Ayer martes, además de la victoria de España y de su pase a la final del Mundial de fútbol, también fue un gran día para las personas dependientes de Lorca, de la Región de Murcia y del conjunto del Estado, tras la aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. La nueva norma incorpora y blinda la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del sistema. Así ha iniciado hoy Pedro Sosa su rueda de prensa, en la que ha presentado una de las mociones que defenderá en el próximo Pleno municipal. Según el portavoz de IU, la calidad de una sociedad y de una democracia también se mide por la forma en que trata a quienes más lo necesitan, especialmente a las personas mayores y dependientes.
Sosa ha recordado que pocos colectivos son tan vulnerables como el de las personas mayores y ha denunciado que, pese a ello, algunos de los mayores recortes sufridos por el Estado del bienestar en las últimas décadas han recaído precisamente sobre este sector: la insuficiente financiación de la dependencia, el copago farmacéutico o la reducción de los servicios de ayuda a domicilio y de otras prestaciones sociales. A su juicio, esta situación contraviene el artículo 50 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a garantizar la suficiencia económica de las personas mayores y a promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus necesidades específicas de salud, vivienda, cultura y ocio.
Por ello, el edil de Izquierda Unida ha valorado muy positivamente la reforma impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, al considerar que supone una profunda transformación del modelo de cuidados en España, ampliando derechos, servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y para las personas con discapacidad.
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Entre los aspectos más destacados de la reforma, Sosa ha señalado el cambio de modelo, que deja de basarse en las macrorresidencias y en un enfoque meramente asistencial para priorizar apoyos personalizados. Asimismo, ha destacado la ampliación del catálogo de servicios y prestaciones, la agilización de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de la dependencia, la eliminación del régimen de incompatibilidades entre prestaciones y la ampliación del concepto de persona cuidadora, permitiendo que puedan ejercer estos cuidados personas que no mantengan un vínculo familiar directo. Además, los plazos máximos para reconocer las prestaciones se reducen de seis a tres meses.
El portavoz de IU también ha destacado que la reforma no contaba inicialmente con el respaldo del Partido Popular, aunque finalmente apoyó su convalidación en el Congreso. En este sentido, ha mostrado su satisfacción por ese cambio de posición y ha expresado su deseo de que se traduzca también en el Ayuntamiento de Lorca. Respecto a Vox, ha asegurado que no esperan ningún cambio, recordando que la formación volvió a votar en contra de una mayor implicación del Estado en la atención a las personas dependientes y augurando que mantendrá esa misma postura en el Pleno municipal.
La moción presentada por IU se apoya, además, en dos informes recientes. El primero corresponde al Imserso, que vuelve a situar a la Región de Murcia como la comunidad autónoma con mayor tiempo de espera para resolver las solicitudes de dependencia y conceder las prestaciones correspondientes: 551 días. Sosa ha recordado que la Asamblea Regional aprobó, con el voto en contra del PP, una iniciativa para instar al Gobierno regional a poner en marcha un plan de choque que redujera ese plazo hasta los 180 días que establece la legislación administrativa. Entonces, ha recordado, el Ejecutivo regional argumentó que no podía hacerlo sin que el Estado financiara el 50% del sistema. «Ahora ya disponen de esa financiación y no tienen ninguna excusa», ha sentenciado.
Asimismo, el edil ha citado el último informe de la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, publicado la pasada semana, que sitúa a la Región de Murcia a la cabeza de España en personas dependientes desatendidas. Según esos datos, el 18,6% de las personas dependientes murcianas continúa esperando una valoración o una prestación, frente al 10,3% de media nacional. Además, Murcia registra el mayor tiempo de espera del país, con 551 días frente a una media estatal de 314.
Sosa sostiene que la mayor implicación financiera del Estado en una competencia autonómica debe marcar un punto de inflexión para el Gobierno regional y también para el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Lorca. En este contexto, ha afirmado que ya no existen excusas para abordar las medidas que Izquierda Unida defenderá en el próximo Pleno, además de las contempladas en la nueva legislación.
La primera de ellas pasa por devolver a las personas residentes en centros de mayores las pagas extraordinarias que, según denuncia IU desde hace años, el Gobierno regional les retira mediante el actual sistema de precios públicos. La formación volverá a denunciar el «agravio comparativo» que sufren las personas mayores de la Región de Murcia respecto a las del resto de comunidades autónomas. Mientras que en la mayoría del país los residentes conservan sus pagas extraordinarias, en Murcia deben afrontar catorce mensualidades por su plaza residencial, ya que en junio y diciembre abonan el doble que el resto del año. Para Sosa, esta situación vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 139.1 de la Constitución. Además, recuerda que en la mayoría de comunidades autónomas la aportación de la persona beneficiaria al coste del servicio se limita al 75% de sus ingresos líquidos anuales, excluyendo las pagas extraordinarias.
Por último, Izquierda Unida reclamará una revisión urgente de las plazas públicas y concertadas de residencia disponibles en Lorca. Según ha explicado Sosa, el municipio se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales, que recomiendan cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Con datos de 2025, Lorca cuenta con 15.148 habitantes mayores de esa edad, lo que supondría la necesidad de disponer de 757 plazas. Sin embargo, actualmente existen poco más de 350 entre plazas públicas y concertadas, menos de la mitad de las necesarias.
