El movimiento por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia, integrado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Vivienda de Murcia y las organizaciones impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular por el Derecho a la Vivienda en la Región de Murcia, ha llamado a la ciudadanía a movilizarse esta tarde, a las 19:30 horas, frente a los ayuntamientos de los municipios con el mercado del alquiler más tensionado de la región.
La convocatoria fue presentada en rueda de prensa por representantes del movimiento, entre ellos Paco Morote, portavoz de la PAH; Jorge Lucena, afiliado del Sindicato de Vivienda de Murcia; y Pedro Jesús Martínez, miembro de la Asamblea de Pensionistas de Molina de Segura, quienes coincidieron en describir un escenario de emergencia habitacional que golpea con especial dureza a las clases populares.
Durante la comparecencia, Morote alertó de que la situación no deja de agravarse en un contexto en el que “no hace falta incidir demasiado en el problema de acceso a la vivienda”, pero sí en sus consecuencias más inmediatas, al señalar que “se ha disparado la cifra de desahucios en nuestra región como consecuencia del rechazo al escudo social que protegía mínimamente frente a ellos”. En esa misma línea, vinculó el aumento de los lanzamientos con la decisión de PP, Vox y JuntsXCat de tumbar la moratoria antidesahucios, una medida que, según el manifiesto, ha contribuido a intensificar “una violación de derechos humanos y el sufrimiento que provoca”.
El encarecimiento abusivo del alquiler fue otro de los ejes centrales de la comparecencia. Desde el sindicato, Lucena contextualizó el impacto del nuevo Real Decreto-ley 8/2026, subrayando que su aplicación puede ofrecer cierto alivio inmediato, ya que, según explicó, “va a ayudar a muchísimas inquilinas porque les da la tranquilidad de que no las van a poder echar de su casa por subidas excesivas del alquiler”. Sin embargo, matizó el alcance de la medida al considerar que “es un parche muy pequeño a todo el sufrimiento que está causando el rentismo capitalista”, insistiendo en la necesidad de transformaciones estructurales.
En ese sentido, el propio Lucena vinculó la movilización de esta tarde con la necesidad de señalar responsabilidades políticas, al advertir que “estos cómplices políticos del lobby inmobiliario tienen que decidir si están al lado de la mayoría social o de los fondos buitres”, en referencia al voto pendiente en el Congreso sobre la convalidación del decreto.
Desde una perspectiva social más amplia, Pedro Jesús Martínez puso el foco en el impacto generacional y en las carencias estructurales del sistema, al lamentar que “los jóvenes y la gente en general no pueden acceder a la vivienda” y defender que la respuesta pasa inevitablemente por la presión social, ya que, a su juicio, “solo la movilización será capaz de hacer que las administraciones tomen medidas serias”.
Martínez también incidió en la falta de planificación pública en municipios como Molina de Segura, donde, según expuso, serían necesarias miles de viviendas en los próximos años sin que exista un plan real para cubrir esa demanda.
El manifiesto conjunto sitúa esta crisis en el marco de una dinámica de especulación impulsada por grandes tenedores y respaldada, según denuncian, por decisiones políticas concretas. Las organizaciones critican que, mientras los precios continúan al alza y dificultan la emancipación de jóvenes o la estabilidad de pensionistas y trabajadores, las administraciones regionales y locales no han activado herramientas como la declaración de zonas tensionadas, que permitiría contener los alquileres.
Morote reforzó esta idea al apelar incluso a la base electoral de los partidos señalados, recordando que una amplia mayoría social respalda medidas de contención de precios y advirtiendo que “tienen una alternativa: o votar a favor de los especuladores o votar a favor de la gente manteniendo este decreto”. En ese mismo sentido, defendió que, aunque la norma es limitada, su aprobación resulta imprescindible en el contexto actual.
La movilización de esta tarde se enmarca, además, en una estrategia de presión sostenida. Los portavoces avanzaron que el movimiento por la vivienda trabaja ya en nuevas convocatorias a finales de mayo o principios de junio con el objetivo de forzar un giro en las políticas públicas. Mientras tanto, hacen un llamamiento directo a los inquilinos con contratos próximos a vencer para que ejerzan su derecho a solicitar la prórroga, insistiendo en que no deben ceder ante posibles presiones.
Las diversas partes concluyeron con una reivindicación compartida por todas las organizaciones convocantes, que resume el eje político de la protesta al defender que “si la vivienda es un derecho, no puede ser un negocio”, una idea que, según subrayaron, debe traducirse en medidas concretas que garanticen el acceso real a un derecho básico reconocido constitucionalmente.
