La Justicia ha asestado un duro golpe a la política de opacidad del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 ha estimado íntegramente el recurso presentado por el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, y ha declarado ilegal la negativa del Consistorio a entregar el estudio de riesgo sísmico del municipio, elaborado por la Universidad de Almería y financiado con 118.580 euros de dinero público.
La sentencia no solo obliga al Ayuntamiento a facilitar íntegramente el estudio y todos sus anexos, sino que desmonta uno por uno los argumentos utilizados durante más de cinco años para impedir que la ciudadanía conociera un documento de enorme trascendencia para la seguridad colectiva, el urbanismo y la planificación territorial.
El fallo judicial anula el decreto firmado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, responsable de denegar reiteradamente el acceso a la documentación, y deja claro que la Administración actuó vulnerando la legislación sobre transparencia.
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Cinco años ocultando un informe público
El estudio fue entregado al Ayuntamiento el 5 de febrero de 2020. Sin embargo, desde entonces permaneció oculto bajo el argumento de que se trataba de un documento «en elaboración», una excusa que el magistrado rechaza de forma tajante al constatar que el trabajo estaba completamente finalizado.
Ni siquiera cuando Huermur acudió a los tribunales cambió la actitud del gobierno municipal. Durante el proceso judicial, el Ayuntamiento siguió defendiendo la legalidad de su negativa e intentó cerrar el procedimiento publicando únicamente parte del informe cuando el litigio ya estaba en marcha.
La respuesta del juez resulta demoledora: recuerda que una publicación tardía y unilateral no puede reparar una vulneración del derecho de acceso a la información pública y advierte de que aceptar semejante práctica supondría dejar el control judicial al arbitrio de la propia Administración.
También fracasa el intento municipal de justificar la ocultación alegando razones de seguridad pública. La sentencia concluye que el Ayuntamiento nunca acreditó que la difusión del estudio pudiera poner en riesgo la seguridad ciudadana y recuerda que la legislación permite proteger los datos sensibles sin necesidad de esconder el resto de la documentación.
Recursos públicos para sostener el oscurantismo
Desde Huermur consideran que la resolución supone un severo varapalo para una gestión basada en la ocultación de información financiada con dinero de todos.
La asociación denuncia que el Ayuntamiento no solo escondió durante años un estudio científico costeado con fondos públicos, sino que además destinó tiempo de funcionarios, recursos administrativos y servicios jurídicos para intentar justificar judicialmente esa ocultación, obligando a la ciudadanía a acudir a los tribunales para ejercer un derecho reconocido por la ley.
Para la entidad, resulta especialmente grave que una Administración pública emplee recursos del erario no para garantizar la transparencia, sino para impedirla.
Transparencia frente al poder
El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha señalado que la sentencia «pone fin a cinco años de opacidad institucional sobre un estudio que afecta directamente a la seguridad de los murcianos y al futuro urbanístico del municipio», subrayando que la Justicia ha confirmado que el Ayuntamiento actuó al margen de la legislación sobre transparencia.
La asociación reclama ahora que la alcaldesa, Rebeca Pérez, exija responsabilidades políticas al concejal de Emergencias y garantice que el Ayuntamiento dejará de obstaculizar el acceso a la información pública mediante interpretaciones torticeras de la ley.
¿Qué ocultaba el Ayuntamiento?
La entrega íntegra del estudio permitirá ahora conocer las conclusiones científicas que el Consistorio conocía desde hace años sobre la peligrosidad sísmica del municipio, la vulnerabilidad de la población y las implicaciones que estas evaluaciones pueden tener sobre el planeamiento urbanístico desarrollado durante todo este tiempo.
Huermur anuncia que analizará exhaustivamente toda la documentación para comprobar si las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento respetaron las conclusiones técnicas del propio informe encargado por la Administración.
Porque cuando se oculta información pública que afecta a la seguridad colectiva, lo que está en juego no es únicamente el derecho a saber: está en cuestión la forma en que se toman decisiones que condicionan el territorio, el modelo urbanístico y la protección de miles de vecinos.
La sentencia marca así un precedente de enorme relevancia frente a una práctica demasiado habitual en muchas administraciones: convertir la transparencia en una concesión política cuando, en realidad, constituye un derecho democrático irrenunciable.
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