonial del franquismo en 1975 ni la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez de alinearse con Rabat, una posición que sigue siendo rechazada por el Frente Polisario, por numerosas organizaciones de solidaridad y por amplios sectores del movimiento popular.
Mientras el Estado español no rectifique su respaldo al plan marroquí y vuelva a defender sin ambigüedades el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, cualquier avance legislativo seguirá siendo un parche parcial.
Porque la cuestión de fondo continúa intacta: el Sáhara Occidental sigue siendo, para Naciones Unidas, un territorio pendiente de descolonización y el pueblo saharaui continúa esperando que se haga efectiva la legalidad internacional que España contribuyó a quebrar hace ya cincuenta años.
