Trabajadoras y trabajadores de centros de protección y reforma de menores de la Región de Murcia, junto a representantes sindicales de UGT, CCOO y USO, se han concentrado esta mañana a las puertas de la Asamblea Regional para exigir la aplicación inmediata del V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, mientras en el interior del parlamento autonómico se debatía la moción presentada por Izquierda Unida-Verdes en apoyo al sector.
Durante la protesta, los representantes sindicales han denunciado que más de 1.200 profesionales que trabajan con menores en situaciones de extrema vulnerabilidad continúan percibiendo salarios “miserables”, en muchos casos apenas por encima del Salario Mínimo Interprofesional, pese a que el nuevo convenio estatal contempla mejoras salariales destinadas a paliar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años.
Rodrigo Hita Fernández, delegado de UGT en el sector de protección de menores, ha denunciado que “entre la administración y las entidades han decidido que nuestro trabajo no merece que se nos pague conforme al propio convenio colectivo”. Según ha explicado, el nuevo convenio contemplaba incrementos salariales de alrededor de 150 euros mensuales este año y de hasta 300 euros el próximo, mejoras que “iban a compensar, en cierta medida, todo el poder adquisitivo perdido”.
Canal oficial
Diario La Protesta — Telegram
Noticias al instante, sin censura ni algoritmos.
Hita ha subrayado la enorme responsabilidad que asumen diariamente las plantillas de protección y reforma: “Trabajamos con niños y niñas abandonados por todo el mundo, sosteniendo realidades muy duras, y ese trabajo no se ve recompensado por ningún lado”. Además, ha advertido de la continua fuga de profesionales hacia otros sectores debido a las condiciones económicas: “La gente se está teniendo que ir porque no pueden sostener a sus propias familias”.
Desde CCOO, David Meca Calderón, presidente de la Asociación de Trabajadores del Sector de Protección y Reforma de la Región de Murcia, ha denunciado el modelo de externalización implantado por la administración autonómica y ha cuestionado que la gestión privatizada de los centros se utilice para “reducir costes” a costa de las condiciones laborales.
“El sueldo de un educador social, que es el tramo más alto de la tabla salarial, ronda los 1.263 euros”, ha explicado. “Con ese salario no puedes mantener una familia”. Meca ha insistido en que quienes trabajan en el sector atienden a menores tutelados, retirados de sus familias por entornos desfavorables o sometidos a medidas judiciales, y ha reclamado “salarios dignos que permitan llegar a fin de mes”.
Por su parte, Manuel Sánchez Juárez, educador del Centro Educativo Las Moreras y representante de USO, ha señalado que en la Región de Murcia “no se está aplicando el V Convenio Nacional en muchos programas sometidos a concierto social”, denunciando situaciones “realmente dramáticas” entre las plantillas.
Sánchez ha advertido además de las consecuencias directas que la precariedad tiene sobre los menores atendidos: “La estabilidad de las plantillas se ve muy afectada y eso repercute directamente sobre los referentes adultos válidos que los menores adquieren”. Según ha explicado, la continua marcha de profesionales rompe vínculos emocionales y educativos fundamentales para el desarrollo de niños y adolescentes que ya arrastran experiencias de abandono y exclusión.
La concentración ha contado también con el apoyo de Penélope Luna, coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, quien ha acompañado a las trabajadoras y trabajadores junto a los sindicatos mientras se debatía la moción en el interior de la Asamblea Regional.
A través de sus redes sociales, Luna ha defendido que las reivindicaciones del sector “hablan de algo tan básico como que se cumpla el V Convenio Colectivo” y ha denunciado que muchos profesionales “cobran apenas por encima del salario mínimo” pese a desempeñar una labor esencial con menores en situaciones extremadamente complejas.
Desde Izquierda Unida-Verdes han reiterado su respaldo a las reivindicaciones sindicales y han defendido la necesidad de garantizar salarios dignos, estabilidad en las plantillas y el fin de la “incertidumbre permanente” que sufren las personas trabajadoras de un servicio considerado esencial para la protección de la infancia y la adolescencia en la Región de Murcia.
También te puede interesar:
