La mediación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Murcia logró este viernes aplazar hasta el próximo 10 de julio el desahucio de una familia con dos hijos menores y perceptora del Ingreso Mínimo Vital, que iba a ser desalojada de una vivienda situada en la calle Antonio Abellán Abellán, en el barrio de La Paz.
La PAH había lanzado una convocatoria urgente durante la tarde del jueves para intentar evitar que la familia quedara en la calle sin ninguna alternativa habitacional. A primera hora de la mañana se desplazaron hasta el lugar el mediador de la plataforma, José Antonio Vives, varios integrantes del colectivo Yay@flautas Murcia, además de un reducido grupo de vecinos y familiares, coincidiendo con la llegada de la comisión judicial, acompañada por agentes de la Policía Local y la representación de la propiedad.
Tras la mediación desarrollada sobre el terreno, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el que el lanzamiento queda aplazado durante quince días. La familia se ha comprometido a abandonar voluntariamente la vivienda el próximo 10 de julio.
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En declaraciones a La Protesta Diario, José Antonio Vives explicó que el objetivo de la PAH no era impedir indefinidamente el desahucio, sino «ganar unos días» para una familia que carece por completo de alternativa habitacional. «El verdadero problema es que no tienen dónde ir», afirmó, recordando que se trata de una vivienda propiedad de un particular y no de un gran tenedor, circunstancia que impide acogerse a las medidas extraordinarias de suspensión previstas para otros supuestos.
El mediador quiso dejar claro que en este caso no existe un enfrentamiento entre una familia vulnerable y un fondo de inversión, sino una situación compleja en la que también concurren los derechos de la propietaria. Según explicó, ésta lleva años intentando recuperar su vivienda, necesita disponer de ella y finalmente accedió a conceder una prórroga de quince días, acuerdo que quedó firmado por ambas partes y sus respectivos abogados.
Sin embargo, Vives advirtió de que el aplazamiento únicamente retrasa un problema que sigue sin resolverse. «Ahora tienen que acudir a los Servicios Sociales, buscar ayuda entre familiares o encontrar cualquier alojamiento provisional porque, sencillamente, no existe ninguna alternativa», lamentó.
El activista de la PAH aprovechó para denunciar la insuficiencia de recursos públicos destinados a afrontar la emergencia habitacional que vive el municipio de Murcia. Según aseguró, «el Ayuntamiento no dispone de viviendas suficientes» y cada vez son más las familias que esperan una solución mientras aumentan los casos de vulnerabilidad extrema. A su juicio, los profesionales municipales realizan «auténticos milagros», pero trabajan sin herramientas suficientes para responder a una demanda creciente.
Para Vives, la solución no puede limitarse a la construcción de nuevas promociones públicas, ya que las familias necesitan una respuesta inmediata. Por ello reclamó que el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma abran negociaciones con la Sareb, las entidades financieras y los grandes tenedores para incorporar viviendas vacías al parque de alquiler social mediante cesiones o acuerdos. «Las viviendas existen; lo que falta es voluntad política para ponerlas al servicio de quienes las necesitan», sostuvo.
El mediador recordó que solo la Sareb dispone de miles de inmuebles en la Región de Murcia y cuestionó que las administraciones no impulsen acuerdos para hacer habitables aquellos pisos que ya pueden utilizarse. «Si desde la PAH conseguimos negociar con entidades financieras para ayudar a determinadas familias, resulta incomprensible que las administraciones no puedan hacerlo a mayor escala», señaló.
Asimismo, criticó la falta de personal en el Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia, que, según denunció, ha ido perdiendo efectivos mientras aumenta el número de familias que solicitan una vivienda pública. A ello se suma, afirmó, el crecimiento de las compras de inmuebles por parte de grandes tenedores, una circunstancia que agrava todavía más las dificultades de acceso a la vivienda.
Mientras tanto, la familia de La Paz dispone únicamente de dos semanas para encontrar un techo antes del 10 de julio. La PAH continuará acompañándola durante este tiempo, al igual que ya está interviniendo en otros procedimientos de desahucio, como el de una familia de Beniaján con cinco hijos para la que intenta conseguir una nueva prórroga hasta que Servicios Sociales pueda ofrecer una solución habitacional prevista, en principio, para el próximo mes de septiembre.
