La gestión de los devastadores incendios que asolan la Comunidad de Madrid continúa envuelta en la polémica. Los bomberos forestales públicos han denunciado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no los activó para intervenir en la emergencia, obligándolos a desplazarse por iniciativa propia y con sus propios vehículos para colaborar en las labores de extinción, mientras el fuego seguía avanzando por varios municipios.
La denuncia llega apenas unas horas después de que el Ejecutivo del PP madrileño colocara a estos profesionales en el centro de la controversia. En su comparecencia pública, Ayuso responsabilizó a los bomberos forestales del conflicto existente con el operativo en plena emergencia, al tiempo que sus primeros agradecimientos fueron dirigidos al rey Felipe VI, de quien destacó que «ha estado llamando a los alcaldes de los municipios más afectados», antes de reconocer el trabajo de quienes llevan días combatiendo las llamas sobre el terreno.
Las declaraciones han generado una fuerte indignación entre los profesionales, que sostienen que, lejos de recibir respaldo institucional, han sido utilizados como chivo expiatorio en uno de los momentos más críticos que ha vivido la región.
Canal oficial
Diario La Protesta — Telegram
Noticias al instante, sin censura ni algoritmos.
«La indignación no nos frena; nos mueve. A pesar de la huelga y del ninguneo de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso y Carlos Novillo, los bomberos forestales no nos quedamos de brazos cruzados. Como no nos activan, acudimos por voluntad propia a los parques a colaborar en los incendios. Nuestra prioridad siempre será defender el monte y proteger a la gente», afirmaron los trabajadores.
En otro comunicado difundido este 24 de julio, los bomberos forestales explican que, ante la falta de activación por parte del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y de la Dirección General de Emergencias, decidieron desplazarse desde las instalaciones de la Dirección General con sus propios medios para incorporarse al dispositivo de extinción.
Los trabajadores recuerdan que fue la declaración del nivel 3 de emergencia, asumida por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno tras solicitarlo la propia Comunidad de Madrid, la que permitió movilizar recursos estatales para hacer frente a una situación completamente desbordada. En ese contexto, agradecen expresamente al Gobierno central haber solicitado la activación de todos los efectivos del Cuerpo de Bomberos, incluidos los bomberos forestales.
La polémica se produce en un contexto especialmente delicado. La Comunidad de Madrid afronta el peor episodio de incendios de su historia reciente, con más de 12.000 hectáreas calcinadas, decenas de miles de personas evacuadas o confinadas y un operativo reforzado con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y numerosos medios estatales.
A ello se suma otro dato que ha alimentado las críticas a la gestión del Ejecutivo madrileño. Meses antes del inicio de la campaña de incendios trascendió que la Comunidad de Madrid dejó sin ejecutar el 36 % de las labores de prevención forestal previstas, con más de 2.300 hectáreas que no llegaron a acondicionarse. Sindicatos y representantes de los bomberos forestales llevaban tiempo advirtiendo de la insuficiencia de medios, de los problemas de planificación y del deterioro de las condiciones laborales del servicio.
La decisión de los bomberos forestales de acudir voluntariamente a combatir las llamas, incluso en un contexto de huelga y sin haber sido movilizados oficialmente por la administración autonómica, ha intensificado el debate sobre la gestión política de la emergencia. Mientras el Gobierno regional dirige parte de su discurso hacia los propios trabajadores del operativo, los profesionales reivindican que su único objetivo ha sido proteger a la población y preservar el patrimonio natural, aunque ello haya supuesto intervenir por iniciativa propia ante una situación límite.
La controversia vuelve a situar en el centro del debate la política de prevención de incendios del Partido Popular, la falta de inversión en los servicios públicos de emergencias y la gestión de una crisis que ya ha marcado un antes y un después en la historia de la Comunidad de Madrid.
