La comunidad musulmana de Jumilla ha vuelto a celebrar este año el rezo del Eid al-Adha en condiciones marcadas por la exclusión institucional y la resignación forzada, después de que el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular mantenga en la práctica el veto impulsado por Vox contra las celebraciones islámicas en espacios municipales.
Entre las 7:30 y las 8:30 horas de esta mañana se ha producido el momento de máxima afluencia durante la celebración de la Fiesta del Sacrificio, una de las fechas más importantes del calendario musulmán. Sin embargo, lejos de facilitar un espacio digno y adecuado para el rezo colectivo, el consistorio ha vuelto a relegar a cientos de personas a espacios improvisados y claramente insuficientes.
Aunque desde el Ayuntamiento se sostiene públicamente que la comunidad musulmana “está a gusto” con la ubicación escogida y que “ha sido una petición propia”, fuentes cercanas a la organización desmienten esa versión y aseguran que la realidad es muy distinta: “Es la única opción que les dieron y no han querido moverse de ahí para evitar conflictos y no hacer ruido”.
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La situación resulta especialmente humillante para las mujeres musulmanas. Mientras hombres y mujeres rezan tradicionalmente separados, este año ellas han sido desplazadas a un espacio reducido y apartado junto a la zona destinada a las perreras de los perros de la Policía Local, un emplazamiento que evidencia el trato marginal que sigue recibiendo esta comunidad religiosa en el municipio.
Fuentes consultadas subrayan que el problema no es la separación habitual entre hombres y mujeres durante el rezo, sino las condiciones indignas impuestas por el Ayuntamiento. “Si estuvieran en el polideportivo, aunque hubiera distancia entre ambos espacios, todos estarían rezando en un mismo lugar y en condiciones dignas”, señalan.
La escena se produce apenas un año después de que Vox promoviera en el Pleno municipal una ofensiva política contra las celebraciones islámicas en espacios públicos, una iniciativa que acabó siendo asumida parcialmente por el Partido Popular mediante la modificación del reglamento de uso de instalaciones deportivas municipales. Aquella decisión convirtió a Jumilla en símbolo nacional de la islamofobia institucional y provocó críticas de organizaciones sociales, entidades islámicas, juristas e incluso de la Conferencia Episcopal Española.
Lejos de corregir aquella deriva, el Ayuntamiento continúa gestionando las celebraciones musulmanas desde la lógica de la excepcionalidad y el desplazamiento, mientras la comunidad afectada evita elevar el tono para no alimentar una confrontación política que ya sufrió en primera línea el pasado año.
Porque en Jumilla el problema ya no es únicamente dónde se reza, sino el mensaje político que se transmite sobre quién tiene derecho a ocupar el espacio público con normalidad y quién debe conformarse con los márgenes.
