
Las dos concejalas de Vox del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas investigadas por un presunto delito de prevaricación declararán este jueves, 16 de julio, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Molina de Segura. La primera comparecencia está prevista para las 9:15 horas, mientras que la segunda tendrá lugar a las 9:30 horas.
Las investigadas son Isabel María Zapata, ex primera teniente de alcalde y ex concejala de Hacienda, quien presentó su dimisión tras ser citada judicialmente como investigada, y Amelia Pérez Baño, ex responsable de Festejos.
La causa judicial tiene su origen en una denuncia presentada por el PSOE de Las Torres de Cotillas, en la que se señalaban presuntas irregularidades en la contratación de las fiestas patronales de 2023. Tras analizar la documentación aportada, el juzgado apreció indicios suficientes para abrir diligencias al considerar que existen elementos que permiten presumir la posible existencia de un delito.
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La investigación se centra en la adjudicación de contratos relacionados con la organización de las fiestas, cuyo coste total rondó los 700.000 euros. Según la denuncia, alrededor de 300.000 euros corresponderían a contratos que presuntamente se tramitaron de forma irregular, recurriendo al fraccionamiento de adjudicaciones para eludir los procedimientos de contratación pública previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Entre los hechos investigados figura la supuesta adjudicación de once contratos menores por un importe superior a 150.000 euros a un mismo proveedor, así como el uso presuntamente indebido de contratos de exclusividad para servicios que, según la denuncia, no reunirían los requisitos legales para ser adjudicados mediante ese procedimiento.
La investigación judicial deberá determinar ahora si las actuaciones de las dos exresponsables municipales constituyeron una vulneración de la normativa de contratación pública y si pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación administrativa.
La comparecencia de ambas investigadas supone un nuevo paso en una causa que mantiene bajo el foco la gestión de los contratos de las fiestas patronales de Las Torres de Cotillas y que podría esclarecer si existieron responsabilidades penales en la adjudicación de fondos públicos.















