El Gobierno regional del Partido Popular, presidido por Fernando López Miras, continúa incumpliendo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática al mantener en la Región de Murcia diversos centros educativos con nombres vinculados al franquismo y a figuras que participaron activamente en la represión de la dictadura. Así lo denunció en el Pleno de control de la Asamblea Regional el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos, quien preguntó al consejero de Educación por las razones que explican que institutos y colegios públicos sigan conservando estas denominaciones a pesar de la obligación legal de retirarlas.
Durante su intervención, Álvarez-Castellanos citó varios centros educativos de la Región que mantienen nombres asociados a dirigentes o personalidades vinculadas al régimen franquista, entre ellos el IES José Ibáñez Martín de Lorca, el IES Diego Tortosa de Cieza, el IES Ruiz de Alda de San Javier, el IES Juan de la Cierva de Totana, el Ingeniero de la Cierva de Patiño o los colegios José Antonio de Fuente Álamo, Nicolás de las Peñas de Murcia y José María de la Puerta de Cartagena.
El parlamentario de izquierdas centró buena parte de su intervención en la figura de José Ibáñez Martín, ministro de Educación entre 1939 y 1951 y uno de los principales responsables de la depuración ideológica del magisterio republicano tras la Guerra Civil. Álvarez-Castellanos recordó que bajo su mandato miles de docentes fueron expulsados de la enseñanza, trasladados forzosamente, suspendidos de empleo y sueldo o inhabilitados, mientras numerosos expedientes disciplinarios derivaban en procesos penales que terminaron incluso en fusilamientos. En la Región de Murcia, recordó, once maestros fueron ejecutados por la represión franquista.
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El diputado de IU subrayó además que la Ley de Memoria Democrática no deja margen a la interpretación política. Citando el artículo 35 de la norma, recordó que las referencias en las denominaciones de centros públicos a la sublevación militar, la dictadura o sus responsables son consideradas elementos contrarios a la memoria democrática y que las administraciones públicas «adoptarán» las medidas necesarias para su retirada, una obligación legal que, a su juicio, el Ejecutivo autonómico está ignorando deliberadamente.
Frente a ello, el consejero de Educación Víctor Marín evitó comprometerse con la retirada de estos nombres y defendió la permanencia de algunos de ello, como el caso de Juan de la Cierva, apelando al supuesto consenso alcanzado en determinadas comisiones municipales de memoria histórica y al carácter científico o social de algunas figuras. Una respuesta que para IU supone una nueva muestra de la negativa del Gobierno regional a cumplir una ley estatal de obligado cumplimiento.
Álvarez-Castellanos reprochó al Ejecutivo autonómico que se escude en interpretaciones políticas y en acuerdos locales para eludir sus responsabilidades legales. «La ley no dice que las administraciones podrán actuar; dice claramente que adoptarán las medidas oportunas para retirar estos elementos», recordó durante su intervención.
Según indicó el parlamentario de izquierdas, mantener en centros educativos públicos nombres asociados a responsables de la represión franquista supone una falta de respeto hacia las víctimas de la dictadura y un incumplimiento de los principios democráticos que deben presidir la educación pública. La formación exige al Gobierno de López Miras que abandone la inacción, cumpla la legislación vigente y proceda a retirar de manera efectiva todas las denominaciones contrarias a la memoria democrática que todavía perviven en la Región de Murcia.
 exige el cumplimiento del artículo 35.2 de la Ley de Memoria Democrática y denuncia la inacción del Gobierno regional.){kind=link}