Un nuevo episodio de polémica salpica a Vox en el Ayuntamiento de Murcia. El concejal ultra, Fernando Sánchez-Parra ha sido denunciado por la Policía Local tras ser sorprendido portando un spray de gas pimienta, un arma cuya tenencia y exhibición están restringidas por la legislación vigente, después de que un aparcacoches denunciara haber sido amenazado con dicho dispositivo.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes en el entorno de la calle Puerta Nueva, una zona de ocio nocturno donde son frecuentes los conflictos derivados de la convivencia entre vecinos, clientes de locales y personas que ejercen labores informales de vigilancia de vehículos. Según fuentes policiales, agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) acudieron al lugar tras ser requeridos por un ciudadano que afirmó haber sido intimidado por un joven que portaba un spray de defensa.
Tras la intervención policial, los agentes identificaron al edil de Vox y procedieron a la incautación del aerosol. La actuación derivó en una denuncia administrativa por una presunta infracción grave contemplada en el artículo 36.10 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sanciona la portación, exhibición o utilización de armas prohibidas o su uso de manera intimidatoria. Las sanciones previstas oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.
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La gravedad política del caso no reside únicamente en la posible infracción administrativa, sino en el mensaje que transmite un cargo público al portar un arma prohibida en un espacio público y en un contexto de conflicto ciudadano. Mientras las administraciones reclaman convivencia y respeto a la legalidad, resulta especialmente preocupante que un representante institucional pueda verse implicado en hechos relacionados con la intimidación y el uso de instrumentos de defensa fuera de los cauces legalmente establecidos.
Lejos de tomar distancia, Vox ha cerrado filas en torno a su concejal. El portavoz municipal de la formación, Luis Gestoso, defendió públicamente a Sánchez-Parra a través de redes sociales, asegurando que actuó frente a una persona a la que calificó de “delincuente” y que, según su versión, continúa ejerciendo como aparcacoches informal en la zona.
Sin embargo, organizaciones vecinales y colectivos sociales vienen denunciando desde hace años la creciente normalización de discursos de confrontación y seguridad punitiva que señalan a personas vulnerables o migrantes como chivos expiatorios de problemas complejos de convivencia urbana. El incidente reabre el debate sobre la responsabilidad ejemplar que debe exigirse a los representantes públicos y sobre el uso de la seguridad como herramienta de confrontación política.
A la espera de la resolución del expediente sancionador y del esclarecimiento completo de los hechos, el caso vuelve a situar bajo los focos la conducta de un cargo electo cuya actuación está llamada a someterse a un escrutinio público especialmente exigente.
