Una familia compuesta por cuatro personas, entre ellas un hijo mayor de edad, ha sido desahuciada esta mañana en la pedanía murciana de El Palmar tras residir durante 14 años en la vivienda. La ejecución del lanzamiento, llevada a cabo por Caja Rural Central, ha dejado a los afectados sin alternativa habitacional inmediata.
José Antonio, uno de los afectados, relata que accedió al inmueble mediante un alquiler con el anterior propietario, quien posteriormente perdió la vivienda ante la entidad bancaria. “Yo este piso llevo allí 14 años. Se lo alquilé a un señor, le estuve pagando a él. El piso se lo ha quitado el banco a este señor. Yo como lo tenía alquilado, el banco se ha liado hasta que me ha echado a mí”, explica.
Según su testimonio, la familia trató de regularizar su situación con la entidad financiera para continuar en la vivienda en régimen de alquiler, sin éxito. “Con el abogado tratando de que me lo alquilaran, que me pusieran un alquiler… no hay forma”, lamenta.
El desahucio se ha ejecutado esta misma mañana, con el cambio de cerradura incluido, dejando a la familia literalmente en la calle. “No tenemos dónde ir. Claro, estamos en la calle”, afirma José Antonio. La urgencia ahora es encontrar un lugar donde pasar la noche, “Tenemos que buscar ahora algo para dormir porque somos cuatro y todo está muy caro”.
Los afectados también denuncian la falta de soluciones por parte de los servicios sociales. “Lo único que nos han dicho es que me buscara la vida”, señala, subrayando las dificultades económicas que han impedido acceder a otra vivienda en el actual contexto de precios elevados.
Por su parte, Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha denunciado la actuación de la entidad financiera y el contexto político que, a su juicio, agrava este tipo de situaciones. “Caja Rural Central, una entidad que se presenta a nivel publicitario como social, está desahuciando a personas en clara situación de vulnerabilidad, una de ellas pensionista de invalidez y otra con discapacidad reconocida”, afirma.
Morote acusa directamente a las entidades financieras de “poner a la gente en la calle para conseguir beneficio económico con la vivienda” y vincula el aumento de los desahucios a decisiones políticas recientes. “Esta situación hay que agradecérsela al Partido Popular, a Vox y a Junts per Catalunya, que han tumbado en dos ocasiones el leve escudo social que protegía frente a los desahucios”, sostiene.
La coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, tras conocer el caso, ha denunciado también la situación de vulnerabilidad en la que quedan numerosas familias tras la eliminación del escudo social, responsabilizando directamente a PP, Vox y Junts por su rechazo en el Congreso a la prórroga de estas medidas de protección. Luna ha vinculado este desahucio con otros recientes en la Región de Murcia, como el caso de Antonia en Alcantarilla, subrayando que “no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de decisiones políticas que han dejado sin protección a miles de familias trabajadoras y vulnerables”, y ha exigido la recuperación inmediata de mecanismos de blindaje habitacional y la intervención pública para garantizar alternativas dignas.
Desde la PAH anuncian nuevas acciones de protesta para denunciar estos hechos y exigir soluciones habitacionales. La organización ha convocado una concentración este viernes a las 11:30 horas frente a la sede de Caja Rural Central en Murcia, situada en la calle Jaime I, número 4.
“El derecho a la vivienda está siendo vulnerado sistemáticamente mientras se prioriza el negocio”, concluye Morote, quien llama a la movilización ciudadana ante el incremento de desahucios en los últimos meses.
