La extrema derecha volvió este miércoles a utilizar la tribuna de la Asamblea Regional de Murcia para lanzar una ofensiva ideológica contra los derechos del colectivo LGTBI. El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto aprovechó el debate de una moción destinada a proteger al alumnado trans frente al acoso escolar para cargar contra lo que definió como una supuesta “factoría comunista” empeñada en destruir “la fe, la patria, la familia, la propiedad privada y la libertad individual”.
La iniciativa, presentada por IU-Podemos, reclamaba algo tan concreto como la elaboración de un protocolo específico de atención al alumnado trans y de prevención del acoso transfóbico en los centros educativos de la Región. Sin embargo, el parlamentario ultra transformó el debate en un alegato contra décadas de avances en derechos civiles y diversidad sexual.
Desde la tribuna, tras sacar a pasear la falsedad histórica de los 100.000.000 de muertos, Martínez Nieto sostuvo que el comunismo, tras la caída del Muro de Berlín, “reinventó la lucha de clases como lucha de razas, sexos, creencias e identidades” y señaló a la llamada “ideología de género” como “el producto más refinado y cruel” de esa estrategia. Su intervención alcanzó uno de sus momentos más controvertidos cuando aseguró que el principal éxito de ese supuesto proyecto político había sido “sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos”.
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La frase, pronunciada en sede parlamentaria, supone equiparar implícitamente las identidades y orientaciones sexuales protegidas por la legislación vigente con antiguas categorías patologizantes que durante décadas sirvieron para justificar la discriminación, la persecución y la exclusión social del colectivo LGTBI.
Lejos de centrarse en la protección de menores frente al acoso, Vox volvió a situar a las personas trans en el centro de una batalla cultural que la formación lleva años impulsando en las instituciones. Martínez Nieto llegó a calificar la denominada ideología de género como un “virus mortal y malicioso” y reclamó abiertamente la derogación de las leyes LGTBI y trans.
“Vox es la coraza inexpugnable que no permitirá que se profane la inocencia de nuestros jóvenes y nuestros niños”, afirmó el diputado, quien defendió que los protocolos educativos impulsados por las leyes de igualdad deben ser “desterrados” y “echados de un puntapié” del sistema educativo.
La moción debatida partía de una reivindicación respaldada por colectivos LGTBI y organizaciones educativas: la creación de herramientas específicas para detectar, prevenir y abordar situaciones de discriminación hacia estudiantes trans en los centros escolares. La propuesta se apoyaba además en la legislación estatal vigente, que obliga a las administraciones públicas a desarrollar mecanismos de protección frente a este tipo de violencia.
Sin aportar datos oficiales que sustentaran sus afirmaciones, el parlamentario aseguró que entre los más de mil expedientes de acoso escolar que se tramitan anualmente en la Región de Murcia no existe ningún caso de acoso transfóbico. A partir de esa premisa concluyó que no existe necesidad alguna de desarrollar un protocolo específico.
La tesis de Vox va más allá de cuestionar una medida educativa concreta. El discurso desplegado por Martínez Nieto dibuja un marco ideológico en el que la memoria democrática, las políticas climáticas, los derechos de las mujeres, la inmigración o la diversidad sexual aparecen integrados en una misma conspiración cultural atribuida al comunismo. Una narrativa cada vez más frecuente en la extrema derecha europea y que sitúa cualquier avance en derechos sociales como una amenaza existencial contra los valores tradicionales.
Finalmente, la propuesta fue rechazada por los votos conjuntos de Partido Popular y Vox, dejando sin respaldo parlamentario una iniciativa destinada a reforzar la protección de menores trans en los centros educativos murcianos.
La sesión parlamentaria terminó así convertida en algo más que un debate sobre convivencia escolar. Lo que estaba en juego era la concepción misma de los derechos humanos: si deben servir para ampliar la protección de quienes históricamente han sufrido discriminación o si, como defendió el diputado de Vox, forman parte de una supuesta amenaza ideológica que debe ser combatida desde las instituciones.
IU-Podemos acusa a PP y Vox de dejar desprotegido al alumnado trans al bloquear el protocolo contra la transfobia en las aulas
La moción defendida por IU-Podemos buscaba que la Consejería de Educación cumpliera con una obligación recogida en la Ley Trans estatal de 2023: la elaboración e implantación de un protocolo específico para atender al alumnado trans y prevenir el acoso transfóbico en los centros educativos. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por los votos de PP y Vox, una decisión que, según la coalición de izquierdas, perpetúa la desprotección de cientos de estudiantes y mantiene a la Región de Murcia al margen de los mecanismos de garantía de derechos ya contemplados en la legislación estatal.
La portavoz de la coalición de izquierdas en la Asamblea Regional, María Marín, reprochó al Gobierno de Fernando López Miras que lleve años ignorando las demandas planteadas por colectivos LGTBIQA+ y organizaciones educativas. Durante su intervención, la diputada trasladó al hemiciclo testimonios de personas trans que sufrieron discriminación, aislamiento y violencia durante su etapa escolar, poniendo rostro a una realidad que habitualmente permanece invisibilizada en el debate político. «Reconocer sus derechos no le quita derechos a nadie, pero a ellos les cambia la vida», defendió desde la tribuna.
Frente al discurso ideológico desplegado por Vox, la coalición de izquierdas sostuvo que la discusión no giraba en torno a teorías o identidades, sino sobre la obligación de las instituciones de garantizar entornos seguros para todos los menores. Marín recordó que diferentes estudios y organizaciones especializadas alertan de que las personas trans y LGTBI continúan siendo uno de los colectivos más expuestos al acoso, la exclusión y la violencia en el ámbito educativo.
Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos denunció que la ausencia de este protocolo genera inseguridad en los centros educativos y deja sin herramientas claras a docentes y equipos directivos para actuar ante situaciones de discriminación. Además, advirtió de que el rechazo de la iniciativa resulta especialmente grave en un contexto de aumento de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. «Mientras la extrema derecha habla de ideología, hay jóvenes que siguen sufriendo acoso y exclusión por ser quienes son», resumieron fuentes de la coalición tras la votación.
