El Sindicato de Vivienda de Murcia y la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) han acusado públicamente a la Unión General de Trabajadores (UGT) de boicotear los piquetes informativos de la huelga general del pasado 11 de noviembre. Ambas organizaciones han difundido este miércoles un comunicado conjunto en redes sociales en el que denuncian que el sindicato no cumplió su compromiso de movilizar a más de 200 afiliados para participar en estas acciones durante la jornada de paro.
En una intervención conjunta, Juan González Gil, portavoz del Sindicato de Vivienda de Murcia, ha asegurado que UGT dejó «vendidos a cientos de estudiantes y trabajadores» que participaron en los piquetes. Según su relato, la organización sindical se había comprometido a aportar más de dos centenas de afiliados, pero finalmente «no se presentó ni uno solo de ellos».
La denuncia también apunta a las consecuencias que, a juicio de ambas organizaciones, tuvo esta ausencia sobre el desarrollo de las movilizaciones. Alejandro Martínez, portavoz de la CJS, sostiene que no se trató de un simple error organizativo, sino de «un ataque directo al grado de combatividad de la huelga», que habría incrementado el riesgo de intervenciones policiales y sanciones para quienes permanecieron en los piquetes.
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«Aumentó el riesgo de represión policial y las sanciones que sufrimos los que estuvimos ahí dando la cara», ha afirmado Martínez, que acusa a las direcciones sindicales de haber contribuido a rebajar la capacidad de presión de una convocatoria que pretendía trasladar el conflicto de la vivienda y los salarios a los centros de trabajo y a las calles.
Las declaraciones de Pepe Álvarez, en el centro de las críticas
Las dos organizaciones también han cuestionado la posición pública de la dirección estatal de UGT respecto a la huelga y su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, González Gil ha recuperado unas declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en las que justificaba la ausencia de anteriores huelgas generales contra el Ejecutivo por los acuerdos alcanzados durante la legislatura.
«¿A alguien se le ocurre pensar que un gobierno con el que llegamos a un acuerdo de pensiones, que os he estado explicando antes, le vamos a hacer una huelga general?», manifestó Álvarez en una intervención pública.
Los portavoces consideran que estas declaraciones reflejan una orientación sindical que, en su opinión, subordinó la movilización a los intereses del Ejecutivo. Martínez ha denunciado, además, que cuadros sindicales y afiliados terminaron dando la espalda a quienes participaron en los piquetes, mientras que posteriormente UGT reivindicaba públicamente el seguimiento de la jornada de huelga.
«Han tenido el descaro de darse golpes en el pecho con el seguimiento de la huelga y ponerse la medallita», ha criticado el portavoz de la CJS.
Una huelga con más de 700.000 trabajadores llamados a participar en la Región de Murcia
La controversia se produce después de una jornada de movilización que situó la vivienda en el centro del conflicto social y laboral. La huelga general del 11N, de 24 horas, reclamaba medidas frente a la escalada de los alquileres, mejoras salariales, el control de los precios y el fortalecimiento de los servicios públicos.
En la Región de Murcia, más de 700.000 personas trabajadoras estaban llamadas a secundar el paro. La convocatoria contó con el respaldo de UGT, CCOO, Intersindical, CGT, el Sindicato de Vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), No+Precariedad y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), entre otras organizaciones.
De hecho, UGT y CCOO habían registrado conjuntamente la convocatoria estatal junto a otras organizaciones sindicales, entre ellas CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La participación de UGT en la convocatoria general contrasta con la denuncia concreta que ahora trasladan el Sindicato de Vivienda y la CJS sobre su supuesta ausencia en los piquetes.
Durante la jornada, la Secretaria General de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, cifró en un 50% el seguimiento medio de la huelga en la Región, aunque reconoció importantes diferencias entre sectores. Por la tarde, las movilizaciones recorrieron Murcia, Cartagena y otros municipios, con reivindicaciones centradas en el acceso a la vivienda, los salarios y los servicios públicos.
El conflicto se desarrolla, además, en una comunidad donde las dificultades para acceder a una vivienda continúan agravándose. Según el Barómetro del Alquiler del tercer trimestre de 2026, recogido por el Observatorio del Alquiler, la renta media alcanzó los 801 euros mensuales en la Región de Murcia. El dato supone superar por primera vez la barrera de los 800 euros y refleja una subida del 1,54% respecto al trimestre anterior. Cada vivienda anunciada recibía una media de 45 interesados en apenas diez días.
«Nos han encontrado enfrente»
El Sindicato de Vivienda de Murcia y la CJS han cerrado su intervención advirtiendo de que no olvidarán lo sucedido durante la huelga y que continuarán organizándose al margen de las direcciones sindicales a las que responsabilizan de haber debilitado la movilización.
«Los sindicatos de vivienda y organizaciones de clase no vamos a olvidar esta traición. Tenemos muy claro el papel que ha tenido UGT en esta huelga», ha manifestado Martínez.
El portavoz de la CJS ha acusado también a la organización sindical de contribuir a una campaña de respaldo al PSOE, al que tacha de «rentista» y responsabiliza de no haber dado respuesta a la crisis habitacional.
Frente a esa orientación, ambas organizaciones reivindican la continuidad de la movilización y sitúan sus objetivos en la defensa de una vivienda desvinculada de la especulación y garantizada como un derecho universal. «Nos han encontrado enfrente, luchando por lo que es nuestro: un derecho a la vivienda gratuita, universal y de calidad», ha concluido Martínez.















