El movimiento por la vivienda trasladó este jueves por la tarde su protesta contra el rentismo a las puertas de la Asamblea Regional de Murcia, en Cartagena, donde centenares de personas se concentraron para exigir medidas contra la especulación inmobiliaria y denunciar un modelo que, según las organizaciones convocantes, antepone el beneficio económico al derecho a la vivienda. La movilización estuvo marcada por la exigencia de frenar los desahucios, intervenir el mercado del alquiler y ampliar el parque de vivienda pública.
Durante la concentración, el Sindicato de Vivienda de Murcia y la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Cartagena defendieron que la crisis habitacional no puede resolverse con medidas parciales ni con incentivos fiscales a los propietarios. Las organizaciones reclamaron cambios estructurales que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna y denunciaron que los precios del alquiler y la amenaza de perder el hogar mantienen a numerosas familias en una situación de incertidumbre.
«La vivienda no es un bien de mercado», reivindicaron durante la lectura del manifiesto, en el que insistieron en que debe ser un derecho básico y no un activo financiero destinado a acumular propiedades y rentas. La protesta se produjo después del rechazo parlamentario a las medidas para hacer frente a la emergencia habitacional, una situación que las organizaciones consideran insuficiente para responder a las necesidades de la población trabajadora.
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La muerte de Mari Carmen, presente en la movilización
La concentración estuvo atravesada por el recuerdo de Mari Carmen Abascal, fallecida el miércoles tras ser desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de la lucha contra los desahucios y la especulación inmobiliaria, y fue mencionado durante el manifiesto como ejemplo de una problemática que, según las organizaciones, afecta a muchas más personas.
«La vida siempre delante de la propiedad privada», defendieron las voces participantes, que reclamaron que ninguna familia tenga que quedarse en la calle sin una alternativa habitacional. La movilización incluyó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del rentismo y de la especulación inmobiliaria.
Las organizaciones denunciaron que la pérdida de una vivienda puede tener consecuencias devastadoras para quienes la sufren y rechazaron que la situación de Mari Carmen se presente como un caso aislado. El manifiesto vinculó su muerte con la necesidad de reforzar la organización colectiva en los barrios y los centros de trabajo para impedir que más familias pierdan sus hogares.
Expropiar a los especuladores y acabar con los desahucios
Frente a las políticas que consideran insuficientes, las organizaciones convocantes plantearon una batería de reivindicaciones que incluye la expropiación de viviendas acumuladas con fines especulativos, la prohibición de la especulación inmobiliaria y una planificación del parque residencial en función de las necesidades sociales, en lugar de la rentabilidad del mercado.
Entre sus principales demandas figuran los contratos de alquiler indefinidos, la estabilidad residencial y una bajada de los precios para frenar las subidas que se producen con las renovaciones contractuales. También reclamaron la expropiación de fondos y empresas especuladoras, el fin de los desahucios sin alternativa habitacional y el desarrollo de un parque de vivienda pública bajo gestión pública, popular y democrática.
Durante la lectura del manifiesto se citaron cifras de 4.000 desahucios en lo que va de 2026, equivalentes a 44 al día según la intervención. El dato se presentó para ilustrar la dimensión del problema, aunque no se precisó la fuente estadística ni el ámbito territorial al que correspondía.
«La especulación mata, el rentismo mata», denunciaron las personas participantes, que señalaron a los intereses inmobiliarios y a la falta de soluciones políticas como responsables de perpetuar una situación que golpea especialmente a quienes tienen menos recursos.
Llamamiento a organizar los barrios y preparar la huelga general
La movilización cerró con un llamamiento a fortalecer la organización desde los barrios, los centros de trabajo y los sindicatos de vivienda, con el objetivo de ampliar la capacidad de movilización y presionar para que sus reivindicaciones se conviertan en ley.
Las organizaciones convocantes defendieron la necesidad de unir las luchas laborales y por la vivienda y llamaron a preparar la huelga general anunciada para el 11 de noviembre. «Solo organizadas podemos acabar con el negocio de la vivienda», reivindicaron, en una convocatoria que sitúa la movilización sostenida como herramienta para hacer frente al rentismo.
La protesta de Cartagena se suma así a la oleada de movilizaciones que reclaman una transformación de las políticas de vivienda y cuestionan que el acceso a un hogar dependa de la capacidad económica de cada familia. Frente a los beneficios de los propietarios y los fondos de inversión, las organizaciones insistieron en situar las necesidades sociales y el derecho a una vivienda digna en el centro de las decisiones políticas.
