El Sindicato de Inquilinas irrumpe en un acto de la Ministra de Vivienda para denunciar la inacción del gobierno ante el desahucio de Maricarmen

Militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid han protagonizado este lunes una acción de protesta durante la intervención de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en el Foro Inmobiliario 360º celebrado en Madrid. La acción tenía como objetivo denunciar la falta de medidas efectivas para frenar el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años del distrito de Retiro, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 24 de junio.

Durante la protesta, las activistas interpelaron directamente a la ministra para exigir soluciones inmediatas y reprochar la distancia existente entre los discursos institucionales sobre el derecho a la vivienda y la realidad que viven miles de personas amenazadas por el desalojo. «Se les llena la boca de palabras, pero cuando hay que pasar a los hechos, lo único que hacen es mandar a la policía», denunció el Sindicato de Inquilinas a través de sus canales públicos.

La organización sostiene que el caso de Maricarmen se ha convertido en un símbolo de una crisis habitacional que golpea especialmente a las personas mayores, a las familias trabajadoras y a quienes no pueden asumir los precios impuestos por el mercado inmobiliario. La vecina madrileña, que lleva décadas residiendo en su vivienda, afronta un nuevo intento de desahucio pese a la creciente presión social y al respaldo de organizaciones vecinales y movimientos por el derecho a la vivienda.

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La protesta se produce apenas unos días después de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas reclamara al Estado español la paralización cautelar del desahucio o, en su defecto, la garantía de una alternativa habitacional adecuada mientras analiza el fondo del caso. Para el Sindicato de Inquilinas, esta intervención internacional evidencia el fracaso de las administraciones públicas para proteger a una persona en situación de vulnerabilidad.

«Cada rentista culpable y cada político responsable deben saber que enfrente tendrán organización y desobediencia inquilina», señalan desde el colectivo, que acusa tanto al Gobierno central como a las administraciones competentes de no ofrecer una solución real a la situación de Maricarmen.

La organización ha anunciado que intensificará las movilizaciones durante los próximos días para impedir el desahucio previsto para el 24 de junio. Bajo el lema «Maricarmen se queda», el movimiento por la vivienda prepara nuevas acciones de presión política y social con el objetivo de evitar lo que consideran un ejemplo paradigmático de expulsión residencial en beneficio de intereses especulativos.

Desde el Sindicato de Inquilinas insisten en que el problema trasciende un caso individual y refleja una emergencia habitacional cada vez más extendida. «No estamos ante una excepción, sino ante el resultado de un modelo que protege la rentabilidad de unos pocos por encima del derecho a la vivienda de la mayoría», concluyen