El próximo domingo 6 de septiembre, a las 12:00 horas, la Avenida Alfonso X El Sabio de Murcia capital será el epicentro regional de una movilización ciudadana, independiente y apartidista que se replicará de forma simultánea en 38 ciudades de todo el Estado español. Bajo el lema unificado «Ayuntamientos, cumplid la ley», la manifestación exige que las corporaciones locales dejen de derivar ilegalmente una competencia pública obligatoria sobre la salud física, el agotamiento emocional y los recursos económicos del voluntariado.
Nueve años de excusas: La Ley Regional 6/2017 desmonta el argumento del «no hay dinero»
Entre la multitud de organizaciones que llaman a la movilización, ANIMUR señala que se desmonta categóricamente el pretexto municipal de que «no ha habido tiempo para adaptarse» o que la culpa es del marco estatal. En la Región de Murcia, las obligaciones de los consistorios sobre las colonias felinas no empezaron con la Ley estatal 7/2023. La Comunidad Autónoma cuenta con la Ley regional 6/2017, de 8 de noviembre, cuyo artículo 25 adjudicó expresamente a los 45 ayuntamientos la obligación de censar, controlar sanitariamente, esterilizar, identificar con microchip y devolver a los gatos a sus colonias.
«Llevamos nueve años con una ley regional vigente que los ayuntamientos han ignorado de forma sistemática. Cada año que las administraciones pasan sin presupuestar las castraciones necesarias, la población felina crece, el sufrimiento se multiplica y el coste futuro para las propias arcas públicas aumenta. No es un problema de falta de dinero, sino de falta absoluta de voluntad política y planificación.»
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Externalización ilegal del servicio: El voluntariado paga más del 80% de las castraciones
ANIMUR denuncia que los ayuntamientos han convertido la buena voluntad ciudadana en un «servicio público gratuito e ilimitado». En la práctica diaria, son las gestoras y alimentadoras quienes detectan las colonias, compran comida, compran o consiguen jaulas, realizan los traslados, velan por el posoperatorio, median en conflictos vecinales y buscan adopciones o acogidas.
- Privatización de costes: Estimaciones operativas de ANIMUR confirman que más del 80% de las castraciones que se ejecutan en la Región son gestionadas y abonadas directamente por voluntarias y asociaciones.
- Desamparo veterinario: Salvo excepciones puntuales, la atención de animales enfermos, heridos, atropellados, las pruebas sanitarias, la medicación y las urgencias nocturnas son pagadas íntegramente con el dinero de las cuidadoras o mediante colectas privadas.
- Sustitución de la Administración: ANIMUR recuerda que la ley contempla la colaboración ciudadana, pero «colaborar no es sustituir a la Administración». El coste de una competencia pública no puede desplazarse sistemáticamente a bolsillos particulares.
El colapso del Método CER: Castraciones nulas o de cara a la galería
El principal incumplimiento técnico en los municipios murcianos es la realización de castraciones nulas, esporádicas o con largas interrupciones. Cuando un ayuntamiento aprueba una partida puntual de pocos miles de euros o realiza una campaña aislada, el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) fracasa estrepitosamente.
Al no alcanzarse la tasa de esterilización masiva sobre la población real de una colonia, los nacimientos superan a las castraciones, las enfermedades se transmiten y el trabajo de las gestoras se convierte en una labor de Sísifo sin control poblacional posible.
Carnés y formación: Avances formales que no resuelven el problema real
ANIMUR reconoce el paso dado en municipios como Molina de Segura, Alhama de Murcia, Abarán, Alcantarilla, Ceutí, La Unión, Mazarrón o Murcia (incluida Sangonera), donde se han impartido formaciones para cuidadoras y se han emitido acreditaciones o carnés oficiales. No obstante, la entidad aclara de forma tajante, «Entregar carnés o aprobar protocolos ayuda a dignificar y visibilizar una labor histórica, pero no equivale a cumplir la ley. Si el ayuntamiento no pone el dinero suficiente y continuado para esterilizar al ritmo que exige la población felina real, los carnés quedan reducidos a simples parches burocráticos de cara a la galería sin capacidad real de controlar las colonias.»
Un problema institucional transversal e independiente del signo político
La movilización del 6 de septiembre remarca su carácter estrictamente apartidista. La experiencia en la Región demuestra que el incumplimiento no depende de colores políticos:
- La Ley regional 6/2017 fue promovida y aprobada bajo un Gobierno autonómico del Partido Popular.
- La Ley estatal 7/2023 se aprobó bajo un Gobierno Central de coalición liderado por el PSOE.
- Ambas normas comparten los pilares fundamentales: censo, esterilización, control sanitario, identificación municipal y responsabilidad pública de los ayuntamientos.
La falta de aplicación afecta por igual a municipios gobernados por el PP, Vox, PSOE, o formaciones independientes. El factor determinante no son las siglas, sino la presencia o ausencia de voluntad política, partidas presupuestarias estables y personal técnico responsable en el municipio.
Consecuencias humanas y animales del abandono institucional
La inacción de los consistorios provoca dos dramas paralelos en los barrios y pedanías murcianas:
- En los animales: Proliferación incontrolada de camadas, aumento del sufrimiento por enfermedades no tratadas, atropellos, desprotección ante obras o desahucios, y riesgo constante de envenenamientos o violencia urbana.
- En las personas voluntarias: Agotamiento físico extremo, bancarrota económica, episodios graves de ansiedad ante urgencias que no pueden financiar y situaciones de acoso o conflicto vecinal directo sin el respaldo de la autoridad pública.
Hacia el 7 de septiembre: La «Radiografía Regional» de ANIMUR y las 3 medidas irrenunciables
La manifestación del 6 de septiembre no concluirá con la lectura del manifiesto. Ante la ausencia de un diagnóstico regional público y transparente por parte de la Comunidad Autónoma, ANIMUR anuncia el lanzamiento de una Radiografía Regional con criterios homogéneos. Este estudio evaluará municipio a municipio el cumplimiento sustantivo de la ley (censos, partidas ejecutadas, microchips a nombre municipal, contratos veterinarios y denuncias).
Asimismo, ANIMUR exige a los 45 ayuntamientos de la Región la adopción inmediata de tres medidas de urgencia:
- 1. Programa, responsable y presupuesto estable: Aprobación formal de planes de gestión de colonias con asignación presupuestaria anual suficiente y la designación de un responsable técnico municipal dedicado.
- 2. Censo y Plan CER sanitario integral: Mapeo real de colonias, esterilización masiva continuada, identificación con microchip a nombre del ayuntamiento y cobertura veterinaria asegurada para animales enfermos o heridos.
- 3. Red pública de colaboración y protocolos vinculantes: Protección jurídica del voluntariado y protocolos obligatorios ante obras urbanísticas, emergencias, desahucios y mediación de conflictos vecinales.
 advierte que entregar carnés o dar cursos no es cumplir la ley si no hay presupuesto continuo para castraciones masivas, censo oficial y atención veterinaria de urgencia.){kind=link}